El Mundo

Hace un año, comenzaba una ola de protestas contra el régimen de Maduro

Indignados con dos sentencias del Tribunal Supremo, los venezolanos ocuparon las calles durante cuatro meses pese a la brutal represión

Martes 03 de Abril de 2018

En abril del año pasado comenzaban en Venezuela cuatro meses de protestas contra el gobierno chavista de Nicolás Maduro, que dejaron al menos 134 civiles asesinados y miles de heridos en la brutal represión, de la que fueron parte los grupos parapoliciales llamados "colectivos". Se sumaron además cientos de presos políticos, muchos en el temido edificio central del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin. Esta represión sistemática causó el aislamiento internacional del régimen de Maduro, pero este avanzó con la elección irregular de una Asamblea Constituyente que usó de instrumento para anular al único poder en manos opositoras, el Congreso unicameral y recortar las pocas libertades aún existentes. Ahora, un año después, Maduro se prepara para lograr la reelección en los comicios del 20 de mayo frente a una oposición desarticulada, con sus principales figuras en el exilio, la prisión o inhabilitadas. Tanto la OEA como la Unión Europea han considerado estas elecciones no competitivas y faltas de garantías y transparencia. Todos los analistas consideran que, de haber unas elecciones regulares, Maduro y el chavismo serían fácilmente vencidos, dada la crisis económica sin precedentes en que el régimen creado por Hugo Chávez hundió a Venezuela.

El malestar popular estalló apenas comenzado abril de 2017, pero el detonante se produjo el día 4 de ese mes, cuando una gran movilización hasta la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) fue reprimida con gases lacrimógenos y golpes por la policía para impedir su llegada hasta la sede legislativa, en el centro de Caracas. Días antes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), totalmente bajo control del chavismo, había emitido dos sentencias que despojaron a la Asamblea de sus atribuciones, lo que provocó la reacción de la mayoría opositora.

La manifestación del 4 de abril fue impedida por la fuerza, así como todos los siguientes intentos que hizo la oposición para llegar al centro de la ciudad, ya que las fuerzas de segurida desplegaron todo su poder represivo, incurriendo en un uso abusivo de la fuerza. Se multiplicaron los casos de ahogos por gases lagrimógenos, usados en cantidades que produjeron numersoso fallecimientos. En ese contexto, operaban los "colectivos", con asesinatos alevosos de manifestantes mediante armas de fuego. Pese a todo esto, las marchas alcanzaron una masividad pocas veces vista en Venezuela. La autopista Francisco Fajardo, que une el este y el oeste de Caracas, fue el escenario de marchas multitudinarias día tras día en abril, mayo, junio, y julio. Pero la constante represión comenzó a hacer mella en los venezolanos.

Las protestas se repitieron y llegaron a esparcirse por muchos de los 23 Estados del país. Cada semana se anunciaban concentraciones y marchas que tuvieron el mismo desenlace: muertos y heridos a manos de la Guardia Nacional y "colectivos" y denuncias de atropellos de los cuerpos de seguridad. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante las protestas y en las cárceles del Sebin. Otro punto claramente ilegal fue el enjuiciamiento de cientos de detenidos en los disturbios por tribunales militares, bajo las reglas de la justicia castrense.

La Constituyente

Las protestas se prolongaron hasta fines de julio, cuando se celebró la muy cuestionada elección de la Asamblea Constituyente dotada de poderes absolutos. Rápidamente, comenzó a emitir resoluciones de sesgo represivo y sumió las facultades de la Asamblea Nacional. La elección se hizo con un padrón alterado y recortado y con colegios electorales hechos a medida para el chavismo. La oposición se abstuvo en bloque y las elecciones de constituyentes fue repudiada por muchos actores regionales, como la OEA. La empresa Smartmatic, que proveía los servicios informáticos, denunció que las cifras de participación fueron alteradas e "infladas". Con esto, el descrédito de esas elecciones fue completo.

La Constituyente, que se arrogó poderes plenipotenciarios, convocó en 2017 las elecciones de gobernadores y alcaldes y este año fijó las presidenciales para el 22 de abril, que luego mudó para el 20 de mayo. Aunque Maduro tiene un amplio rechazo en todas las encuestas por el carácter cada vez más militarista de su gobierno y la hiperinflación con recesión de la economía, sus poderes absolutos han permitido desarticular a la oposición, que no ha podido anotar a sus líderes más populares, todos ellos en prisión, en el exilio o inhabilitados por las autoridades electorales.

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