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Los inmigrantes quieren quedarse en España aunque no tengan trabajo

El Parlamento español aprobó ayer un polémico plan de retorno voluntario para inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo. Sin embargo, la medida despertó muy poco interés en los posibles beneficiarios, que el gobierno socialista calcula en unas 87.000 personas.

Viernes 03 de Octubre de 2008

Madrid.— El Parlamento español aprobó ayer un polémico plan de retorno voluntario para inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo. Sin embargo, la medida despertó muy poco interés en los posibles beneficiarios, que el gobierno socialista calcula en unas 87.000 personas. Cuando hace cuatro meses se anunció la propuesta, se aseguró que más de un millón de inmigrantes podrían estar interesados en esta iniciativa.

La medida abre la posibilidad de que los extranjeros con residencia legal en España cobren en dos pagos el subsidio de desempleo que les corresponda según los años trabajados, a cambio de volver a sus países de origen y de comprometerse a no regresar a España en tres años. Transcurrido ese tiempo, podrán volver a pedir la entrada en el país, pero el gobierno no garantiza que puedan realmente hacerlo.

Desempleo récord. La iniciativa, rechazada como insuficiente por las asociaciones de inmigrantes, fue convalidada ayer por el Congreso de los Diputados, justo el mismo día en que se hacía público un nuevo aumento del desempleo en España, que ya supera los 2,6 millones de personas. Hace más de 11 años que no había tanta gente sin trabajo en el país.

El plan de retorno voluntario busca rebajar esa cifra, además de aligerar las arcas de la Seguridad Social, de las que sale el pago del subsidio para los desocupados. Este subsidio contempla un mínimo de 465 euros mensuales y un máximo de 1.300. Actualmente más de 190.000 inmigrantes cobran esas ayudas, lo que supone un aumento de alrededor del 80 por ciento en el último año.

Los inmigrantes sostienen que, aun sin trabajo, siguen estando mejor en España con el subsidio por desempleo que en sus países de origen.

La asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, que representa al mayor colectivo latinoamericano en el país (unas 420.000 personas), calcula que a sus compatriotas desempleados les corresponderían unos 7.000 euros si se anotan en el plan de retorno.

"Eso no cubre, ni de lejos, las necesidades de familias que en muchos casos lo vendieron todo para poder venir a España. Por mucho que la situación económica empeore aquí, siempre será mejor que en Ecuador", dijo la presidenta de Rumiñahui, Dora Aguirre.

En el caso de los marroquíes, el mayor colectivo de inmigrantes no europeos en España (casi 650.000), una encuesta revela que más del 80 por ciento de ellos rechaza el plan de retorno, y que sólo les interesaría si recibieran al menos 20.000 euros por regresar.

Más rechazos. Mientras tanto, una nueva propuesta del gobierno para limitar la inmigración sumó ayer más rechazos. Amnistía Internacional (AI) y asociaciones de inmigrantes criticaron la idea del Ejecutivo español de elevar la residencia en el país de uno a cinco años para poder reagrupar a los ascendientes (padres).

Según el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, hay que distinguir entre el núcleo familiar del inmigrante, conformado por la pareja y los hijos, y la familia en "extensión", que son los padres.

La reagrupación del núcleo familiar seguirá haciéndose en el menor tiempo posible, un año, "tal y como está en la ley" actualmente, indicó Corbacho. Pero la reagrupación de la familia en extensión, los padres, debe hacerse "cuando ya se tiene la residencia permanente, al quinto año", puntualizó.

La responsable de políticas de Interior de AI, Virginia Alvarez, dijo que la propuesta de Corbacho es "una muestra más del recorte de derechos que sufren los inmigrantes en España y en el resto de Europa".

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