La infanta Cristina de España podría enfrentarse a seis años de cárcel por dos delitos fiscales, luego de que su imputación en un caso de defraudación fiscal fuese ratificada por una cámara de apelaciones. La Audiencia de Palma de Mallorca estudió y decidió ayer sobre los recursos de apelación presentados en el caso. La hermana del rey de España, sin embargo, se vio exculpada del peor de los delitos que le imputaban en primera instancia, el de lavado de capitales o blanqueo. Diecinueve personas están imputadas, y la que tiene cargos más graves es precisamente el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarín. El escándalo, que estalló hace tres años, provocó el inicio de la crisis de la monarquía española que derivó en la defección del rey Juan Carlos I en junio pasado y la asunción anticipada de su hijo como Felipe VI.
La Audiencia o cámara de apelaciones de Mallorca, empero, al confirmar la imputación de la infanta por fraude fiscal pero anular la acusación más grave, la de blanqueo de dinero, mantiene la incógnita de si la hija del ex rey Juan Carlos será una de las personas juzgadas por el caso de corrupción conocido como "Nóos", por el instituto que Urdangarín, sus socios y la infanta habrían usado de pantalla para hacerse de fondos públicos recurriendo a la imagen de la casa real. La razón de que no se pueda aún asegurar que Cristina será juzgada por los dos delitos fiscales de los que se la acusa es que solo lo hace —por ahora— una "acusación popular", la organización Manos Limpias, y existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que debe haber también acusación de la fiscalía, la Abogacía del Estado o la parte afectada —en este caso, Hacienda. Por ahora la fiscalía no acusó a la infanta, pero esto variaría a partir del dictamen de segunda instancia de ayer. En esa jurisprudencia confía la defensa de la infanta para que esta evite el juicio. "Existen precedentes de que esta acusación (popular) no estaría legitimada para seguir adelante", destacó el abogado principal de la infanta, Miquel Roca. Pero el fiscal del caso, Pedro Horrach, prevé incluir el nombre de la infanta junto a otros responsables en el escrito de acusación que presentará en los próximos días, además de pedir la apertura del juicio oral. El fiscal, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por la infanta, considera que sí habría obtenido un beneficio ilícito de los fondos defraudados.
El destino judicial de la hermana del rey Felipe vuelve ahora a estar en manos del juez de instrucción José Castro, quien insistió en imputarla contra el parecer de la fiscalía. Es el juez que durante más de tres años investigó el caso en el que su marido y cuñado del rey Felipe está acusado de apropiarse de seis millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos. Este es una organización sin fines de lucro que utilizaba junto a su socio y su esposa para aumentar su patrimonio en forma ilícita, según la acusación. De mandar a la infanta al banquillo, la decisión de Castro será irrecurrible y Cristina se convertirá en el primer familiar directo de un rey en ser juzgado en juicio oral.
La infanta conoció la decisión judicial de ayer en Ginebra, donde vive desde hace más de un año junto a su familia tras haber sido apartada de la agenda oficial a fines de 2011, cuando fue imputado su marido. "No le tiene que hacer ninguna ilusión que sus tesis hayan sido solo estimadas en parte", comentó su abogado. Es que la Audiencia de Palma calificó de "innegable e inobjetable" que la infanta contribuyó a defraudar a Hacienda y se benefició a través de la empresa Aizoon, de la que ella y su marido son dueños al 50 por ciento cada uno. Castro considera además que gastó dinero público desviado por su marido en una costosa reforma de su palacete, así como en pagarse clases de baile y viajes, entre otras frivolidades.
Insistente. El juez Castro debió insistir para imputar a la infanta. Primero lo hizo como "cooperadora necesaria" de los delitos cometidos por su marido, pero la Audiencia de Palma la desimputó. Castro imputó por primera vez a Cristina el 3 de abril de 2013. Luego lo hizo nuevamente, por los dos delitos fiscales que ahora se mantienen y por blanqueo de dinero, que la Audiencia desestimó. En febrero pasado Castro la tuvo a la infanta declarando durante más de cinco horas. El juicio oral se celebrará probablemente en 2016 y en él habría 20 personas en el banquillo, incluida la infanta. Sobre su marido pesan nada menos que 25 cargos y nueve delitos (ayer le sumaron uno): prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, fraude a Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El caso asestó al reinado de Juan Carlos I su mayor golpe y estuvo entre las razones que llevaron al anciano monarca a abdicar en junio pasado en favor de su hijo Felipe.
consulta soberanista
Cataluña se encamina a un voto prohibido
Los ciudadanos de Cataluña están llamados mañana a votar en una consulta "simbólica" sobre la independencia de España. La cita fue suspendida por el Tribunal Constitucional, pero el gobernante catalán, Artur Mas, asegura que se celebrará. El gobierno central español, dirigido por Mariano Rajoy, no ha dicho si tomará medidas contra Mas por desobediencia.
"La prudencia no es mala consejera", advirtió ayer la número dos del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Mas "está forzando a los ciudadanos catalanes al incumplimiento de la ley", aseguró. El líder catalán, por su parte, llamó esta semana a los catalanes a "votar sin miedo".
El proceso independentista catalán es la mayor amenaza a la unidad de España que ha vivido el país en sus casi 40 años de democracia, pero perdió intensidad después de que el jefe del Ejecutivo catalán renunciara al referéndum de autodeterminación que convocó inicialmente para el 9 de noviembre. Mas retroceció porque la consulta fue vetada por el Tribunal Constitucional tras la impugnación del gobierno de Rajoy. Entonces lo sustituyó por una consulta "alternativa y simbólica" sobre la independencia, es decir, por una cita no oficial, sin censo previo, controlada por voluntarios y sin garantías de supervisión institucionales, que bautizó como "proceso participativo". Pero la fecha y las preguntas son las mismas y las boletas y las urnas las pagó el gobierno catalán. El Ejecutivo de Rajoy acudió de nuevo al Tribunal Constitucional y también, como con el referéndum, este suspendió a la consulta "simbólica" de Mas.
Ahora nadie se atreve a anticipar con seguridad qué ocurrirá mañana, 9 de noviembre. Al parecer, se consumará el desafío. El gobierno español ha dejado la puerta abierta a no actuar contra Mas y su gobierno si se desvinculan de la gestión de la consulta y la dejan en manos de entidades civiles. El líder catalán, sin embargo, ha optado por un camino a medias. "Habrá liderazgo del gobierno catalán", dijo ayer el llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el que se sientan el Ejecutivo catalán, los partidos que apoyan la consulta y entidades civiles. Pero "serán los voluntarios los que harán el recuento y los que lo transmitirán". Es decir, el gobierno de Mas ha diluido sus responsabilidades entre los voluntarios.
Además, el responsable de Interior del gobierno catalán admitió esta semana que si mañana existiera un pronunciamiento fiscal o judicial, los "Mossos d'Esquadra", la policía catalana, tendrían que desplegarse para evitar la consulta. Pero las urnas ya están preparadas, anunció ayer a la mañana Jordi Turull, portavoz de CiU, el partido de gobierno catalán.
