El plenario del Tribunal Supremo Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, ratificó la anulación de las condenas impuestas a Lula da Silva en la operación Lava Jato. La Corte confirmó así un dictamen individual del juez supremo relator del caso, que favoreció el pasado 8 de marzo a Lula y lo habilitó para retomar su carrera política.
Por 8 a 3, el Tribunal Supremo Federal (STF) decidió anular las condenas impuestas por la Operación Lava Jato al ex presidente Lula, lo que lo deja en condición de ser elegido presidente el año que viene y por tanto capaz de competir en las próximas elecciones presidenciales. En la práctica, el pleno confirmó el dictamen del juez supremo (ministro) Edson Fachin, que consideró que la Justicia Federal de Curitiba no era competente para investigar a Lula, ya que los cargos planteados contra el ex presidente no se relacionaban directamente con un multimillonario desfalco en Petrobras, que es lo que investigaba el Lava Jato.
La declaración de incompetencia de Curitiba no implica sin embargo la declaración de inocencia de Lula, como han dado a entender sus seguidores. Todavía está bajo estudio si las cuatro acciones penales que apuntan a Lula (el tríplex de Guarujá, el rancho de Atibaia y dos donaciones al Instituto Lula) serán remitidas a la Justicia Federal de Brasilia o de San Pablo. Pero este cambio de sede no implica el cierre de las causas, sino su reinicio.
Sólo el presidente del STF, Luiz Fux, el decano del Supremo, Marco Aurélio Mello, y el ministro Kassio Nunes Marques se posicionaron a favor del recurso de la Procuraduría General de la República (PGR) para mantener la validez de las decisiones tomadas por la Justicia Federal de Curitiba contra Lula. Según el voto de los tres, Lula sería inelegible y no podría presentarse a las presidenciales de 2022.
Sin embargo, prevaleció el entendimiento de Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luis Roberto Barroso y Carmen Lucia, quienes votaron a favor de la decisión del relator de Lava Jato, que benefició a Lula y lo hizo "elegible". Barroso no votó por videoconferencia, desde su despacho o residencia. El ministro utilizó el teléfono móvil para dar el voto, mientras acompañaba a su esposa en un hospital.
El debate del STF se reanudará el próximo jueves (22), cuando el pleno examinará otro punto delicado: si se archiva o no la suspensión del ex juez federal Sergio Moro. Por el razonamiento de Fachin, si la condena que Moro impuso a Lula en la acción del triplex de Guarujá ya no existe, no tiene sentido discutir la actuación del ex juez federal en el caso. Aun así, la Segunda Sala del Supremo decidió el mes pasado, por 3 a 2, declarar a Moro parcial en el caso. Ahora, la última palabra la tendrá el pleno, que está dividido sobre la cuestión.
La sospecha de parcialidad del entonces juez federal Moro es una cuestión clave para el futuro del Lava Jato y Lula, porque los jueces supremos decidirán si las pruebas recogidas por el ex juez pueden ser reutilizadas o no por el futuro juez que tomará los casos del ex presidente. Uno de los temores de los investigadores federales y fiscales es que se produzca un efecto cascada que anule otros procesos de Lava Jato en los que actuó Moro.
"La fiscalía terminó poniendo en todas las denuncias el nombre de Petrobras... en ninguna de las denuncias, ni la fiscalía ni el juez Moro cuando se condenó, en ninguno de ellos señaló que el dinero provenía de (la constructora) OAS, o Odebrecht, o cualquier persona, o de un contrato de Petrobras", remarcó el juez Moraes. "Lo cual no significa que los hechos se hayan producido o no, sino que cada hecho debe ser analizado dentro de sus características", añadió el ministro.
El debate del STF sobre los juicios de Lula se reanudó este jueves, después de que los ministros decidieran ayer que el caso debía ser examinado por el pleno, y no por la Segunda Sala, como pretendía la defensa del líder petista.
Los jueces deben aún definir si mantener o anular, en su totalidad o en parte, todos los puntos planteados en el dictamen que el juez Fachin emitió hace un mes: la anulación de las condenas de Lula en el Lava Jato; el envío de los cuatro procesos (triplex de Guarujá, quinta de Atibaia, lote del Instituto Lula y donaciones de Odebrecht al mismo instituto) a la Justicia Federal de Brasilia o San Pablo y el archivo de la "sospecha de parcialidad", del ex juez federal Sergio Moro.
"Extraigo una conexión muy lejana entre la conducta imputada y su repercusión en el patrimonio de Petrobras, insuficiente para atraer la incidencia de las normas de conexión. No hay lugar para reformar la decisión del eminente ponente", señaló la jueza Rosa Weber.
El juez Kassio, en cambio, dijo que la competencia del 13º Tribunal Federal de Curitiba se da por conexión, es decir, los actos denunciados por el Lava Jato que habrían sido practicados por Lula estarían relacionados con los desvíos de Petrobras. El ministro también afirmó que los procesos no podían ser anulados.
"Parece que los hechos versados en las acciones criminales descritas están, de hecho, directamente asociados con el esquema criminal de corrupción y lavado de dinero investigado en el contexto de la Operación Lava Jato cuya nocividad vino a perjudicar exclusivamente a Petrobras. Y así, la competencia, en mi opinión, es del 13º Tribunal Federal", dijo a su vez el juez Nunes Marques.
Por su parte, el juez relator del caso, Fachin, alegó que los cargos planteados contra Lula apuntan a la existencia de un grupo criminal en posiciones estratégicas en la estructura del gobierno federal, algo que no se limita a Petrobras, sino que abarca "una amplia gama de organismos públicos en los que fue posible el logro de objetivos políticos y financieros espurios". En los casos en los que se produjo una discusión similar, el STF acabó decidiendo que el tribunal federal de Curitiba no era competente para investigar a los acusados.