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La ONU investigará la represión de los carabineros a las protestas en Chile

Las denuncias de violencia institucional se multiplicaron. En tanto, el Congreso votó reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Viernes 25 de Octubre de 2019

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que enviará a Chile una misión especial para investigar actos de violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de la rebelión popular que estalló en el país la semana pasada.

El anuncio de la ONU se conoció durante el séptimo día de protestas en Santiago y otras ciudades de Chile en demanda de mejoras sociales, contexto en el que el Congreso dio ayer un paso hacia la aprobación de una ley que reducirá la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Después del mediodía, el gobierno chileno difundió un informe según el cual no se reportaron nuevas víctimas mortales en el país en las últimas 24 horas, a la vez que hubo una disminución de actos violentos, heridos y detenciones.

También informó que a partir de hoy se normalizarán la mayoría de las líneas de subterráneos, que fueron objeto de múltiples ataques durante las protestas.

Las masivas concentraciones se repitieron ayer en Santiago, especialmente en la emblemática Plaza Italia, escenario de históricas manifestaciones en la capital chilena, y también en el interior del país.

Se observaron algunos enfrentamientos entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad, aunque al menos hasta esta tarde el grado de violencia pareció haber disminuido en relación con las escenas que se vieron en las anteriores jornadas.

Desde Ginebra, a través de su cuenta de Twitter, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, anunció que, tras una invitación del gobierno de Sebastián Piñera, aceptó enviar una misión fiscalizadora a Santiago.

"Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile", señaló.

El gobierno chileno había invitado poco antes a la oficina de Bachelet a "constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales".

El canciller Teodoro Ribera confirmó que el presidente Sebastián Piñera le dio instrucciones para que se contacte con Bachelet y su oficina para que visiten el país.

En Chile se han multiplicado las denuncias por supuestas torturas, detenciones ilegales, disparos de agentes de agentes de seguridad contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos.

Ayer el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, informó en conferencia de prensa que se declaró ilegal la detención de 425 imputados sobre un total de 5.397 que pasaron a control de identidad a nivel nacional.

De todos los casos revisados por las respectivas cortes, se impuso prisión preventiva a 245 personas.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó el balance de detenidos y heridos por las protestas y manifestaciones, en donde los detenidos son 2.410, entre ellos 274 niños, niñas y adolescentes.

En total se ha registrado 534 personas heridas, en donde 210 fue a causa de armas de fuego, indicó el INDH.

Dicho instituto ya ha realizado 55 acciones judiciales, en cinco han sido querellas por homicidio y ocho por violencia sexual.

Desde que comenzaron las protestas en Chile, el número oficial de muertos asciende a 18 personas.

En el plano legislativo, la Cámara de Diputados aprobó ayer en general un proyecto de ley que reduce de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral, una medida propuesta por el Partido Comunista (PC) y debatida en medio del mayor estallido social desde el regreso de la democracia al país.

El proyecto recibió el aval de todas las fuerzas políticas de la oposición, mientras el oficialismo se dividió entre el rechazo y la abstención.

"Ha sido una lucha incansable con este gobierno que le declaró la guerra a las 40 horas. Este es un momento de triunfo, pero todavía faltan pasos", declaró la impulsora del proyecto, la diputada comunista Camila Vallejo.

El presidente de la Corte Suprema anunció que se declaró ilegal la detención de 425 imputados sobre un total de 5.397

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