Lula y el PT resisten la anulación de su candidatura por la Justicia
El tribunal electoral rechazó un recurso y recordó que hoy vence el plazo para presentar otro candidato. La defensa apeló al Supremo Federal

Lula da Silva presentó ayer otro recurso ante el máximo tribunal del país para tratar de mantener su candidatura en las elecciones del 7 de octubre, pese a que la Justicia electoral brasileña la vetó y le dio plazo hasta hoy a la tarde al Partido de los Trabajadores (PT) para que designe a un reemplazante. La puja entre el PT y Lula y el Poder Judicial brasileño continúa así, pese al paso de los días y la cercanía de las elecciones. En tanto, la defensa de Lula se vio nuevamente favorecida por un dictamen de la ONU, que pidió levantar el veto a su candidatura. La cúpula del PT se reunirá hoy en Curitiba, donde está detenido su líder, cumpliendo desde abril una condena de 12 años de prisión por actos de corrupción y lavado de dinero.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) le denegó ayer por la mañana al PT un pedido de extender el plazo para inscribir la candidatura. El plazo vencerá hoy a las 19, dictaminó el TSE. Pero los abogados de Lula blandieron una nueva comunicación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ratifica su anterior pronunciamiento a favor de que el ex mandatario pueda ser candidato y haga campaña aunque esté preso.

Y sobre todo, la defensa de Lula recurrió de nuevo ante el Supremo Tribunal Federal (STF, la Corte Suprema), para tratar de prolongar la decisión sobre la candidatura hasta el 17 de septiembre, cuando el tribunal electoral TSE debe zanjar la totalidad de los casos relacionados con los comicios. Lula, cuya candidatura fue invalidada el 31 de agosto por el TSE a causa de su situación judicial, recibió ayer en su celda de Curitiba a sus abogados y a su compañero de fórmula, Fernando Haddad, su más probable sustituto. Gran parte de la cúpula petista se halla en Curitiba.

Ayer, el Comité de Derechos Humanos de la ONU envió un nuevo comunicado, reiterando que Brasil tiene que cumplir su dictamen previo, que exige "garantizar los derechos políticos" de Lula. El comunicado de ayer fue firmado por Sarah Cleveland y Olivier de Frouville. Una vez más, el órgano internacional, formado por 18 expertos, no entró en el mérito del caso del ex presidente y no determinó si es inocente o culpable. Esto, de acuerdo con la entidad, sólo se estudiaría en 2019. Pero dejó claro que la solicitud para que se adopten medidas cautelares sigue siendo válida. "Esta decisión ("aclaración") refuerza las anteriores, dejando claro que Brasil está vinculado al cumplimiento de las decisiones liminares del Comité y recuerda que todos los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tanto nacional, como regional y local, están obligados a dar cumplimiento a decisiones del Comité", afirmó Valeska Zanin, abogada de Lula desde Curitiba. Pero para los jueces brasileños y para el gobierno las cosas son diferentes: el Comité de la ONU sólo emite sugerencias, dictámenes no vinculantes, y no "decisiones". En su fallo del 31 de agosto, el TSE rechazó la presunta obligatoriedad del dictamen del organismo de la ONU.

Hasta ahora el jefe histórico del PT, que lideraba las encuestas antes de la impugnación de su candidatura, no dio señales de querer abandonar la partida. Esta actitud causa tensiones dentro del propio PT, que teme verse excluido de las elecciones si no acata el plazo del TSE.

A las puertas del edificio de la Policía Federal de Curitiba, donde Lula permanece preso desde abril, una cohorte de periodistas aguarda las resoluciones que pueden decidir el futuro de los comicios y de Brasil. A pocos metros, los incondicionales de Lula le cantan a la mañana el ya tradicional "Buenos días, presidente" y se quedan hasta el caer de la tarde, cuando le dan el "Buenas noches".

Las tensiones en torno a la candidatura de Lula electrizan la campaña. El comandante en jefe del ejército, Eduardo Villas Boas, calificó de "intento de invasión a la soberanía nacional" el pedido de acatamiento al pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU y advirtió, en una entrevista publicada el domingo por el diario O Estado de Sao Paulo, que la autorización de la candidatura de Lula "afrontaría tanto la Constitución como la ley de Ficha Limpia, quitando legitimidad y dividiendo aún más a la sociedad brasileña". Esa ley, promulgada por el propio Lula en el último año de su presidencia (2003-2010), determina que ningún condenado en segunda instancia, como es su caso, puede presentarse a cargos electorales.

El ex presidente, de 72 años, purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. La justicia lo reconoció como beneficiario de un departamento en un balneario ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras, la petrolera estatal. Lula enfrenta otras cinco causas penales.

El Comité de DDHH de la ONU volvió a pronunciarse por Lula, pero los jueces dicen que no es vinculante