El Tribunal Supremo español despejó el último escollo legal para exhumar los restos del dictador Francisco Franco, al considerar innecesaria una licencia municipal de obras solicitada por un juez de Madrid a pedido de la familia. Ahora no hay más motivos para retirar el cadáver de Franco y enviarlo a un cementerio común. También fue rechazada la exigencia de la familia de que fuese sepultado en la catedral de Madrid.

El Tribunal Supremo notificó ayer la sentencia en la que avala exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde han permanecido desde su merte en 1975, hace 44 años. En la sentencia, adoptada por unanimidad de los seis magistrados de la Sala, se explica que la familia Franco "no goza de una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento de sus deudos" y que "no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes", recalca la sentencia.

El tribunal notificó la sentencia después de adelantar el fallo el pasado martes 24 de septiembre. Sin embargo, el gobierno y la opinión pública debió esperar a ayer para conocer los fundamentos del fallo y el rechazo de la orden de un juez de Madrid que inmovilizó la operación invocando motivos de orden municipal. El alto tribunal determinó que los restos de Franco sean exhumados del Valle de los Caídos y sean enterrados en el cementerio de El Pardo, donde está enterrada su mujer, Carmen Polo.

Además, los jueces encuentran justificada la oposición del Gobierno a la inhumación de Franco en la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid, puesto que "no estamos ante una inhumación de carácter privado". Los jueces ordenan que no sólo por razones de seguridad la reinhumación no se lleve haga en la catedral por la significación del propio Franco. "Debemos reiterar que no nos encontramos ante un asunto estrictamente privado, circunscrito al ámbito de la intimidad familiar, sino ante el destino que legalmente se ha de dar a los restos de un personaje público de la relevancia que se ha subrayado", recalca el alto tribunal.

Los magistrados recuerdan que el Congreso de los Diputados instó en 2017 al Ejecutivo, con 198 votos a favor, 140 abstenciones y ninguno en contra, a exhumar el cuerpo del dictador. A esta medida se suma que la Ley de Memoria Histórica sostiene que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". Franco murió luego de 36 años de terminada la Guerra Civil. Asimismo, obliga a un juez de Madrid a levantar las medidas que mantienen paralizada la licencia de obra para poder sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El Supremo afirma que no se infringe la legalidad urbanística, como alega el juez ante el reclamo de la familia Franco, porque no es una obra mayor la que supone la exhumación, según el proyecto presentado por Patrimonio Nacional, ni contradice las normas municipales de San Lorenzo de El Escorial, que ha informado de forma favorable a la exhumación desde el punto de vista urbanístico. Además, la obra, al ser acordada por el Consejo de Ministros, no necesita licencia municipal. Los jueces recalcan que "las operaciones necesarias para extraer los restos mortales del sepulcro en que se encuentran, según el proyecto presentado por el Patrimonio Nacional, no parecen presentar particular dificultad. Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original, revirtiendo así el pavimento de la Basílica a su estado anterior a 1975".

Esta suspensión de obra se convirtió en el principal obstáculo para concretar la exhumación que el gobierno del socialista Pedro Sánchez había aprobado el 10 de junio. Franco está enterrado a los pies del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos, bajo una lápida de mármol de 1,5 toneladas, y junto al fundador del partido Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

La Fundación Francisco Franco acusó al Supremo de provocar "una tremenda indefensión y duda de imparcialidad". La sentencia llega en plena precampaña para las elecciones generales del 10 de noviembre y avala uno de los planes estrella de Pedro Sánchez, la exhumación de los restos del dictador.