Jueces y médicos, cómplices de torturas

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde sufrió su calvario el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, se fue imponiendo con durante 2018 y lo que va de 2019, una estructura de poder para liquidar, por vía física pero sobre todo psicológica, a quienes caen detenidos por sospechas de conspiración, asegura la periodista venezolana Sebastiana Barráez en un informe para Infobae.

El jefe de la DGCIM es el mayor general Iván Hernández Dala, que ha tenido una acelerada carrera de ascenso como hombre de confianza de Nicolás Maduro, no sólo como jefe de Contrainteligencia Militar sino de la Guardia de Honor Presidencial. Uno de los hombres claves en ese triángulo de terror en que se han convertido los sótanos de la DGCIM es el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga. Este oficial ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Es un hombre de absoluta confianza del general Hernández Dala, lo que le ha permitido imponer actos brutales contra detenidos.

El otro factor en ese entramado de tortura son los tribunales militares. Un ejemplo es la jueza militar Claudia Pérez Benavides de Mogollón. Hace caso omiso cada vez que un militar detenido ha sido presentado con evidentes signos de tortura, además maniobra para impedir a los detenidos presentarse con abogado privado. La jueza hace que los imputados sean asistidos por defensores públicos militares. El otro elemento es un grupo de médicos forenses del Hospital de El Llanito, quienes se limitan a firmar las certificaciones sobre los detenidos. Omiten las marcas, moretones y heridas de los presos.

El Código procesal penal establece que debe notificarse al Fiscal en las primeras 8 horas de un arresto y presentar al detenido ante el tribunal en las primeras 48 horas. En el caso del capitán Acosta Arévalo pasaron 7 días antes de ser presentado al tribunal, a donde llegó brutalmente golpeado, según denunció su abogado Alonso Medina.