Madrid.— Los sindicatos españoles levantaron el hacha de guerra contra el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que el jefe del Ejecutivo anunciase recortes del gasto social y una histórica rebaja de sueldo para los empleados públicos, entre varias medidas para atajar el déficit fiscal.
Los tambores de una huelga general comenzaron a sonar en España. Tras reunirse con Zapatero en La Moncloa, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, los líderes de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), dejaron la puerta abierta a todo.
Los dos principales sindicatos del país estudian "un proceso de movilización" que "puede derivar en una convocatoria de paro general", advirtió Toxo, después de la reunión mantenida en la sede del gobierno.
Este encuentro pareció modificar la actitud del líder de CCOO, ya que sólo horas antes declaraba a una radio que "lo que menos necesita ahora España es una huelga general" y apuntaba a que una decisión semejante debe ser "madurada".
Manifestaciones. Por el momento, lo que sí habrá es una huelga general en el sector público, convocada ayer por la UGT para el próximo 2 de junio. En España hay 2,6 millones de empleados estatales.
Desde el 20 de mayo también se llevarán a cabo una serie de movilizaciones contra las medidas anunciadas por Zapatero para los empleados públicos, que comenzarán con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del gobierno.
El recorte del sueldo para los estatales —el primero en la historia de la democracia española— y su congelación para el próximo año no es la única medida que enfrenta a los sindicatos con el gobierno de Zapatero, en el marco de una aguda crisis económica.
El jefe del Ejecutivo anunció una decena de medidas, entre ellas una congelación de las jubilaciones, la supresión del "cheque bebé" (2.500 euros para las familias por cada hijo nacido o adoptado) y la reducción de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal.
El objetivo es ahorrar 15.000 millones de euros adicionales y situar el déficit público en el 9,3 por ciento este año y en el 6,5 por ciento el próximo. De esta manera España podría volver en 2013 al Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que fija su límite en el 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Los sindicalistas dejaron claro ayer que su rechazo a este plan de ajuste es "frontal". "Retirar 15.000 millones de euros en inversiones y consumo tendrá efectos sociales indeseados e injustos", dijo Toxo, que aseguró que así se incrementará el desempleo.
Méndez advirtió además que las medidas contra el déficit acarrean "obstáculos en el equilibrio y el clima del diálogo social", en el marco del cual se negocia la reforma laboral. Esta reforma tiene una importancia capital en un país cuyo desempleo ya superó el 20 por ciento.
Los dos líderes sindicales dijeron que, en lugar de congelar las jubilaciones, habría que recuperar impuestos como el de Sucesiones y Patrimonio, y subir temporalmente el impuesto sobre la renta de las personas físicas a las rentas más altas.
El gobierno ha elegido "la peor de las vías en un momento en que la crisis no ha sido superada, y sólo pretende dar respuesta a las exigencias del mercado financiero", aseguró Toxo.
"Trabajo asegurado". Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, recordó ayer a los empleados públicos que, "con todos los respetos", son "de los pocos ciudadanos que tienen un puesto de trabajo asegurado".
En ese contexto los llamó a participar en el "esfuerzo colectivo" que supone el plan de ajuste presentado por el gobierno. Según Espinosa, que cuenten con un trabajo asegurado tiene que "primarse sobre otros que llevan mucho tiempo desempleados o que pueden ver amenazado su puesto de trabajo".
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