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La Corte Suprema chilena liberó más represores de la dictadura de Pinochet

La decisión de la Justicia chilena de liberar a un grupo de militares condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) reavivó ayer la polémica en Chile por las concesiones a procesados por crímenes de lesa humanidad.

Jueves 02 de Agosto de 2018

La decisión de la Justicia chilena de liberar a un grupo de militares condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) reavivó ayer la polémica en Chile por las concesiones a procesados por crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema concedió el martes la libertad condicional a cinco y ayer a otros dos ex agentes de los aparatos represores del régimen castrense tras acoger favorablemente sendos recursos de amparo interpuestos por sus abogados. "Los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad", justificó el Tribunal.

Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas que cumplían sentencias por graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los casi 17 años de la dictadura que encabezó Pinochet. Tras la sentencia judicial, los siete militares quedaron en condiciones de dejar el penal de Punta Peuco, una cárcel especial ubicada al norte de Santiago de Chile, donde están recluidos y condenados por crímenes de lesa humanidad alrededor de un centenar de militares y civiles que integraban la temida policía secreta del dictador.

La resolución el máximo Tribunal de Justicia fue duramente criticada por organismos defensores de los derechos humanos. "Esta resolución, que es preocupante, es grave, está violando todos los principios y las jurisprudencias de los tribunales penales internacionales sobre beneficios carcelarios a genocidas o criminales de lesa humanidad", señaló Carmen Hertz, abogada en casos de derechos humanos y diputada del Partido Comunista.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, estimó que la decisión pone a la Corte Suprema "al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura cívico-militar". La dirigente, que encabezó ayer una protesta en frente de los tribunales, dijo que la organización evalúa recurrir a instancias internacionales. El dictamen judicial se produce a poco más de un mes de que se cumplan 45 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

Durante la dictadura, que se prolongó hasta 1990, unas 3.500 personas desaparecieron o fueron ejecutadas por agentes del Estado y otras 35.000 fueron sometidas a torturas.

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