La Justicia bloquea partes polémicas de la ley migratoria de Arizona

Phoenix. — La administración del presidente Barack Obama y los grupos de inmigrantes consiguieron ayer una victoria legal sobre la controvertida ley SB1070 de Arizona, tras la decisión de la jueza federal Susan R. Bolton de suspender temporalmente los puntos de la legislación que más críticas y protestas desataron. De esta manera, la ley entrará en vigor hoy pero sin los apartados que fueron suspendidos.
  La parte clave anulada de manera temporal por Bolton es la que permitía a la policía comprobar el estatus migratorio de cualquier persona si se tenía una “sospecha razonable” de que el sujeto se encontraba en situación ilegal en Estados Unidos.
  Bolton, jueza de la corte de Estados Unidos del distrito de Arizona, argumentó la decisión de bloquear algunas de las disposiciones de la ley alegando que no eran “equitativas” ni apropiadas para “el interés público” de Arizona, y que interferían con la política de inmigración federal. “La capacidad del gobierno federal para hacer cumplir sus políticas y para conseguir sus objetivos se verán socavados por las políticas del Estado sobre los estatus (migratorios) que interfieren con la ley federal”, argumentó Bolton en el documento judicial de 36 páginas dado a conocer ayer.
  La decisión de la jueza respondía a la demanda judicial interpuesta el 6 de julio por la administración Obama, en la que se alegaba que el gobierno federal era el que tenía el “poder” de manera exclusiva en regulación migratoria. Asimismo, organizaciones civiles habían demandado la suspensión de la legislación. Los otros apartados que se suspendieron fueron, por un lado, el que permitía arrestar a alguien sin orden previa al considerar que la persona cometió una ofensa pública que le supondría la deportación. También se bloquearon otras dos disposiciones: las que convertían en crimen el hecho de que alguien no llevara consigo documentación que lo acreditara como inmigrante legal; y el que un inmigrante no autorizado solicitara empleo o trabajara en el Estado.
  La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que aprobó la controvertida ley en abril, anunció ayer que apelará la decisión judicial de Bolton. Brewer calificó de “pequeño bache en la carretera” el bloqueo de las disposiciones claves de la ley.

Seguirán las redadas. Por su parte, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, uno de los máximos defensores de la ley migratoria, aseguró que continuará sus operaciones contra los inmigrantes indocumentados. “No creo que su decisión afecte lo que estamos haciendo”, dijo Arpaio. “Vamos a continuar las operaciones, nada cambiará en nuestra lucha contra la inmigración ilegal”, aseveró.
  El gobierno de Estados Unidos recibió con beneplácito la decisión de Bolton, manifestando que la decisión judicial “afirma correctamente las responsabilidades del gobierno federal para hacer cumplir nuestras leyes nacionales de inmigración”.
  Organizaciones civiles y colectivos de inmigrantes celebraron ayer como una “victoria” la decisión judicial, pero aseguraron que continuarán sus protestas porque “aún queda mucho trabajo” por hacer.
  Según el documento judicial, el gobierno de Estados Unidos pidió, por una parte, que la corte de Arizona decidiera si es constitucional o no la ley. Por otro lado, solicitó que hasta que no se llegara a una decisión final, la corte impidiera que la ley entrara en vigencia con una decisión preliminar, que es la que se dio a conocer ayer.
  De esta manera, la decisión judicial tiene carácter temporal hasta que la corte determine la constitucionalidad de la SB1070. La decisión judicial de Bolton suspende las partes clave de la ley pero no impide que el resto de apartados de la SB1070 entre en vigor hoy. l