La desarticulación oficial de la ETA, la agrupación vasca que bañó de sangre el retorno de España a la democracia, fue una noticia agridulce para Iñaki García, cuyo padre murió a manos de esa organización hace 38 años. Igual que muchas otras personas en el País Vasco, García esperaba desde hacía tiempo ese anuncio. Pero cuando finalmente llegó, a través de una carta que fue filtrada, García ni se mosqueó. "Este cierre llega insoportablemente tarde y llega en su peor forma", expresó García, cuyo padre, un representante regional de la empresa estatal de telecomunicaciones, fue secuestrado y muerto a tiros cerca de San Sebastián. Los asesinos nunca fueron identificados.
Después de matar a Juan Manuel García y otras 852 personas en su campaña por crear un Estado vasco, la ETA comenzó un largo camino hacia su disolución en 2011. Ese año declaró que no mataría más gente. Pero entregar las armas tomó otros seis años. Finalmente, en una carta al gobierno regional vasco y otros fechada a mediados de abril y difundida esta semana previo a la certificación de mediadores internacionales realizada el viernes en conferencia de prensa, la organización dijo que había "disuelto completamente todas sus estructuras". En la carta reconoce que no logró resolver el "conflicto político" de la región vasca. Pero para García, la organización tampoco reconoció explícitamente que recurrir a la violencia había sido un error. "ETA ha perdido una oportunidad histórica", sostuvo Iñaki.
Superada la amenaza de la agrupación, salen a la luz viejas heridas en la región vasca, que abarca los Pirineos en el norte de España y el sudoeste de Francia, donde ETA mató mucha gente pero también recibió mucho apoyo. Paralelamente, enfoca la atención en los retos por delante, desde la exigencia de reparaciones y justicia para los delitos no resueltos que hacen los sobrevivientes y sus familiares, hasta el futuro de casi 300 militantes presos. Un pedido online de "un final del ETA sin impunidad" ha recibido más de 50.000 firmas. El manifiesto que acompaña ese planteo dice que "ETA quiere poner el contador a cero" y solicita una investigación completa de 358 asesinatos que no han sido resueltos.
Consuelo Ordóñez, una de las abanderadas de esa iniciativa y hermana de un importante dirigente conservador muerto en 1995, exige al gobierno español del conservador Mariano Rajoy que se abstenga de conceder privilegios a los militantes de la ETA presos.
La suerte de los militantes presos sigue siendo un punto de tensión en la región vasca y en España en general. Muchos familiares continúan haciendo dolorosos viajes semanales a distantes cárceles donde están detenidos sus parientes en el marco de una "política de dispersión" vigente desde principios de la década de 1990.
La política busca debilitar la red de apoyo a la organización. Pero con la desaparición de la ETA, la mayoría de los vascos quiere que los militantes reciban el mismo trato que el resto de la población carcelaria. Esa postura, no obstante, tropieza con fuerte oposición legal y política. Tampoco la ven con buenos ojos los sobrevivientes a los atentados de la ETA y familiares de las víctimas. García es de los que quieren "nada más ni nada menos" que lo que reciben los otros reos. No busca revancha, asegura, pero considera que las ceremonias que llevan a cabo los separatistas en localidades vascas para recibir a los presos como héroes deben terminar. Y considera un "insulto" los pedidos de amnistía o cualquier arreglo como el que permitió la excarcelación adelantada de miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Irlanda del Norte.
Ni vencedores ni vencidos
A este profesor de 56 años le preocupa el mensaje que recibirán las generaciones futuras cuando ya no queden rastros de la ETA. "No es hora de hablar de vencedores y vencidos. A mí me gusta más bien hablar de ideas vencidas. Debe quedar claro que lo que ha quedado vencido y deslegitimizado para el futuro es esa visión utilitarista de las personas como objetivos militares para fines políticos", declaró García. "Es tiempo de superar el sufrimiento y hacerlo sin odio, aunque nos va a costar mucho reparar las heridas, tanto las individuales como las sociales".
