La fiscalía general de Brasil apeló este viernes el dictamen del juez del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, quien el lunes pasado anuló dos condenas contra el ex presidente Lula da Silva, al considerar que se había violado la competencia jurisdiccional y los cargos en su contra son ajenos al caso Lava Jato. La Procuraduría General pidió que el caso sea considerado por el pleno de 11 jueces del Supremo. El juez Fachin ya había anticipado que él también pediría que el pleno del STF estudie el caso de Lula. En general, los fallos o dictámenes del máximo tribunal son colegiados y no individuales, como fue el de Fachin, juez designado como "relator" en la sala del STF que revisa los casos del Lava Jato.
La subprocuradora general informó en un comunicado que en caso de que la apelación sea rechazada pidió que se mantengan todas las pruebas aceptadas por el ex juez de Curitiba, Sergio Moro. “La fiscalía general entiende que la competencia del juzgado 13 de Curitiba debe ser mantenida”. Fachin, en cambio, indica que todo el material probatorio debe ser remitido a un tribunal federal de Brasilia, que deberá iniciar de "fojas cero" las investigaciones contra Lula da Silva. Su criterio es que el juez Moro se extralimitó al investigar a Lula en casos que quedan fuera del alcance del Lava Jato, que se limita a la petrolera estatal Petrobras.
La fiscalía general quiere que si el dictamen de Fachin no es considerado por los 11 jueces de la Corte que todo el material sea enviado a San Pablo, donde se encuentra la sede del Instituto Lula, entidad que dirige el ex mandatario y que está involucrada en dos de las cuatro causas.
La decisión de Fachin, según analistas, buscó que la Sala Segunda del STF no declarara "sospechoso" o "parcial" al ex juez Moro, no ya solo en los casos contra Lula sino en general en los del Lava Jato. La Sala Segunda se dedica a revisar los casos de esta operación.
Moro se vio comprometido en 2019, cuando ya era ministro de Justicia de Bolsonaro, por la filtración de mensaje en la red Telegram en los que conversa con los fiscales sobre las causas y les da consejos, algo que no puede hacer un magistrado. Las conversaciones fueron reportadas por el periodista británico Glenn Greenwald en el sitio The Intercept en junio de 2019. Para los críticos de Moro en esos chats Moro y los fiscales "aparecen arreglando un complot y medidas para perjudicar a Lula". La prensa brasileña bautizó el caso "Vaza Yato".
Pero si Fachin intentó frenar el análisis del caso Moro en la Sala Segunda, claramente falló. El martes pasado la sala del Supremo siguió adelante y trató la presunta "parcialidad" de Moro. Postergó una decisión cuando el resultado estaba 2 a 2, porque el quinto juez, Kassio Nunes Marques, llegado a la Corte por designación del presidente Jair Bolsonaro, pidió tiempo extra para expedirse.
Militantes bolsonaristas y seguidores de Moro escracharon esta semana a Fachin frente a su casa en la ciudad de Curitiba por la anulación de las condenas y permitir que Lula vuelva a tener sus derechos políticos, con los que puede ser candidato en 2022.
La secuencia judicial
Moro condenó en julio de 2017 a Lula a 8 años de cárcel. El caso pasó entonces a la Cámara de Apelaciones de Porto Alegre (TF4), que confirmó y agravó la pena a algo más de 12 años en enero de 2018. El caso llegó por un hábeas corpus al Supremo Tribunal Federal (STF), que el 5 de abril de 2018 hizo un debate público sobre el caso. Confirmó por 6 votos a 5 que una sentencia de segundo grado era suficiente para que la condena a prisión comenzara a cumplirse. A partir de este fallo dividido, la prisión de Lula se hizo efectiva el 8 abril de ese año. De esta forma, por los tiempos del proceso y sus apelaciones, Lula entró en prisión y no pudo participar de las elecciones de octubre de 2018, en las cuales era favorito. En esos comicios resultó electo Bolsonaro en segunda vuelta frente al candidato del PT, Fernando Haddad.
El argumento de la procuradora
La fiscalía general está a cargo de Augusto Aras, puesto en el cargo en 2019 por el actual mandatario brasileño. En su pronunciamiento de apelación, la Fiscalía o Procuraduría General considera que se debe mantener la competencia del 13º Juzgado Federal de Curitiba. El recurso pide que, si Fachin no reconsidera "su decisión monocrática", el tema sea estudiado por el pleno del Supremo. De manera que el caso Lula siga abierto o sea reiniciado desde fojas cero dependerá en última instancia de lo que definan los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF). Este tribunal es una corte constitucional y la última y máxima instancia judicial de Brasil.
Para la Fiscalía, debe mantenerse la jurisdicción del tribunal federal de Curitiba para las cuatro acciones penales contra el ex presidente Lula: los casos del "tríplex de Guarujá" (con condena de tres instancias penales), el del "sitio Atibaia" (condena de primer grado), la sede del Instituto Lula y las donaciones de la constructora Odebrecht al mismo instituto, que están aún en investigación en Curitiba. La Fiscalía General argumentó que se deben mantener las condenas y los procesos contra el líder del PT "en base a la jurisprudencia del Supremo, y con el fin de preservar la estabilidad procesal y la seguridad jurídica".
El recurso está firmado por la procuradora general adjunta, Lindora Araújo. Fachin determinó la anulación de las dos sentencias y remisión de los cuatro casos contra Lula al Tribunal Federal de Brasilia.
