La Iglesia Católica española pide votar en contra de la ley del aborto

Madrid.— En un gesto muy poco habitual —por tratarse de un proyecto de ley que ni siquiera llegó al Parlamento, la Iglesia Católica española hizo ayer un llamamiento a los políticos católicos para que voten en contra de la propuesta de reforma del aborto impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En un comunicado de once páginas, la Conferencia Episcopal arremetió con dureza contra el texto y calificó de "inmoral e injusta" la nueva ley para la interrupción voluntaria del embarazo, que contempla el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, entre otras modificaciones.

"De acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto", señaló la jerarquía eclesiástica entrando de lleno en la batalla política. "El derecho a vivir no está a disposición de nadie: no puede ser violado por ningún ciudadano ni por el Estado", afirmó.

Los obispos, que confían en que no se apruebe el proyecto tal y como está redactado, argumentaron que los facultativos deben conservar intacto su derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos si no quieren intervenir en este tipo de prácticas médicas, e insistieron en que el aborto no puede ser una decisión privada, exclusiva de la mujer.

"El aspecto tal vez más sombrío (de la ley) es su pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el texto", aseguró el documento.

Las reacciones desde el Ejecutivo de Zapatero no se hicieron esperar. "Me parece, como siempre, que no saben cuál es su lugar", dijo sobre los obispos la vicepresidenta segunda Elena Salgado.

"En el ámbito de lo público la única moral posible es la Constitución. El bien común y los derechos de los ciudadanos se regulan en el Parlamento y no con morales privadas", dijo por su parte el portavoz parlamentario del Partido Socialista, José Antonio Alonso.

Apoyo parlamentario. El gobierno socialista todavía no envió el proyecto de reforma del aborto a las cámaras legislativas y probablemente ya no lo haga hasta septiembre, una vez que finalice el período de vacaciones estivales.

El texto definitivo, que en principio cuenta con un apoyo suficiente del arco parlamentario para salir adelante, no estaría aprobado hasta finales de año.

La ley actual del aborto en España, que data de 1985, permite la interrupción hasta la semana 12, si es un embarazo por causa de violación, y hasta la 22, si hay un riesgo vital para la madre o el feto. Además autoriza el aborto en cualquier fase del embarazo si un doctor certifica riesgo físico o mental para la madre. Esta cláusula es la más utilizada en la mayoría de los más de 100.000 abortos practicados cada año en España.

La iniciativa del gobierno, que sigue las recomendaciones de un comité de expertos, propone autorizar el aborto libre hasta las 14 semanas, y permitir el aborto hasta la semana 22 en caso de que el médico diagnostique un riesgo serio para la vida del bebé o la madre.

Uno de los puntos más polémicos es el que autoriza a las jóvenes desde los 16 años a abortar sin necesidad de un permiso paterno. Según encuestas, este artículo del proyecto ha chocado con un amplio rechazo de la sociedad española. Incluso los votantes socialistas rechazaron que las menores de edad puedan abortar.