Los chinos adoptan una polémica ley antiterrorista

China aprobó ayer, entre otras, una ley antiterrorista que generó críticas por parte de Estados Unidos, que considera que contiene disposiciones intrusivas respecto a empresas tecnológicas. La medida fue aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. Uno de los puntos centrales de la ley autoriza al gobierno a enviar tropas chinas al exterior para participar en misiones calificadas como antiterroristas, por ejemplo, las ofensivas dirigidas por Estados Unidos y Rusia contra la milicia el Estado Islámico en Siria, o los operativos militares en Africa, un territorio clave para Pekín.

El presidente estadounidense, Barack Obama, el Departamento de Estado y la Cámara de Comercio del país criticaron que la ley exija a las empresas tecnológicas extranjeras que permitan a Pekín el acceso a los códigos de encriptación y «puertas traseras» (backdoor) de sus programas de software. Según Washington, esa medida limita la libertad de expresión y de religión, además de obstaculizar el comercio y la inversión de Estados Unidos en China. Sin embargo, Pekín asegura que las compañías tecnológicas no tienen nada que temer y que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en esta cuestión. "Siempre es la gente inocente la que es víctima del terrorismo y el extremismo, y por eso Pekín está adoptando medidas concretas para proteger a su pueblo, incluidos los estadounidenses que disfrutan de las Navidades en el barrio Sanlitun de Pekín", apuntó un editorial del periódico estatal Global Times en su edición en inglés.

El jueves, la policía de Pekín emitió una alerta amarilla de seguridad, aumentó las patrullas policiales armadas y cerró el concurrido distrito de bares y compras de la capital china. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Australia y Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos de posibles amenazas en la capital china durante la Navidad.

La ley antiterrorista fue adoptada un día después de que la Cancillería china anunciase la expulsión de una periodista francesa acusada de promover el terrorismo". En un artículo publicado en noviembre la corresponsal del Nouvel Observateur, Ursula Gauthier, afirmó que la solidaridad mostrada por China tras los atentados de París no carecía de "motivos ocultos", en particular por el deseo de aprobación de Pekín en la campaña antiterrorista que lleva a cabo en la región autónoma de Xinjiang. En el Xinjiang, el gobierno chino atribuye a grupos separatistas "terroristas" la multiplicación de incidentes con uigures, una etnia mayoritariamente musulmana de habla turca.

Gauthier escribió que un hecho violento que se vivió en la región en noviembre era más bien un problema interno que terrorismo internacional. Tras ello, medios estatales lanzaron una campaña en contra de la periodista, publicando su foto y dirección en internet. Al parecer, la reportera recibió amenazas de muerte. La prensa extranjera tiene restringido el acceso a Xinjiang, lo que dificulta las posibilidades de informar de forma independiente sobre el conflicto con los uigures.