Grecia y la troika europea llegan a un principio de acuerdo sobre el rescate
Atenas. - El gobierno de Atenas y la troika europea (FMI, Banco Central Europeo y la Comisión Europea) llegaron a un principio de acuerdo sobre los recortes exigidos para que el país reciba un nuevo préstamo internacional, el segundo, según una fuente del Ejecutivo griego.
8 de febrero 2012 · 01:00hs
Atenas. - El gobierno de Atenas y la troika europea (FMI, Banco Central Europeo y la Comisión Europea) llegaron a un principio de acuerdo sobre los recortes exigidos para que el país reciba un nuevo préstamo internacional, el segundo, según una fuente del Ejecutivo griego. Los líderes de los partidos políticos que forman el gabinete de coalición -socialdemócratas, conservadores y ultraderecha- debían dar ayer su visto bueno en una reunión con el primer ministro Lucas Papademos, pero, pese a las presiones internacionales, el encuentro fue pospuesto para hoy. Miles de personas, en tanto, ganaron ayer las calles de Atenas y otras ciudades griegas en la primera huelga del año convocada por las principales centrales obreras contra el nuevo ajuste.
Una fuente del gobierno griego dijo que de momento es sólo un borrador de acuerdo, y hasta que no reciba el visto bueno de los líderes políticos no se puede considerar cerrado. Se trata de un paquete de medidas adicionales de ahorro exigido por Europa para que Grecia obtenga un nuevo crédito, de al menos 130.000 millones de euros, que evite su bancarrota. A un eventual plácet de los líderes políticos seguiría hoy mismo su aprobación en Consejo de Ministros y una tramitación de urgencia en el Parlamento heleno. No obstante, diputados de los partidos en el gobierno ya han mostrado su rechazo a las nuevas medidas de austeridad exigidas por la troika.
Drásticos recortes. De acuerdo a los medios griegos, éstas serían una rebaja de entre el 20 y el 25 por ciento del salario mínimo (actualmente 751 euros brutos), recortes del 20 por ciento de las pensiones por encima de 1.000 euros y una disminución sustancial de los complementos que superen los 150 euros en todas las pensiones. Además, incluye los despidos de 15.000 funcionarios y de personal con contratos no fijos, drásticos recortes de los salarios en las empresas públicas y privatización inmediata de éstas, liberalización de las profesiones «cerradas» (como taxistas o notarios) y abolición de los convenios colectivos.
La troika europea ha advertido de que, si no se ratifican estas medidas, no habrá un nuevo préstamo de 130.000 millones de euros y tampoco permitirá que se proceda con la quita de la deuda pactada entre Grecia y los bancos privados. Sin préstamo y sin quita, Grecia se encaminaría hacia la bancarrota el próximo 20 de marzo, cuando debe desembolsar 14.400 millones de euros en vencimientos de deuda, de los que ahora mismo carece.
Un país paralizado. Yorgos Karatzaferis, líder del ultraderechista Laos y tercer socio de la coalición de gobierno, advirtió de que no apoyará un acuerdo que "esté en contra de la Constitución griega" y exigió que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre si las exigencias de la Unión Europea a Grecia son conformes a los tratados europeos.
Los inminentes y drásticos recortes han enfurecido a los sindicatos griegos, los cuales organizaron una huelga general nacional que paralizó ayer el servicio de trenes y transbordadores, mientras que muchas escuelas y bancos permanecieron cerrados y los hospitales trabajaron con plantillas mínimas.
La policía debió lanzar gases lacrimógenos para repeler a centenares de manifestantes que se oponen a las medidas de austeridad y que quemaron una bandera alemana e intentaron entrar en el Parlamento al grito de "íFuera, nazis!".
La bancarrota, en cierne. Atenas debe aplacar a sus acreedores para obtener el segundo préstamo de contingencia y evitar con ello la bancarrota a mediados de marzo, ya que no dispone de fondos para pagar el vencimiento de los bonos soberanos que caducan en esa fecha. El lunes, el gobierno de Papademos cedió a las demandas de reducir la plantilla de funcionarios públicos, con la eliminación este año de 15.000 empleos en ese sector, de un total de 750.000. La decisión rompe un tabú, ya que los empleos en el sector público han estado protegidos por más de un siglo para evitar purgas políticas de gobernantes que pretendieran dar las plazas a sus partidarios.