Jueves 31 de Diciembre de 2015
Un ex conscripto chileno confesó que ejecutó a 10 personas y luego dinamitó sus cuerpos para no dejar rastros. Otro dijo que la patrulla militar a la que pertenecía roció con nafta a dos adolescentes y los quemó vivos.
Las dos confesiones, hechas públicamente este año, tienen a los chilenos sorprendidos con los detalles de los crímenes cometidos durante la sangrienta dictadura (1973-1990) que cambió la historia del país. Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas creen que las confesiones indican la existencia de un pacto de silencio entre los militares sobre muchas de las atrocidades cometidas durante el régimen del general Augusto Pinochet, y que finalmente pueden salir a la luz.
"Siento que por fin se está rompiendo porque los criminales ya no aguantan más", dijo a The Associated Press Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, quien murió quemado vivo en 1986 cuando tenía 19 años. "Fíjate en el último, quienes realmente están rompiendo son todos hombres jóvenes que fueron obligados a cometer crímenes. Van a seguir cayendo, esto es como un dominó".
Durante casi tres décadas, muchos de los autores de estas masacres han gozado de impunidad. Pero después de que un ex soldado testificara en julio sobre el asesinato de Rojas, un juez acusó a siete ex militares del crimen en el que también resultó gravemente quemada Carmen Quintana, entonces adolescente.
La última y sorpresiva confesión llegó a principios de diciembre: sucedió durante un programa de radio que, por lo general, se centra en anécdotas personales, algunas humorísticas, otras sobre asuntos del corazón y unas más serias.
Al aire y haciéndose llamar simplemente "Alberto'', un ex conscripto llamó y dijo que quería contarle a la audiencia su historia de amor. Pero, a renglón seguido, narró algo mucho más oscuro. Dijo que era veterano del ejército y que se llevó a varias personas al desierto, les disparó en la cabeza y voló sus cuerpos a punta de dinamita.
"Yo participaba de una misión especial y llevábamos a varios de estos tipos a la pampa (el desierto), les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y ¡paf!, no quedaba ni la sombra", dijo quien luego fue identificado como Guillermo Reyes Rammsy, ahora de 62 años, al programa "Chacotero sentimental", de radio Corazón. "Ni siquiera su sombra se quedó".
En su testimonio radial, que se extendió por 25 minutos, dijo que tras el golpe militar de 1973 se convirtió en francotirador y que cumplía órdenes superiores y admitió al menos 18 asesinatos.
También reconoció que aunque recibía órdenes, le gustó eso de matar.
"Uno actuaba por maldad y después cachabas (entendías) que te gustaba y te volvías loco", dijo. "Luchabas contra ese sentimiento".
Días después de revelar el secreto con el que vivió durante 42 años Reyes fue detenido por orden del juez Mario Carroza, que investiga crímenes de lesa humanidad, y quedó bajo arresto domiciliario. La AP intentó contactar a Reyes Rammsy pero no fue posible.
El psicólogo Giorgio Agostini dijo que después de tanto tiempo hay "personas que están con un sentimiento complicado de culpa y quieren de alguna manera liberarse. Y el hecho de hablarlo, y en este caso de hacerlo público, les provoca una liberación".
Muchos ex conscriptos están dispuestos a contar las atrocidades en las que participaron cuando tenían unos 18 años y cómo el ejército chileno, que los reclutó obligatoriamente, se transformó en una fuerza de ocupación y exterminio al mando de Pinochet.
También podrían convertirse en la llave para abrir la puerta que permita saber dónde están cientos de desaparecidos y darían los nombres de los oficiales que participaron u ordenaron los crímenes, dijo a la AP Fernando Mellado, líder de un grupo organizado de ex conscriptos.
Los familiares de las víctimas de la dictadura también esperan que otros reclutas hablen mientras activistas de derechos humanos critican lo que consideran una inefectiva acción del gobierno de Michelle Bachelet (hija de Alberto Bachelet, general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y miembro del gobierno de Salvador Allende, muerto en cautiverio), en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
El gobierno respondió en diciembre con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que entre sus tareas tendrá establecer políticas públicas sobre las víctimas de la dictadura.
Pero la madre de Rojas, cuyo hijo murió incinerado, dijo que cuando descubrió en una estación del metro de Santiago un mural en homenaje a los jóvenes quemados concluyó que el gobierno "no quiere... no tiene la más mínima intención de hacer justicia".
Otro camino alternativo está en manos de la justicia, que podría aceptar el ofrecimiento de los ex conscriptos de decir la verdad a cambio de sentencias cortas que puedan cumplirse en libertad, como las que han disfrutado centenares de militares.
"Hoy día hay gente que está dispuesta a hablar, pero cuál es el temor, justamente lo que le pasó a Guillermo Reyes", dijo Mellado en referencia al ex conscripto que confesó en la radio.
