Las retrasadas negociaciones del Consejo Europeo de Bruselas, que debe definir los presupuestos de la Unión Europea (UE) para el período 2014-2020, se adentraban anoche en un laberinto sin salida. Por un lado, el primer ministro británico, David Cameron, puso un veto explícito: si no se aplica más tijera al gasto, Londres bloqueará el acuerdo. Gran Bretaña cuenta con el apoyo de Alemania y casi todo el resto de Europa del Norte. A su vez, el presidente del Parlamento Europeo, amenazó con no admitir “recortes excesivos”.
“La UE no debería permanecer ajena a las presiones que hemos tenido para reducir los gastos, buscar ser más eficaces y garantizar que gastamos el dinero de manera razonable”, aseguraba Cameron a la entrada del Consejo Europeo. “Cuando estuvimos aquí la última vez, en noviembre, las cifras que figuraban sobre la mesa eran demasiados elevadas. Es necesario que bajen y si no se reducen, no habrá acuerdo”, amenazó Cameron al entrar a la reunión.
La última propuesta de las llamadas Perspectivas Financieras presentada por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, habla de un presupuesto de 972.000 millones de euros, el 1,01% del producto interior bruto (PIB) de la UE, lo cual supone cerca de 22.000 millones de euros menos que en el presupuesto 2007-2013. Pero el recorte podría ser mayor si se impone la tesis de Cameron.
Desde el fracaso de la cumbre anterior en noviembre pasado, Van Rompuy ha mantenido conversaciones con muchos de los jefes de Estado y de gobierno comunitarios. En la nueva propuesta, el belga propuso anoche recortes de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, en un intento por acercarse a las posturas de Reino Unido y Alemania. Tanto Londres como Berlín reclamaron en noviembre recortes de 30.000 millones de euros, aunque no lograron imponerse.
El borrador supone una reducción de unos 80.000 millones de euros respecto al texto inicialmente propuesto por la Comisión Europea en noviembre, pero sigue sin contentar a Londres. Parece que las partidas más afectadas por los recortes serán el de gastos de administración europea (sobre todo a los funcionarios) y en infraestructuras, energía y telecomunicaciones. La postura “euroescéptica” de Londres, que sigue a su reciente anuncio de que convocará antes de 2018 un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la UE, podría hacer naufragar por segunda vez la cumbre del presupuesto, lo cual obligaría a Europa a prorrogar los presupuestos actuales e irlos adecuando anualmente, extremo que perjudicaría sobre todo a socios como España y Grecia.
Varios frentes. En el campo de batalla de Bruselas hay varios frentes: por un lado los paladines del ahorro, encabezados por Cameron, y secundados por la canciller alemana, Angela Merkel, y aliados como Holanda, Finlandia y Austria; y por otro, el grupo del sur, que no quiere perder beneficios de Bruselas en políticas de cohesión o de la Política Agrícola Común (PAC), las subvenciones al campo. En ese último plano se colocan el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente francés, François Hollande, y el primer ministro italiano, Mario Monti, quienes hacían causa común anoche para contrarrestar las tijeras británicas.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, amenazó anoche con vetar los presupuestos si son “excesivamente restrictivos”. “Les repito lo que les dije en noviembre: estamos dispuestos a ahorrar. No obstante, cuanto más se alejen de la propuesta de la Comisión Europea, más cerca estarán del rechazo del Parlamento Europeo”, advirtió. “No podemos acordar que para mantener pagos a la agricultura y de cohesión por un lado tengamos que reducir en innovación y promoción de la tecnología”, agregó.
En la cumbre europea de noviembre Rajoy logró que Van Rompuy le ofreciera un “cheque español”, valorado en 2.800 millones de euros, que irían destinados sobre todo a programas de “cohesión”, y cerca de 500 millones de euros para agricultura. Van Rompuy ofrece ahora además la creación de un fondo para combatir el desempleo juvenil, que podría contar con una dotación de entre 3.000 y los 5.000 millones de euros, según algunas fuentes diplomáticas, de los que España sería la principal beneficiaria.
