El Mundo

La popularidad de Dilma cayó en picada a un 13 por ciento

Es el nivel de reprobación más alto desde el juicio político a Collor de Mello en 1992. Paquete de medidas para combatir la corrupción.

Jueves 19 de Marzo de 2015

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, lanzó ayer una campaña contra la corrupción para contrarrestar el creciente descontento por un escándalo de sobornos que involucra a Petrobras. El caso de la petrolera estatal ha implicado a los aliados de Rousseff y ha minado la popularidad de la presidenta, cuya aprobación cayó en picada hasta un 13 por ciento. Ahora las propuestas contra la corrupción de la mandataria —contenidas en proyectos de ley presentados al Congreso— incluyen la criminalización de los fondos ilícitos, que son ampliamente usados para financiar las campañas de los partidos políticos. Otras medidas acelerarían la incautación de activos de personas y funcionarios culpables de corrupción y que hayan acumulado riquezas desproporcionados respecto de sus ingresos.

Rousseff también firmó un decreto que implementa una ley contra los sobornos aprobada hace más de un año para endurecer las multas a las empresas. La ley no había sido aplicada porque no se habían finalizado sus detalles. Rousseff dijo que no ocultaría el más reciente escándalo de corrupción ni buscaría esquivar las críticas. "Estoy segura de que todos los brasileños de buena fe, incluso aquellos que no votaron por mí, saben que la corrupción en Brasil no fue inventada recientemente", dijo en un discurso. Muchos brasileños, sin embargo, consideran que ella es responsable. El domingo, cerca de un millón de personas salieron a las calles de las mayores ciudades de Brasil para participar en protestas contra el gobierno provocadas por el escándalo en Petrobras y el descontento por el estancamiento de la economía.

"Culpable". Rousseff era presidenta de Petrobras durante los años en que ocurrieron la mayor parte de los hechos de corrupción. Pero ha negado haber tenido conocimiento de la trama multimillonaria en la que se pagaban sobornos a políticos y ejecutivos de Petrobras con dinero de contratos sobrevalorados con algunas de las principales empresas de ingeniería y construcción de Brasil. Sondeos muestran que la mayoría de los brasileños cree que ella sí conocía la trama.

Según indicó ayer un sondeo de Datafolha, la popularidad de Rousseff cayó al 13 por ciento mientras crece el escándalo en Petrobras y declina la economía. Además de la caída de 10 puntos en la aprobación de su gestión respecto de febrero, la mandataria registró un rechazo a su gobierno de un 62 por ciento cuando su segundo mandato aún no llega a tres meses. Ese nivel de reprobación es el "más alto de un mandatario desde septiembre de 1992, en vísperas del impeachment del entonces presidente Fernando Collor de Mello", apuntó el diario Folha de Sao Paulo que publica la encuesta.

Suiza bloqueó u$s 400 millones

Autoridades de Suiza bloquearon hasta ahora unos 403 millones de dólares en el marco de las investigaciones que se realizan en Brasil sobre el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informó ayer el Ministerio Público del país europeo. "Desde el punto de vista de los activos bloqueados, este caso es muy importante", expresó el jefe de la Fiscalía suiza, Michel Lauber, durante su visita a Brasilia. Y agregó que, de este total, ya se ha autorizado la devolución a Brasil de unos 121 millones de dólares, tras reunirse con su homólogo local, Rodrigo Janot. "Lo que se destaca en este caso es el buen nivel de cooperación y la rapidez en la liberación del dinero. Estamos seguros de que podremos seguir cooperando", agregó el fiscal.

Cuentas bancarias en la mira. El Ministerio Público suizo investigó 300 cuentas bancarias vinculadas a 30 bancos del país, pero Lauber declinó revelar los nombres de las personas involucradas, alegando que el proceso se desarrolla en secreto.

Las investigaciones están dirigidas a empresas, altos ejecutivos de de la petrolera Petrobras y suministradores de la petrolera que están bajo sospecha de tener nexos con el esquema de desvío de dinero de la empresa para pagar sobornos y financiar partidos políticos.

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