"Si el Estado me libera de responsabilidad... yo creo que lo vamos a hacer (hablar) sin ningún problema, porque los responsables no somos nosotros", añadió Mellado. Cuando el golpe de Estado ocurrió "éramos niños que fuimos brutalmente avasallados, para simplemente convertirnos en autómatas y hacer lo que se nos ordenaba".
Pero los conscriptos, además, alegan que son víctimas de militares de alto rango.
"Al clase (cabo, sargentos, suboficiales) los dejaban a cargo de las dos o tres compañías (del regimiento de telecomunicaciones) el fin de semana... se curaban, se mimetizaban, se pintaban las caras con corchos y asaltaban la cuadra”, dijo Mellado. “Se metían por las ventanas, con pistola en mano, se iban donde los más chicos, les ponían las pistolas en la cabeza y los violaban”.
Las atrocidades relatadas por el líder de los soldados y uno de los pocos que logró recuperarse y estudiar una carrera universitaria, parecen infinitas.
Durante 13 años los conscriptos, organizados como grupo de hecho, tocaron sin éxito las puertas de los Ministerios de Defensa, del Interior, de parlamentarios y hasta de autoridades eclesiásticas pidiendo contar la verdad para luego pedir la reparación a las violaciones a los derechos humanos de las que dicen que fueron víctimas mientras cumplían su servicio militar.
“Se nos negó toda posibilidad de reparación, nos dijeron que estaba prescrito”, dijo Mellado, quien precisó que a comienzos de 2014 se convirtieron en una corporación con existencia legal y demandaron por denegación de justicia al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hasta el momento representan a unos 10.000 ex conscriptos y cada día inscriben a más personas.
A la Comisión le pidieron que investigue la muerte de unos 4.000 soldados y de un número similar que quedó inválido por “desobedecer órdenes” superiores, muchas de las cuales incluían, según Mellado, reprimir, matar y desaparecer a opositores izquierdistas.
De los 400.000 reclutas que sirvieron en 1973 y los años siguientes, muchos ahora son alcohólicos, drogadictos, se divorciaron o maltrataron a sus hijos y varios sobreviven en las calles, según Mellado. Pero no hay cifras oficiales sobre ellos.
“Todas las personas que hicimos la conscripción estamos muy dañados, tanto física como psicológicamente, por lo tanto yo no acepto que alguien me apunte con el dedo y me diga que soy un victimario”, agregó.
La dictadura dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos 3.095 izquierdistas asesinados y más de 1.200 desaparecidos. En 25 años de democracia el Servicio Médico Legal chileno apenas ha identificado los restos de 166 personas. Si el pacto de silencio se rompe, más de un millar de familias podrían saber qué pasó con sus parientes.
La analista política y socióloga Marta Lagos dijo a la AP que “a Chile le haría muy bien darle impunidad a 20 conscriptos selectos a cambio de la información... si me entregan el mapa y los lugares y los hechos, me la compro (acepto) en un día. Juicio abreviado, pena remitida o las prescripciones”.
Los llamados pactos de silencio no existen, según las fuerzas armadas. “Jamás en la institución, en mis 44 años, supe de pactos de silencio en ninguna materia”, dijo el ex vicecomandante en jefe del ejército, el general retirado Guillermo Garín.
Garín, muy cercano a Pinochet, dijo que el general “estaba ocupado en gobernar al país, no en temas de lucha antisubversiva y contra organismos clandestinos”.
Sin embargo, documentos desclasificados por la administración estadounidense indican que Pinochet sí sabía de la muerte de Rojas y que ocultó el papel de los militares.
Cables del Departamento de Estado desclasificados en 1986 citan una fuente de la policía nacional de Chile quien dijo que un informe sobre el ataque le fue presentado a Pinochet, quien se negó a aceptarlo y rechazó el pedido de una investigación.
En cambio, Pinochet acusó a Rojas y Quintana de ser terroristas que planeaban usar la gasolina en contra de las barricadas militares y que accidentalmente la patearon y se quemaron.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior informó que al 1 de diciembre 1.373 antiguos y actuales oficiales del ejército enfrentaron juicios, de los que 344 fueron condenados de manera definitiva y sólo 163 recibieron una pena de presidio efectivo.
Los 181 restantes recibieron condenas alternativas porque los jueces consideraron el tiempo transcurrido desde el crimen y redujeron sus sentencias. Sólo 117 están encarcelados.
El magistrado Sergio Muñoz, coordinador de los jueces que llevan causas por violaciones de los derechos humanos, ha dicho a la AP que los tribunales han abierto procesos en el 100% de los casos relacionados con muertes y desapariciones.
A la fecha, hay 1.048 causas abiertas por 1.762 desaparecidos y ejecutados y aunque muchos procesos concluyen en condenas, en la inmensa mayoría los militares no dicen qué hicieron con los asesinados.
Para las familias se trata de una lucha contra el tiempo porque tanto ellos como los victimarios se encuentran en edad avanzada.
