Irán ahorcó a un periodista por informar sobre una ola de protestas

Un año después de su secuestro en Irak tras una operación de las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria, Irán ahorcó al periodista y activista Ruholá Zam. El delito que lo condenó a muerte: haber informado de las masivas protestas populares de 2017 contra el régimen iraní.

La pena capital se ejecutó cuatro días después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de muerte contra el responsable del canal noticias Amad News, a quien acusaron de alentar las protestas populares de 2017, que estallaron en todo el país a causa de la grave crisis económica. En junio, el poder judicial iraní en manos exclusivas de clérigos lo condenó a la pena máxima por "corrupción en la Tierra", figura penal de claro origen religioso y que utiliza la república islámica para casos de presunto espionaje. Es típico del régimen iraní acusar de "espionaje" a cualquier figura opositora de cierto relieve, como era el caso de Zam.

Zam, de 47 años, fue secuestrado en Irak en octubre de 2019, después de una década de exilio en París, donde según la justicia iraní operó bajo las instrucciones y protección de los servicios de inteligencia de Francia, Israel y Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria informó en su momento que lograron capturar a Zam tras una "operación profesional" en la que, gracias al empleo de "métodos modernos y estratagemas innovadoras", lograron "guiar" a Zam de vuelta"al país y detenerlo". Esta versión no resulta creíble, dado que Zam sabía que de volver a Irán sería asesinado o condenado a muerte. El periodista había abandonado la república islámica en 2009, año en el que fue detenido de forma temporal por participar en las protestas que siguieron a las fraudulenta reelección del integrista Mahmoud Ahmadineyad como presidente.

Desde el exilio, Zam trabajó en el canal de Telegram Amad News, un medio que las autoridades iraníes consideraron "web contrarrevolucionaria", y en 2017 lo acusaron de "difundir contenido incriminatorio contra el sistema islámico, insultar a las santidades de los musulmanes iraníes y publicar noticias falsas para abrir una brecha entre el pueblo iraní y su Gobierno". Como es obvio, con estos criterios penales, cualquier periodista independiente y crítico es imputable de graves crímenes.

Protestas económicas

El 28 de diciembre de 2017 estallaron protestas a nivel nacional por la complicada situación económica del país. Al menos 21 personas perdieron la vida en los choques con las fuerzas de seguridad, entre ellas un niño, y hubo más de 450 detenidos en las más de sesenta localidades en las que se registraron incidentes. A diferencia de lo ocurrido en 2009, cuando los iraníes desafiaron al sistema para mostrar su ira por la reelección fraudulenta de Ahmadineyad como presidente, Teherán fue un mero testigo de estas protetas, que se desarrollaron principalmente en las provincias. Con el paso de los días, el factor económico dejó paso a las reivindicaciones políticas contra el régimen islámico.

Desde organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron esta ejecución que tildaron de «crimen». El periodista iraní de The Washington Post, Jason Rezaian, escribió en Twitter que "no hay justificación para la pena capital, pero cuando se pretende silenciar una voz disidente y reprimir las voces de millones de personas, es aún más atroz".