El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó ayer el arresto del ex presidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Julio Borges, y el enjuiciamiento del diputado Juan Requesens, para procesarlos por su supuesta vinculación con el intento de atentado contra el mandatario Nicolás Maduro. El máximo tribunal indicó en un comunicado que "existen elementos" que comprometen a Borges, quien se encuentra desde hace varios meses en Bogotá, en los delitos de "instigación pública", "traición a la patria" y "homicidio intencional calificado en grado de frustración" contra Maduro. El Tribunal Supremo, que es señalado de ser controlado por el gobierno, determinó que no procede el antejuicio de mérito contra el ex presidente del Congreso, que encabezó una campaña internacional para denunciar al gobierno, debido a que habría actuado en "flagrancia", y ordenó su "inmediata detención" para procesarlo por el caso.
Asimismo, el organismo indicó que existen "suficientes elementos de convicción" para enjuiciar a Requesens, quien fue arrestado la noche del martes en su residencia por la policía política (el Sebin)), y ordena mantener detenido al joven diputado hasta que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Borges y Requesens fueron mencionados por un militar retirado, Juan Carlos Monasterios, uno de los capturados por el ataque, según un video difundido por Maduro el martes con el testimonio de este sargento.
Borges rechazó el martes los señalamientos y dijo en su cuenta de Twitter a Maduro: "Me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie". Borges, abogado de 48 años, es una de las principales figuras de la oposición, al frente de la cual estuvo en las negociaciones con el gobierno chavista que fracasaron a inicios de este año en República Dominicana. Maduro, confrontado a un gran rechazo popular por la crisis socioeconómica, lo acusa de promover una intervención extranjera, encabezada por Estados Unidos y Colombia. Requesens, en tanto, es un exaltado ex dirigente estudiantil que tuvo un papel protagónico en las manifestaciones de 2017. "Pueden desaparecer, matar o encarcelar a cualquiera de los dirigentes políticos, pero no hay rincón de Venezuela donde no se sienta la arrechera (enfado) con la crisis", dijo el martes en un encendido discurso antes de su arresto.
El presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, anunció ayer que esa instancia levantó la inmunidad parlamentaria de los dos congresistas para que sean enjuiciados por su presunta vinculación con el caso del intento de atentado. Las amenazas de enjuiciamiento de los dos diputados opositores desataron ayer nuevas tensiones en Venezuela. La Asamblea Nacional (Parlamento)—controlada por la oposición— descartó que vaya a reconocer esa decisión y acusó a esa instancia de usurpar funciones del Legislativo. La directiva del Congreso condenó en un comunicado la detención de Requesens, un ex dirigente estudiantil de 29 años, y acusó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) —la policía política— de secuestrar y violar el debido proceso del congresista, quien fue sacado por la fuerza la noche del martes de su departamento junto a su hermana, según un video que se difundió en las redes sociales. "Nuestra Constitución es clara y dice que para allanar la inmunidad parlamentaria hay una Asamblea Nacional", dijo el vicepresidente del Congreso, Julio César Reyes, al anunciar que es posible que el Legislativo acuda a instancias internacionales para denunciar las acciones de la Constituyente y la detención de Requesens, cuyo paradero actual se desconoce. La Constitución establece que todos los diputados gozan de inmunidad y que de cometer algún delito sólo el Tribunal Supremo de Justicia podrá ordenar su detención para su enjuiciamiento con previa autorización de Asamblea Nacional.
El fiscal general Tarek William Saab anunció ayer que tres de los detenidos por el caso fueron presentados el martes en tribunales y que se iniciaron los procesos para tramitar las solicitudes de asistencia mutua en materia legal con Estados Unidos y Colombia para que entreguen a los venezolanos implicados en el caso que estarían en esos países. Saab dijo que los presuntos financistas de la operación estarían en territorio estadounidense y colombiano, y precisó que dos de los implicados en el caso —Rayder Russo Márquez y el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo— están en Colombia. Como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades, se estableció la vinculación directa con el intento de magnicidio de al menos 19 personas, indicó el fiscal sin ofrecer las identidades. Poco después la Cancillería informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y Saab se reunieron con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas para "compartir las pruebas" que señalan a los financistas del intento de atentado que estarían radicados en el Estado de Florida y "solicitar su extradición". Arreaza agregó que Venezuela pedirá la extradición de Osman Delgado Tabosky, quien es señalado como financista del grupo y estaría en el Estado de la Florida.
Según el gobierno, dos drones con cargas explosivas fueron utilizados el sábado durante un intento de ataque a Maduro, quien salió ileso de la acción. Por este caso fueron apresadas seis personas, precisó el ministro de Interior, general Néstor Reverol. Con un mensaje que dice "SE BUSCA", el ministro difundió ayer en Twitter las fotos de cuatro hombres solicitados por las autoridades por el intento de magnicidio y pidió a la población denunciarlos.
Distinguido. Borges es una de las principales figuras de la oposición. En diciembre de 2017 recibió el premio Sajarov.
