El Mundo

La Corte de Brasil le redujo a Lula la pena de 12 años de prisión a ocho

La sentencia, aprobada en mayoría, le permitirá al ex presidente de Brasil acceder en septiembre a un régimen semiabierto

Miércoles 24 de Abril de 2019

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil aprobó ayer en su mayoría reducir la pena de 12 años y un mes de prisión contra el ex presidente Lula da Silva, a ocho años y diez meses de cárcel, publica el portal América Economía.

Este fallo, que no podrá ser revertido por el último magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), permitirá al ex mandatario de izquierda, de 73 años, beneficiarse en septiembre con un régimen semiabierto, con derecho al trabajo diurno, de acuerdo con expertos judiciales. El magistrado ponente del Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil ha abogado por reducir la condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el caso de un departamento tríplex de lujo que no está a su nombre, en la vista que se celebró ayer en la Corte de Apelaciones para decidir al respecto.

El juez Felix Fischer, que ejerce de relator para este caso, ha propuesto rebajar la pena de 12 años y un mes de cárcel que pesa sobre Lula a ocho años y diez meses, según informa la Agencia Brasil.

En cambio, ha negado las supuestas irregularidades procesales que alega la defensa para mejorar el fallo contra el antiguo líder sindical.

"Un preso político"

El líder del Partido de los Trabajadores fue encontrado culpable en primera instancia -y ratificada en segunda por la cámara de Porto Alegre- de haber recibido un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, estado de Sao Paulo, por parte de la empresa constructora OAS. Una carta de la defensa es que Moro no encontró vínculos entre la corrupción en Petrobras y el inmueble en Guarujá, sino que lo atribuyó a "hechos indeterminados" como parte del dinero que OAS le entregó al PT como aportes ilegales de campaña.

La defensa de Lula sostiene que el ex presidente es un preso político que fue condenado, detenido e incomunicado en una sala de la policía en Curitiba para evitar su participación en las elecciones de octubre pasado, en las cuales figuraba como favorito. La condena está sustentada en la delación premiada de un ex socio de OAS, Leo Pinheiro, que dijo que el departamento, según él, estaba destinado a Lula.

El inmueble había sido adquirido desde el pozo en 2006 por una cooperativa del sindicato de los bancarios de la que formaba parte la esposa fallecida de Lula, Marisa Leticia Rocco, pero por falta de fondos le pasó el emprendimiento a OAS.

Lula sostiene que desistió de poseer el departamento y que nunca hizo opción de la compra, pero la fiscalía afirmó en su acusación que formó parte de un acuerdo a cambio de tres contratos obtenidos en la petrolera Petrobras. Pero el juez Moro, en su sentencia, escribió: "Este magistrado jamás afirmó en la sentencia que los valores obtenidos por la constructora OAS en los contratos con Petrobras fueron usados para pagos indebidos al ex presidente".

La defensa buscará también llevar el caso a la Justicia electoral, ya que el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, recortó los poderes de jurisdicción de Lava Jato. Este caso, como Moro lo ubicó dentro de donaciones ilegales -algo que igualó con corrupción personal- puede tener chances de ser enviado a la Corte Electoral. El departamento nunca estuvo a nombre de Lula, pero la acusación dijo que era un propietario oculto del mismo.

La ley brasileña permite que un condenado, pueda optar por un régimen semiabierto cuando haya cumplido 1/6 de la pena, en caso de haber demostrado un buen comportamiento, aunque en el caso de delitos económicos también se debe cumplir con la condición de haber reparado el daño causado, consigna el diario Folha de Sao Paulo.

Lula fue condenado por recibir un triplex como soborno por parte de la constructora Odebrecht, aunque la propiedad no está a su nombre, y la Justicia brasileña avalúa los daños en 13,7 millones de reales (3,48 millones de dólares), aunque al ex presidente le tienen sus cuentas bloquedas, donde registra 9,8 millones de reales (2.49 millones de dólares).

En el régimen semiabierto, los condenados abandonan la prisión y pueden llevar una vida normal durante el día, incluso trabajando, teniendo que volver a la noche a domir a un centro de reclusión, pero debido a un déficit que hay en Brasil en estos lugares, se les permite a los reos dormir en sus casas bajo vigilancia.

El año pasado, Lula fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS a sus favores políticos. El ex mandatario brasileño ha combatido con todos los recursos posibles este fallo, pero no ha logrado revertirlo. Desde abril de 2018, está encarcelado en la prisión de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba. En febrero, Lula recibió otra condena a 12 años y 11 meses de cárcel por las reformas que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida a Lula en Atibaia, Sao Paulo, en otro pago a sus favores políticos, según el fallo.

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