El Mundo

La precampaña electoral se perfila a los balazos

Jueves 29 de Marzo de 2018

La temporada de violencia política armada comenzó en Brasil: fue acribillada la concejal Marielle Franco en Río de Janeiro, la familia del juez de la Corte que lleva el caso Lava Jato fue amenazada de muerte y dos ómnibus de la caravana del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron baleados. Brasil asiste a la precampaña electoral de las presidenciales de octubre frente a un riesgo extremista como no ocurría desde el regreso a la democracia, algo que con los balazos contra Marielle Franco comenzó a ser comparado con la violencia del norte mexicano o la Medellín de los años 80.
   El ataque contra Lula se produjo dos semanas después del caso de la concejal, aún no resuelto, en Río. "La violencia armada, que asusta a los ciudadanos en las calles brasileñas, también pasó a rondar la cúpula de la Justicia y de la elección presidencial", dijo el columnista Bernardo Mello Franco, de O Globo. La concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), opositora, al igual que Lula, fue asesinada luego de denunciar la ejecución de jóvenes en las favelas por parte de la mafia de la policía carioca. Al mismo tiempo, se opuso a la intervención militar, pero la lectura que realizan desde el gobierno de Michel Temer es que este cuasi magnicidio que impactó a nivel mundial de la activista negra y "favelada" fue un mensaje de las mafias contra la actuación del ejército en Río. El mismo martes en que la caravana de Lula era baleada con escopetas, se conocieron amenazas contra la familia del ministro del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, encargado de la Operación Lava Jato para personas con fueros. Fachin relató que pidió seguridad especial para su familia porque tanto él como su círculo íntimo reciben amenazas. "Las amenazas al ministro Fachin y los tiros a la caravana de Lula se suman al nuevo círculo del infierno político-judicial del país", apuntó el analista Franco.
   El magistrado fue convocado al cargo de supremo por la ex presidenta Dilma Rousseff, y pese a ello se mostró contrario, por ejemplo, a aceptar el hábeas corpus que puede salvar a Lula de la cárcel el próximo miércoles. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, dijo que el ataque del martes fue "para matar a Lula". Las señales de violencia tienen que ver con las presiones cruzadas en torno a la inhabilitación de Lula como candidato y su posible detención, en un país donde la Operación anticorrupción Lava Jato ha permeado todo el debate político. Al punto que el juez Sérgio Moro, magistrado de primer instancia, pasó a opinar, también, por televisión, sobre lo que piensa que la corte debe hacer con Lula. El mismo juez, como el fiscal Deltan Dallagnol, también pidieron al Congreso medidas más firmes contra la corrupción, un reclamo de la sociedad pero que los políticos rechazan por provenir del Poder Judicial, que tradicionalmente habla por sus sentencias.

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