Nicolás Maduro tomará posesión hoy para un segundo mandato como presidente de Venezuela, a pesar de que la mayoría de sus vecinos regionales, incluido Estados Unidos, avisaron de que emprenderán una ofensiva diplomática contra el cúpula «chavista» para forzar la celebración de unas elecciones democráticas. Hoy 10 de enero es el día fijado en la Constitución venezolana para dar comienzo al período presidencial. Normalmente, el ascenso al Palacio de Miraflores se escenifica con una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional (Parlamento, de mayoría opositora) ante una nutrida representación internacional. Esta vez, será muy distinto. El quid de la cuestión son las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Según resultados oficiales, Maduro ganó con un 67 por ciento —más de seis millones de votos—, el peor dato del gobernante PSUV desde la llegada al poder de Hugo Chávez, hace ahora dos décadas, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral en Venezuela.
Maduro concurrió prácticamente en solitario. Solo rivalizó con Henri Falcón, que fue «chavista» y opositor por épocas, y con el pastor evangélico Javier Bertucci, con un 20 y un 10 por ciento de los votos, respectivamente. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición disidente, no llevó candidato porque sus principales partidos y líderes fueron inhabilitados o estaban encarcelados. La falta de una verdadera competencia electoral hizo que gran parte de la comunidad internacional —el Grupo de Lima, Estados Unidos o la Unión Europea— no reconociera estos comicios que el gobierno, en cambio, defiende como el punto de partida para resolver la crisis política que Venezuela arrastra desde la muerte de Chávez, hace casi cinco años.
La Asamblea Nacional, en manos de la oposición desde su imponente victoria en las elecciones parlamentarias de 2015, se negó a acoger la toma de posesión de Maduro —que tendrá lugar en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)—, debido a la crisis institucional que estalló tras los comicios de dicho año.
La oposición consiguió una «súper mayoría» que le permitía renovar instituciones clave e interpelar al presidente y a los ministros. La MUD perdió tres diputados por supuestas irregularidades en su elección, pero finalmente decidió incorporarlos al hemiciclo ante la tardanza de las autoridades electorales en resolver el caso. Desde entonces, la Asamblea Nacional está en "desacato" por orden del TSJ, al que a su vez el Parlamento considera ilegítimo porque sigue integrado por los magistrados «chavistas» que los diputados venezolanos sustituyeron por otros haciendo uso, precisamente, de sus nuevos poderes.
Maduro convocó elecciones a una Asamblea Constituyente en 2017, según argumentó, para recuperar la normalidad en la vida política venezolana, si bien la oposición —respaldada por la comunidad internacional— optó por no participar por considerar que el proceso era un fraude. El resultado fue una Asamblea Constituyente netamente «chavista» que, aunque debía situarse en la cúspide del Estado para elaborar una nueva Carta Magna, funciona como un Parlamento paralelo que da libre albedrío a Maduro y al TSJ oficialista, mientras la Asamblea Nacional permanece anulada y los magistrados designados por ella están en el exilio.
Boicot internacional
Además, no habrá mucha presencia de mandatarios extranjeros. De momento, en el ámbito regional, solo confirmaron asistencia los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Cuba, Miguel Díaz-Canel; Bolivia, Evo Morales; y El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, el eje bolivariano, que se desintegró por el cambio de signo político de América latina.
Trece de los catorce países que forman el Grupo de Lima, creado «ex profeso» para buscar una solución a la crisis en Venezuela, ya anunciaron que no asistirán. Se trata de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. México, el otro integrante del Grupo de Lima, enviará al encargado de negocios de su embajada en Caracas, marcando distancias, aunque sin romper lazos, con Maduro, que sí fue a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 1º de diciembre en Ciudad de México, donde fue recibido a gritos de "dictador". EEUU y Canadá, alineados con el Grupo de Lima, tampoco estarán, mientras que la UE aún no decidió. Bruselas anunció en un primer momento que, si la toma de posesión era en la Asamblea Constituyente, no enviaría a nadie, pero dado que la ceremonia cambió de escenario, al TSJ, el bloque comunitario y sus Estados miembro "siguen en consultas", según fuentes europeas.
A pesar del sólido frente que se fraguó en su contra, Maduro está dispuesto a iniciar un segundo mandato hoy. "El pueblo decidió y nosotros vamos a cumplir la decisión del pueblo", dijo recientemente. "La legitimidad nos la dio el pueblo con su voto", confirmó en Twitter. Además dio un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima, a quien llamó "cártel" para que renuncie a su política "injerencista", advirtiendo de que, una vez transcurrido el plazo, adoptará medidas, aunque no especificó cuáles. También anunció un paquete de medidas económicas destinado a frenar una hiperinflación que considera "inducida" y que el Parlamento cifró en mas de un millón y medio por ciento en 2018.
El Grupo de Lima advirtió que, si Maduro insiste en tomar posesión, emprenderá una serie de acciones diplomáticas que incluyen medidas punitivas contra la cúpula dirigente y su red empresarial y financiera. EEUU amplió esta misma semana su «lista negra» de sanciones contra el gobierno de Venezuela. México fue el único miembro que no firmó la última declaración del Grupo de Lima. "Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos", justificó López Obrador. El órdago lo lanzó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces más críticas con Maduro, que pidió activar la Carta Democrática contra Venezuela, lo cual podría derivar en la suspensión del país como Estado miembro.
Una olla a presión
En este contexto, la oposición y sus aliados internacionales propusieron a Maduro que ceda el poder a un gobierno de transición que guíe al país hacia unas elecciones "creíbles". Con ello, aspiran no solo a resolver la crisis política, sino a aliviar la situación humanitaria de los venezolanos. Más de tres millones de venezolanos huyeron en los últimos años por una escasez económica que vació de comida los supermercados y de medicamentos los hospitales y por una inseguridad que hizo de Venezuela el país más peligroso del mundo en 2018, con 23.047 muertes violentas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia.
La previsión de la ONU es que, si la crisis continúa, en 2019 el éxodo venezolano alcanzará los cinco millones. Maduro culpa del malestar interno al supuesto complot internacional para echarlo de Miraflores. Según denunció, incluso habrían intentado acabar con su vida en un atentado el 4 de agosto en Caracas.
Así las cosas, el pulso entre Maduro y sus detractores amenaza con escalar hasta una lucha titánica. La oposición pidió "al pueblo venezolano estar alerta para respaldar a la única institución legítima, la Asamblea Nacional", y el presidente instó a la milicia 'chavista' a "defender la patria con las armas en la mano".
