El Mundo

La OEA debate la violación de derechos y garantías en Venezuela

El Grupo de Lima y EEUU logró los 18 votos necesarios para incluir el tema en la Asamblea General. Piden aplicar la Carta Democrática.

Martes 05 de Junio de 2018

El Grupo de Lima, en el que se incluye Argentina, junto a Estados Unidos, lograron ayer los 18 votos necesarios para incluir en la agenda de la Asamblea General de la OEA la grave situación que se vive en Venezuela. El objetivo de máxima es que aplicar las sanciones previstas en la Carta Democrática Interamericana de la OEA y que Venezuela sea suspendida del organismo. A la persecución que sufren los opositores se suma el rechazo de las elecciones presidenciales de mayo pasado, en las que se hizo reelegir Nicolás Maduro en condiciones muy cuestionadas. La asamblea anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) arrancó ayer y culminará hoy. Hasta anoche se estaba lejos de los 24 votos necesarios, sobre un total de 34 miembros de la OEA, para lograr la suspensión de Venezuela por dos tercios.

"Debemos tener un continente libre de dictaduras", dijo el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, al inaugurar en Washington la 48º asamblea anual. Poco después, el pleno aprobó tratar "la situación en Venezuela". El deterioro de la situación de derechos humanos bajo el chavista Nicolás Maduro ya fue protagonista de las discusiones de las dos últimas asambleas generales de la OEA —en Cancún el año pasado y en Santo Domingo en 2016— pero nunca como parte del temario oficial, como ahora. En el medio están las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo pasado, que repudiaron las naciones del Grupo de Lima, EEUU y los 28 países de la Unión Europea.

"La inclusión de este tema en la agenda de la Asamblea permite redoblar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana", dijo la vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell. "El prestigio de esta organización está en juego en lo que podamos hacer" con relación a la "grave crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela", dijo el canciller de Argentina, Jorge Faurie. El canciller argentino hizo una fuerte declaración (leer aparte).

Según se comentaba ayer off the record en la sede de la OEA, Venezuela podría ser suspendida aplicándole el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Ese artículo sostiene que cuando la Asamblea verifique que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas puede tomar la decisión de suspenderlo. Esas condiciones parecen estar presentes en el caso venezolano al menos desde 2017, cuando una ola de manifestaciones fue reprimida por el chavismo con un saldo de al menos 130 asesinados por la policía nacional y los parapoliciales. Las cárceles se llenaron asimismo de presos políticos, muchos de los cuales continúan aún hoy encarcelados.

Venezuela asiste a la cita a pesar de que anunció en abril de 2017 su retirada de la OEA. Ayer, Venezuela asumió "bajo protesta" la inclusión de su crisis en el temario, dijo el canciller Jorge Arreaza, señalando que fue adoptado "de manera espuria" . El argumento de Caracas es la "intromisión en asuntos internos", antigua doctrina que es refutada por la Carta Democrática, que hace prevalecer el respeto del sistema democrático y los derechos humanos por encima de la soberanía irrestricta de un país miembro.

Estados Unidos y el Grupo de Lima han logrado reunir el respaldo necesario de 18 países para aprobar una resolución contra los comicios de mayo pasado. Esa elección fue condenada tanto por EEUU como por el Grupo de Lima, integrado por 14 naciones de la región, entre ellas, Argentina. "Tenemos los 24 votos para aprobar el temario y los 18 para apoyar y pasar la resolución", anticipó Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA.

Estados Unidos y el Grupo de Lima, integrado por Canadá y trece países latinoamericanos, desconocieron el resultado de las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro ganó un segundo mandato hasta 2025. Esas elecciones no sólo fueron cuestionadas por EEUU y el Grupo de Lima, sino también por la Unión Europea, así como por especialistas en procesos electorales. La sospecha es que no votó el 48 por ciento del padrón, casi 10 millones de ciudadanos, como afirma el gobierno, sino muchos menos. Durante aquella jornada electoral se vieron mesas vacías hasta el cierre. Una participación de 48 por ciento del padrón de 20,5 millones de votantes hubiese implicado largas filas ante los locales de votación, algo que nadie pudo observar ese domingo 20 de mayo.


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