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La defensa de Dilma pidió que se anule el juicio político, tomado como "una venganza"

Impeachment. El abogado general del gobierno, José Cardozo, insistió en que el proceso contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff no tiene bases sólidas.

Martes 05 de Abril de 2016

La defensa de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió ayer la anulación del juicio político que se le sigue a la mandataria en el Congreso al considerar que no existe delito a ser juzgado, que se trata de un golpe de Estado hecho mediante la ruptura institucional y que el proceso fue instalado como una "venganza" por parte del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

En una exposición de casi dos horas, el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, presentó la posición de la presidenta en la cuenta regresiva hacia la votación del juicio político, haciendo advertencias incluso, sobre la falta de legalidad y legitimidad de un posible gobierno del vicepresidente Michel Temer ante el mundo.

"Este proceso fue abierto como venganza. Brasil está a merced de un chantajista. Hubo desvío de poder, el proceso está viciado y por eso es ilegal y nulo", dijo Cardozo, quien ejerció la defensa de la mandataria en la última sesión abierta de la comisión de juicio político, que el próximo lunes se propuso votar si eleva el juicio o no al plenario de la Cámara de Diputados.

El titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) insistió en la línea política del gobierno: que este juicio político es un "golpe de Estado" porque no existe "atentado a la Constitución" que lo justifique, tal como lo marca la ley.

El proceso que se lleva adelante es un "golpe de Estado, sin bayonetas, sin cañones, apenas rompiendo la Carta Magna". "Sería un error histórico que jamás será perdonado, mal visto internacionalmente, generador de inseguridad jurídica y de conflictos inaceptables", subrayó Cardozo. Y enfatizó: "Por más poder que tenga un gobierno surgido después de este golpe, no será legítimo ni acorde a derecho, poco importa si los que vienen son probos o no, tendrá una legitimidad de la ruptura constitucional".

"No se aparta —explicó— a un presidente en un sistema presidencialismo si no existen presupuestos claros e indiscutibles. Esto no existe aquí. Es necesario un acto de mala fe, un acto violento de la presidenta".

Pero la defensa técnica incluyó también una interpretación jurídica sobre el accionar de Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados procesado por corrupción que autorizó en diciembre el juicio político contra Rousseff, luego de que el Partido de los Trabajadores (PT) votara a favor de que se lo investigara por falta de decoro ya que no declaró cinco cuentas en Suiza.

El Panamá Papers, el caso divulgado de las cuentas secretas y empresas offshore radicadas en Panamá, atribuye a Cunha una empresa no declarada ante las autoridades brasileñas.

"Por lo tanto, para salvar su propio proceso, cometió un desvío de poder, por lo tanto es ilegal, está viciado con la teoría del pecado original", agregó sobre Cunha, quien ha llevado a la dirección nacional del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña(PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, a pasarse a la oposición y a apoyar la destitución de Rousseff..

En otro frente, sostuvo que la acusación hecha por los juristas del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, el ex ministro Miguel Reale Junior y Janaína Paschoal, es "infundada" porque habla sobre la violación a la ley de responsabilidad de 2014, es de decir, correspondiente al mandato de 2014, el primero de Rousseff y sin competencia para ser juzgado.

El ministro dijo que las maniobras fiscales de 2015 aún no fueron sometidas al Tribunal de Cuentas de la Unión y que lo que hubo fueron operaciones de crédito dentro del presupuesto, respetando la meta fiscal, con resoluciones del Ministerio de Economía. "Esto no es un atentado a la Constitución y no configura crimen de responsabilidad. Entonces todos los gobernadores y alcaldes deberán ser sometidos a juicio político a partir de ahora", ejemplificó.

"Incluso el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) no cumplió la meta fiscal. Este sí. Se crean tesis a partir de presupuestos políticos para fundamentar la acusación, lo que hiere a las instituciones", apuntó.

En nombre de Rousseff, Cardozo, quien hasta marzo fue ministro de Justicia, afirmó que no se puede judicializar la disputa política. "Pedimos rechazar las denuncias porque no constituyen crimen de responsabilidad. Este juicio fue originado al margen de la ley. La historia y el mundo no están observando".

Los diputados de la comisión de juicio político tendrán cinco sesiones para debatir antes de votar si elevan al plenario el expediente de destitución.

La oposición necesita 342 votos (dos tercios) para procesar a Rousseff y elevar el juicio político al Senado, donde una votación de mayoría simple decidirá si acepta o no el caso.

Si la acepta, Rousseff deberá tomar una licencia de 180 días hasta que el Senado vote su destitución, siempre con dos terceras partes.

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