El Mundo

La Justicia blinda a Lula y no irá aprisión al menos hasta el 4 de abril

El Supremo Tribunal Federal garantizó al ex presidente que no será detenido hasta que no concluya el debate del recurso de habeas corpus

Viernes 23 de Marzo de 2018

La Corte Suprema de Brasil aplazó ayer hasta el 4 de abril una decisión sobre el posible encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva debido a una condena por corrupción. Seis de 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron a favor de que Lula da Silva, condenado en enero a más de 12 años de cárcel, no pueda ser encarcelado hasta que el máximo tribunal se haya pronunciado dentro de casi dos semanas sobre un recurso de su defensa. Antes del fallo se barajaba la opción de que la Justicia emitiese ya el próximo lunes una orden de arresto contra el ex presidente, después de que un tribunal de Porto Alegre cerrase el caso en segunda instancia. La situación de Lula es muy difícil desde hace meses, por lo que la prórroga es vista como una victoria temporal. Ahora "no hay ningún riesgo de prisión hasta que el STF juzgue el hábeas corpus", explicó Aury Lopes Jr, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Rio Grande do Sul. Según la jurisprudencia actual, Lula podría ser encarcelado una vez agotados los recursos en segunda instancia judicial. La defensa accionó al STF pidiendo un "hábeas corpus preventivo", es decir, que Lula no sea encarcelado hasta que su caso no sea analizado por cortes superiores.

Se esperaba que el STF zanjara ayer mismo la cuestión, pero los magistrados dedicaron varias horas a discutir si el "hábeas corpus preventivo" presentado por la defensa de Lula para evitar su prisión era un recurso admisible desde el punto de vista formal. La inminencia de los feriados llevó a los jueces a postergar la discusión y a concederle a Lula una cautelar para asegurarle el derecho a permanecer libre. "O nos quedamos aquí hasta las 2 de la mañana o suspendemos y concedemos la cautelar", afirmó la jueza Rosa Weber, una de las que apoyó el pedido de la defensa de blindar al ex mandatario hasta que la corte no tome una decisión definitiva.

El ex presidente (2003-2010) fue condenado el año pasado a nueve años y medio de cárcel por corrupción en el marco del escándalo "Lava Jato" ("Lavado de autos") en torno a la petrolera estatal Petrobras. Un tribunal de segunda instancia rechazó a finales de enero la apelación de Lula y aumentó la pena de cárcel a 12 años y un mes. Al mismo tiempo, la Corte determinó que el ex mandatario ya puede ser encarcelado después de que el juicio termine en la segunda instancia.

Lula puede apelar hasta ahora en libertad. El juicio ya está sin embargo cada vez más cerca del final definitivo y las opciones de su defensa son consideradas como menores. Además de los recursos de hábeas corpus contra el encarcelamiento, los abogados pueden intentar revocar la condena ante las dos últimas instancias, el STJ y el STF.

El caso de Lula tiene en vilo al país desde hace meses. El ex presidente, ícono de la izquierda latinoamericana por los éxitos de sus dos gobiernos, quiere volver a la presidencia en las elecciones de octubre y es actualmente favorito en los sondeos, con un 36 por ciento de los apoyos.

Lula volvió a negar los cargos en su contra en la noche del miércoles durante una gira de pre campaña por el sur del país. "Ninguno de ellos es más honesto que yo. Dieron vuelta mi casa, hasta mi colchón, abrieron el extractor de aire y no tuvieron el coraje de pedir disculpas y decir que no encontraron ni un centavo ilegal en toda mi vida", declaró. La "caravana electoral" terminará el miércoles próximo en Curitiba, sede del famoso tribunal número 13 del juez Sergio Moro, responsable de la condena inicial de Lula (a nueve años y medio de cárcel), ampliada en enero por el TRF4 a doce años y un mes.

Los fiscales de Curitiba se mostraron alertas ante la posibilidad de que el STF abra una brecha en la ejecución de penas a partir del fin de proceso de segunda instancia. Esa herramienta, junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas, han sido esenciales para condenar a poderosos empresarios y políticos en el marco de la Operación Lava Jato, que investiga una red de sobornos centrada en Petrobras. Y temen que ese precedente sirva para liberar a otros condenados.

La posible ejecución de la pena a partir de la condena en firme en segunda instancia fue decidida por el STF en 2016, en una apretada decisión de 6 votos contra 5, y sigue siendo objeto de fuertes controversias. Sus defensores argumentan que fue clave para desmontar grandes esquemas de corrupción, porque evita los interminables atajos jurídicos disponibles en las cuatro instancias judiciales de Brasil. Sus detractores, en tanto, afirman que viola la presunción de inocencia garantizada en la Carta Magna. "Una eventual alteración (de la norma) sería desastrosa para los avances registrados recientemente en la lucha contra la impunidad de la gran corrupción en Brasil", escribió Moro en una sentencia emitida el lunes de esta semana.

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