En caso de que esta primera petición no sea aceptada, la procuradora pide que, considerando "el avanzado estado procesal y en atención a la seguridad jurídica", la decisión de Fachin surta efecto y el Supremo "pueda decidir conservar todos los actos procesales de instrucción y decisión practicados anteriormente por el 13º Juzgado de Curitiba". Si se concede esta solicitud, sólo se enviarán a otro tribunal las dos causas en las que aún no fue condenado Lula: los dos casos relacionados con el Instituto Lula y que involucran a las constructoras OAS y Odebrecht.
En caso de que no se acepte ninguna de las solicitudes anteriores, Araújo pide que los procesos contra Lula sean enviados a la Justicia Federal de San Pablo, "en la medida en que los casos en cuestión abarcan hechos y valores relacionados con la propiedad y el instituto con sede en ese estado", esto es, el Instituto Lula. La procuradora "entiende que, por tener por objeto delitos cometidos dentro del esquema criminal que tuvo de víctima a Petrobras, todos los procesos se insertan en el contexto de la Operación Lava Jato, y, por ello, justamente, deben ser procesados ante el Juez del 13º Juzgado Federal de la Sección Judicial de Paraná". También señala que "la competencia del 13º Juzgado de Curitiba duró un largo período de unos cinco años", reseña la Fiscalía en su documento de apelación. Rebate así los argumentos de Fachin sobre la presunta extraneidad de las causas de Lula al Lava Jato.
La cúpula de la Fiscalía General y algunos miembros del STF evaluan que es difícil que el pleno del Tribunal deje sin efecto el dictamen de Edson Fachin, que el lunes 8 anuló las dos condenas del ex presidente en el Lava Jato. La decisión individual del juez permite por ahora a Lula presentarse a las elecciones de 2022. Dar marcha atrás con esa decisión tendría un peso político muy grande, y esto inhibiría a los jueces.
El juez supremo Marco Aurélio Mello ya ha indicado que no aprueba el camino elegido por Fachin. "Esta decisión fue realmente una bomba atómica, generando una inseguridad jurídica muy grande", dijo Marco Aurélio al portal paulista Estadão. "Ahora, esperemos al desenlace del caso que está en la Sala Segunda, en la que el héroe nacional, que tiene servicios prestados a la Patria, está pasando por bandido", añadió irónicamente, en referencia al ex juez Moro. La Sala Segunda del Supremo analiza si Moro actuó con "parcialidad" en los casos que llevó su tribunal.
Fachin no advirtió a sus colegas de antemano sobre el contenido de su dictamen, que haría a Lula "elegible", pero, después de la firma, se puso en contacto con ellos por teléfono. Según Estadão el presidente del STF vio con buenos ojos la maniobra del colega para "reducir el daño", es decir, tratar de quitar el foco del ex juez del Lava Jato Sergio Moro y, así, tratar de preservar otras condenas de la operación. Fachin habría optado por anticipar una decisión de la Segunda Sala sobre la parcialidad de Moro en la conducción del Lava Jato. El procedimiento puede invalidar las pruebas contra Lula, provocar un efecto cascada e invalidar otros procesos del Lava Jato. Fachin ha votado numerosas veces contra el criterio que adoptó el lunes pasado, algo que él mismo se ha encargado de destacar en el dictamen que favoreció a Lula. Dijo que lo hacía para allanarse al criterio mayoritario de sus colegas. Estos igualmente optaron por seguir con el análisis de la conducta de Moro en la Sala Segunda y ahora solo esperan el voto del quinto integrante, el juez más novato del STF, Kassio Nunes Marques, quien pidió tiempo para meditar su decisión. Es por todo esto que se considera que en realidad Fachin trató de "salvar" a Moro y sus numerosos juicios del Lava Jato al "soltar" el caso de mayor repercusión política y mediática, el de Lula.
La rápida reacción de otro condenado "ilustre"
Pero el antecedente que sentó ya fue utilizado por otros condenados por el Lava Jato y Moro. Uno de ellos un verdadero peso pesado de la política brasileña, el ex titular de Diputados Eduardo Cunha (PSDB) una figura clave en el juicio político y destitución de Dilma Rousseff en 2015. El martes, al día siguiente del dictamen explosivo de Fachin, e invocándolo, la defensa de Cunha se presentó ante el STF para pedir una anulación de todos los casos del ex juez Moro. La defensa de Cunha afirma que los mensajes publicados en la "Operación Spoofing" (los ya citados mensajes de Telegram entre Moro y varios fiscales) demuestran la "connivencia de Moro y el grupo de trabajo de Lava Jato" contra él. En cuarenta páginas, los abogados afirman que el caso es el "mayor escándalo del poder judicial brasileño" y una "burla sin precedentes".
Cunha fue condenado por corrupción en una operación de Petrobras para la adquisición de derechos de exploración de petróleo en Benín, África. El ex presidente de la Cámara también fue acusado de blanqueo de dinero por mantener enorme sumas de dinero en una cuenta bancaria en Suiza. No pudo justificar esos fondos y por esto también resultó condenado. Cunha recibió una condena de 14 años y cinco meses. Pero le fue sustituida por el arresto domiciliario el año pasado. La defensa alega que en uno de los diálogos de Moro se muestra que el entonces juez sabía que los fiscales denunciarían a Cunha, lo que plantea una proximidad indebida entre el magistrado y los fiscales.