Sara Buesa dijo que era reconfortante despertarse sabiendo que la organización separatista armada que mató a su padre, el dirigente socialista Fernando Buesa, ya no existe. Pero indicó que el dolor personal y las consecuencias de la violencia de la ETA en la sociedad permanecerán. "Somos un pueblo herido", declaró.
La sangrienta campaña de la ETA alcanzó su punto culminante a comienzos de los 80, cuando España pasaba de la dictadura de Francisco Franco a una democracia. ETA mató, hirió, secuestró y amenazó no solo a los militares y la policía, sino también a políticos, empresarios, civiles y algunos de sus propios militantes que querían dejar la organización. Al menos 60 personas fueron asesinadas por escuadrones de la muerte creados por las fuerzas de seguridad españolas y por agrupaciones ultraderechistas. Entre sus víctimas figuró Xabier Galdeano, periodista fundador del diario proindependencia Egin. Un sicario contratado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) lo mató a balazos en el sur de Francia en 1985, en el momento más álgido de la "guerra sucia" contra el terrorismo. Su hija Karmen Galdeano dice que está a favor de una reconciliación. "En este momento, nosotras, las víctimas del GAL, ni siquiera existimos", se quejó. "Euskal Herria necesita aclarar que ha habido violencia de ETA y violencia del Estado. Con que la declaración que ha hecho ETA la hiciese el Estado, sería un punto de partida de poder avanzar". "Cualquier asesinato está al mismo nivel, pero las consecuencias de ETA y los GAL no son equiparables", manifestó Gaizka Fernández, quien sostiene que no se puede pintar el conflicto vasco como uno entre dos bandos en guerra.
Historiador del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria, Fernández afirma asimismo que la sociedad vasca debe reconocer su complicidad con décadas de violencia. "Tenemos una imagen consoladora de una sociedad movilizada contra el terror, pero los hechos y los estudios no nos dicen eso", expresó. "Hay una minoría pacifista, pero la inmensa mayoría nos quedábamos en casa cuando ETA mataba".
Antídoto para futuros conflictos
El gobierno está construyendo un centro que guardará los documentos internos de la ETA. Fernández dice que espera que sea una fuente de investigación y educación sobre "todo tipo" de terrorismo, que sirva como antídoto contra futuros conflictos. "El caldo del odio es lo más peligroso porque puede hacer que la violencia rebrote en cualquier momento", manifestó.
Iniciativas destinadas a reunir a las víctimas de todos los bandos ayudan a combatir el espíritu de confrontación y la indiferencia de los sobrevivientes de todos los sectores. Estas gestiones se hacían en secreto y entre grupos pequeños al principio, pero se están expandiendo e incluyendo a ex miembros de la ETA. Compartir su experiencia personal ayudó a Galdeano a comprender que "el sufrimiento humano no entiende de bandos, de naciones o de banderas". En esos encuentros, esta mujer de 52 años admitió lo que describe como su responsabilidad en el conflicto vasco. "Todos somos responsables de habernos negado el saludo en las calles", indicó. "Pero poco a poco estamos dándole la vuelta a la tortilla".
García y Buesa también participaron en reuniones y compartieron sus impresiones sobre las matanzas de sus padres en aulas escolares del país. Para Buesa, las víctimas y sus familiares "tenemos la responsabilidad de ser pedagógicos con nuestra experiencia de convertir el dolor en una lección de vida".
García incluso visitó a militantes de la ETA arrepentidos, una experiencia muy dura que lo ayudó a entender cómo se preparaban sus militantes para ignorar el hecho que sus víctimas eran seres humanos.
"La convivencia es algo que hay que construir de abajo hacia arriba", dijo el profesor de márketing, quien estima que no se puede dar vuelta la página de ETA demasiado rápido. "Ahora llega la parte más difícil".
