El gobierno francés aprobó ayer un controvertido proyecto de ley antiterrorista que servirá para incorporar en la legislación ordinaria varias medidas excepcionales que ahora están contempladas en el estado de emergencia que rige en Francia desde los mortíferos atentados del Estado Islámico en París de fines de 2015. En un comunicado, el gabinete del primer ministro Edouard Philippe también confirmó que pedirá al Parlamento autorización para prolongar el estado de emergencia en Francia, vigente desde noviembre de 2015, hasta el 1º de noviembre de 2017. "Esta prolongación no es banal, varios han sido los atentados desactivados desde el comienzo de año, uno de ellos una gran acción terrorista planeada en Marsella", señaló en la nota. Sin embargo, el gobierno del presidente Emmanuel Macron reconoce que el estado de emergencia, que incluye varias restricciones a las libertades y que afecta a sectores como el turismo, no puede prolongarse "indefinidamente". Por ello, y ante el carácter "duradero" de la amenaza islamista que se cierne sobre Francia y toda Europa, el Ejecutivo juzgó necesario endurecer la legislación para prevenir atentados como los que acabaron con la vida de 239 personas en los últimos dos años y medio.
Entre las nuevas medidas que el gobierno quiere que el Parlamento apruebe, destaca por ejemplo la instauración de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados, como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia, decretados por los delegados regionales del gobierno.
Los delegados, o prefectos, también podrán ordenar el cierre por un máximo de seis meses de los centros religiosos en los que se profieran discursos que inciten a la comisión de actos extremistas y a la violencia o hagan apología de la misma, como se hizo ya con 16 mezquitas y se estudia hacer con varias más.
Se va a adaptar el derecho francés a dispositivos europeos, como el registro de pasajeros aéreos (PNR), las escuchas a través de ondas hertzianas o el reforzamiento del control de las fronteras y de los alrededores de estaciones de tren. En cuanto a los registros administrativos, serán sometidos a la autorización previa por la autoridad judicial, que también podrá ejercer un control sobre la explotación de los elementos que se requisen.
Sin embargo, este proyecto ha inquietado a las ONG, ya que consideran que pone en marcha medidas "discriminatorias" contra muchos inocentes y que no se basa en "pistas graves y coincidentes" sino "en simples sospechas". El sindicato de los magistrados también ha criticado la norma, pues creen que mina el Poder Judicial en favor del Ejecutivo.
Quinto ataque
La aprobación por el Ejecutivo llegó dos días después de que un hombre fichado por islamismo radical p estrellara un vehículo cargado con garrafas de gas contra una camioneta policial en la avenida de los Campos Elíseos de París, en el quinto ataque islamista en la ciudad en lo que va del año. El hombre, identificado como Adam Djaziri, un francés de 31 años, murió en la explosión que provocó al chocar al auto policial, y ninguna otra persona resultó herida. En un testamento dejado a su familia antes del ataque, Djaziri pidió ser tratado como un mártir.
Francia está en alerta máxima desde los atentados del Isis del 13 de noviembre de 2015 contra varios objetivos de París y sus alrededores, que dejaron 130 muertos. En enero de ese mismo año, yihadistas de la red Al Qaeda atacaron las oficinas parisinas de la revista satírica Charlie Hebdo, conocida por sus caricaturas de Mahoma, y mataron a 12 personas. En julio del año pasado, un tunecino residente en Francia mató a 86 personas en la ciudad de Niza al atropellar con un camión a una multitud que celebraba en las calles el día nacional francés.
