Montevideo.— El rechazo de los uruguayos a la anulación de una ley de amnistía a militares de la dictadura y la victoria parcial de un ex guerrillero en la primera vuelta de las elecciones del domingo, parece contener un mensaje silencioso: dejar atrás el pasado.

El fracaso de la izquierda en anular esa ley de 1986, laudada en plebiscito con apoyo de un 54 por ciento de los votos en 1989, volvió ahora a repetirse cuando la coalición izquierdista del Frente Amplio fracasó en su anulación, como pretendían sectores internos del frente. El domingo la propuesta obtuvo sólo un 47 por ciento de apoyo, cuatro puntos menos de lo que se necesitaba para anularla.

Pero, a la vez, en la primera vuelta electoral del domingo, los votantes consagraron como ganador al candidato presidencial izquierdista y ex tupamaro José Mujica, que lo pone de cara a ser el próximo presidente en la segunda ronda del 29 de noviembre, en su pugna con Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional.

El voto anti-anulación de la ley pareció un mensaje silencioso de la población: favorecer a un ex guerrillero y dejar en el pasado su actuación, y también un rechazo a anular una ley que ayudó a pacificar los ánimos.

"Cambio en paz". El primer presidente post-dictadura, desde 1985 a 1990, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, reflexionó: "Que veinte años después, con una nueva generación en los padrones electorales, ocurra este resultado, me parece una ratificación muy fuerte de lo que fue el cambio en paz".

Mujica, por su lado, manifestó extrañeza y afirmó que fue una "decisión misteriosa" del electorado. Lacalle, presidente entre 1990 y 1995, reitera que durante su gobierno no hubo denuncia de clase alguna sobre los derechos humanos y causas vinculadas.

Además, siempre fue llamativo que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que asumió el 1º de marzo de 2005 para cinco años de gestión, con mayorías parlamentarias, no anulara la ley de amnistía directamente.

El tema es engorroso y no parece definido. Aunque Vázquez, del Frente Amplio, se había comprometido a mantener la ley de amnistía, igualmente encontró el vericueto para enjuiciar a militares de la dictadura imputados por violar los derechos humanos, y fue para quienes se comprobó que actuaron en el exterior, en particular en la Argentina, en el marco de una represión coordinada de las dictaduras bajo el llamado Plan Cóndor.

De esta forma, una decena de uniformados, más el ex dictador civil Juan M. Bordaberry y su ex canciller Juan C. Blanco están presos preventivamente acusados de homicidios de uruguayos en el exterior.

La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, tal su nombre oficial, fue la contracara de la amnistía que en 1985, apenas reinstalada la democracia, benefició a los tupamaros y presos políticos.