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Garzón pierde la batalla legal por los crímenes del franquismo

Cuando el juez Baltasar Garzón abrió hace un mes una histórica causa penal por la represión de la dictadura franquista en España, muchos juristas advirtieron que si bien se trataba de una iniciativa quizás necesaria, ésa era una batalla perdida, al menos legalmente.

Miércoles 19 de Noviembre de 2008

Cuando el juez Baltasar Garzón abrió hace un mes una histórica causa penal por la represión de la dictadura franquista en España, muchos juristas advirtieron que si bien se trataba de una iniciativa quizás necesaria, ésa era una batalla perdida, al menos legalmente.

Acosado por la fiscalía, contraria en todo momento a la pretensión de sentar de forma póstuma en el banquillo al régimen del general Francisco Franco (1939-1975), y enfrentado a duras críticas de la derecha, que lo tacha de "megalómano", el magistrado finalmente tuvo ayer que dar marcha atrás.

En una resolución de 152 páginas, Garzón decidió abandonar su investigación e inhibirse en favor de los juzgados de las provincias donde la represión franquista dejó según su recuento más de 100.000 desaparecidos que todavía hoy yacen en anónimas fosas comunes y que según su criterio fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.

El magistrado admite que no hay responsables a quienes perseguir, ya que Franco y otros 44 ex altos cargos señalados en su causa ya están muertos, un punto por el que el juez había sido objeto de burla, ya que incluso pidió las actas de defunción del "caudillo", fallecido en 1975.

Con la decisión de ayer, el juez que hace diez años logró el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres evita una sonora derrota ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal al que él pertenece y que debía decidir en breve si él era o no competente para llevar adelante su investigación, recurrida por el que fuera uno de sus grandes amigos, el fiscal jefe Javier Zaragoza.

Después de que la Sala decidiese hace dos semanas, precisamente a instancias de la fiscalía y con diez votos contra cinco, paralizar la exhumación de 25 fosas comunes ya ordenada por el magistrado, esa derrota parecía cantada.

Pero, como era de esperar, Garzón no tira la toalla sin dar guerra. Así, en el auto insiste en que los delitos "permanecen" y no han prescripto. Al contrario, ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".

En España, no. Con ello se hace eco de todos aquellos que critican que, al contrario de lo que ha sucedido en otros países que han sufrido dictaduras, España no ha querido investigar los crímenes del pasado. Y eso que la Justicia española, a instancias del propio Garzón, sí se ha declarado competente para investigar los crímenes de regímenes como el chileno o el argentino. "España es una excepción mundial", lamentó recientemente al respecto Amnistía Internacional (AI).

En opinión de Garzón, el fiscal, que calificó su investigación como un "disparate jurídico", opta "por la desprotección de las víctimas" al entender que si "para los presuntos responsables se ha tenido que «formalizar» su defunción para poder declarar extinguida su responsabilidad", para los desaparecidos "ni siquiera eso se puede hacer al no existir ni fecha, ni lugar de inhumación".

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, señaló que la vía judicial todavía no está agotada y que pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Pero, sobre todo, recordó que, como ya pasó con el caso Pinochet, la causa abierta por Garzón ha tenido una "importante repercusión", ya que miles de familiares de víctimas que hasta ahora no se habían atrevido a dar el paso reclaman ahora la exhumación de sus seres queridos para poder ofrecerles un entierro digno.

"Se cierra una puerta, pero se han abierto otras", dijo Silva, una opinión que comparten todos aquellos que consideran que, pese a todo, Garzón ganó una importante batalla moral.

Verdad histórica

El juez Baltasar Garzón, en su resolución presentada ayer, reclama la derogación de la ley de amnistía de 1977, que la fiscalía utilizó como argumento para declarar prescritos los crímenes del franquismo, y pide la creación de una comisión para “restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos” durante la Guerra Civil y la dictadura española.

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