El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó la creación de un nuevo “territorio para el desarrollo de la fachada atlántica” en una zona que está en disputa ante tribunales internacionales con la vecina Guyana y que posee grandes reservas de minerales, gasíferas y petroleras. Además, su pérdida dejaría a la vecina Guyana sin el 75% de su territorio.

El gobernante chavista, en una alocución exigió al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, “interceder para que se reanime el diálogo entre Venezuela y Guyana”. Guterres ya envió el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero Venezuela rechaza ese tribunal, que es si embargo el que tiene jurisdicción en este tipo de disputas. Maduro decretó que esa región en disputa es “nuevo territorio de Venezuela”, escalando el conflicto, que hasta ahora se movía estrictamente en el plano jurídico y diplomático.

  “Usted tiene la capacidad para reanimar el diálogo, como camino para evitar decisiones ajenas a la legalidad internacional, que pueden poner en grave riesgo la paz y la seguridad de la región”, dice el texto leído por Maduro, una carta enviada a Guterres. En palabras de Maduro, la creación del “territorio de la fachada atlántica” venezolana, supondrá la “unión nacional”, pero es de facto una alteración del status quo con el país vecino. La invación de la "unidad nacional" parece evidenciar que Maduro busca reavivar el diferendo con Guyana para incentivar el sentimiento nacionalista en medio de la profunda crisis social que vive Venezuela bajo su régimen.

a “Guayana Esequiba”, llamada así por Venezuela, es un territorio de 159.542 kilómetros cuadrados ubicados al oeste del río Esequibo, en Guyana, y posee importantes recursos petroleros, mineros, hidráulicos, forestales y de gas. Representa el 75% del territorio total de la vecina Guyana, ex colonia británica.

El gobierno de Maduro repitió que “no aceptará que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se inmiscuya” en la pelea territorial, pese a que el alto tribunal de la ONU dijera que tiene competencias para juzgar el caso, que se remonta a un laudo arbitral de 1899, que estableció la frontera entre los dos países. Maduro expresa que Venezuela “nunca ha prestado su consentimiento para que la Corte conozca sobre la controversia y mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana”. Pero la CIJ es un tribunal con status reconocido por la ONU y la comunidad internacional, así que le resultará difícil a Venezuela rechazar su jurisdicción.

Y ahora Maduro llama a actuar a Guterres, pero a la vez desconoce al tribunal internacional de la ONU al que el secretario general de este organismo asignó el caso. En el decreto firmado por Maduro se expresa que la administración de este nuevo “territorio para el desarrollo de la fachada atlántica” tendrá como “única autoridad” la que designe el presidente de Venezuela. De modo que se apodera de facto de esos casi 160 mil km cuadrados en disputa desde hace décadas.

 Tras el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 entre Venezuela y Reino Unido en el que se declaró el territorio “en disputa” y se le concedió al secretario general de la ONU la facultad para encontrar un camino legal y pacífico, pero pasaron años y la controversia no se selló. La decisión de Venezuela de recurrir al Reino Unido fue por considerar que los jueces del CIJ fueron "parciales" y que el proceso estuvo "viciado".

El caso se reactivó en 2017, cuando Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, dio un plazo de un año a las dos naciones para llegar a un acuerdo. Su sucesor, António Guterres, decidió enviar el caso a la CIJ, tribunal competente para la ONU pese al rechazo unilateral de Venezuela. Pero el Gobierno de Maduro no aprobó el traslado del caso. En la carta a Guterres, Maduro dice que “ahora más que nunca es necesario contar con sus buenos oficios, en el sentido más amplio posible, para reiniciar, con la urgencia que esta controversia amerita, conversaciones directas entre Guyana y Venezuela con el objetivo de avanzar hacia el entendimiento pacífico y beneficioso a ambas partes”.

Pero más allá de esta retórica de buenas intenciones, Maduro decreta que el territorio en disputa será gobernador por un delegado del primer mandatario. Asimismo, Maduro envió una carta a la Corte para rechazar la fecha que ha sido fijada para una audiencia, el 25 de enero. A su juicio, por ser tan próxima no le da posibilidad a Venezuela de preparar sus argumentos. Para Maduro, la CIJ “ha actuado de una manera extrañamente irregular”. El mandatario chavista no dejó de acusar a Estados Unidos por este caso, aunque no aportó prueba o indicio alguno. Con Venezuela sumergida en la peor crisis económica y social de su historia, muchos sospechan que el régimen chavista agitará el añejo caso para avivar el sentimiento nacionalista.