Dos días después de la declaración de independencia del parlamento catalán, cientos de miles de personas marcharon en Barcelona en contra de la secesión de esta región, por cuyo control pugnan el gobierno español y el destituido ejecutivo catalán. "Catalunya es Espaya", decía una pancarta en catalán y que resumía muy bien el espíritu de los manifestantes: ser como hasta ahora, catalanes y a la vez españoles.
Bajo el lema "¡Todos somos Cataluña!" y un mar de banderas españolas y catalanas "señeras" —la bandera legal de la región, no la "estelada"—, una multitud inundó el elegante paseo de Gracia de la capital catalana: 300.000 según la policía catalana, un millón según la delegación del gobierno español y 1,1 millones según los propios organizadores.
Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha fue convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya congregó una manifestación masiva después del referéndum inconstitucional sobre la secesión del 1º de octubre.
Años de tensiones entre el gobierno regional y el poder central culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la España moderna: el parlamento regional declaró la independencia y el gobierno español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración.
"Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio", repudió Alex Ramos, vicepresidente de SCC, en referencia a la declaración de independencia no reconocida por ningún país y condenada a coro por toda Europa y Estados Unidos. También Argentina declaró su total respaldo a España y su desconocimiento de la pretendida independencia catalana.
"Es un momento dramático en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso", advirtió el ex presidente del Parlamento europeo, el socialista catalán Josep Borrell, pidiendo a los manifestantes "serenidad" para "seguir viviendo juntos".
Cataluna es una región con 7,5 millones de habitantes, con un idioma propio pero con muchos de sus habitantes procedentes del resto de España. La sociedad está dividida sobre la secesión. Una minoría, contabilizada en el 38 por ciento del padrón electoral el 1º de octubre, está por la separación inmediata. Según sondeos conocidos el sábado, el bloque separatista ha retrocedido desde las pasadas elecciones y hoy lograría tres menos del umbral de la gobernabilidad. Al momento de intervenir Cataluña, el gobierno central de Mariano Rajoy convocó a elecciones anticipadas en la región para el 21 de diciembre.
Como sea, los dos sectores de la sociedad catalana, viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español y la destitución del gobierno de Carles Puigdemont y del parlamento. "Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!", gritaban en la marcha. "Es ilegal lo que han hecho", reprochaba a los independentistas Miguel ngel García, jubilado de 70 años. "Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado". Pero en una terraza del elegante barrio histórico de Barcelona, la independentista Marta Gimeno opinaba lo contrario. "Para mí, Puigdemont es nuestro presidente, claro", dijo esta ilustradora de 45 años. "La declaración de independencia nos sirve, es válida, no es simbólica".
Pero las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. También el parlamento está disuelto hasta las elecciones del 21 de diciembre.
Además, más de 150 altos cargos fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años, cerrada y la cúpula de la policía regional, los Mossos d'Esquadra, relevada por el Ministerio del Interior. El nuevo comando dio órdenes de retirar la escolta a los dirigentes destituidos.
"Ha sido una locura que nos llevó al precipicio", comentó Alex Ramos, de Sociedad Civil Catalana, organizadora del acto