Evo confirmó la detención del prefecto de Pando, que será acusado de genocidio

La Paz-  El prefecto de la ciudad  boliviana de Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido hoy por  militares y será acusado por genocidio, confirmó este mediodía el  presidente Evo Morales.

“La detención de Fernández se realizó en el marco del estado  de sitio que rige en Pando y es absolutamente legal”, ratificó  ante la prensa el mandatario boliviano, y confirmó que la sede de  gobierno de esa ciudad, distante 1.200 kilómetros de La Paz, fue  ocupada por las Fuerzas Armadas.

El jefe del Estado destacó además el apoyo a la democracia  boliviana brindado anoche por los presidentes de la región  nucleados en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y  confirmó que marcha “muy bien” el diálogo que el gobierno viene  manteniendo con la oposición sobre algunos temas concretos, como  el impositivo.

Morales afirmó que Fernández será acusado de genocidio, toda  vez que fue señalado por el gobierno nacional como el responsable  de armar o emplear escuadras paramilitares que el jueves último  asesinaron a al menos 30 ciudadanos, la mayoría de ellos indígenas  o estudiantes, en el marco de una crisis política que aqueja al  país.

La detención de Fernández tuvo lugar en el marco de un  operativo militar que tomó el control de la plaza principal de  Cobija -capital del estado amazónico de Pando- y de la sede de  gobierno, donde se encontraba el prefecto, informó una periodista  de la red radial Erbol en transmisión desde Cobija, reprodujo DPA.

Según este reporte, Fernández abandonó la zona en un vehículo  de color plomo del senador Paulo Bravo custodiado por uniformados,  pero no se precisó el destino final del detenido.

El jueves pasado, una caravana de campesinos y estudiantes fue  emboscada por sicarios aparentemente organizados por Fernández, y  en la masacre murieron -sólo en ese hecho- unos 15 ciudadanos.

Otros 15 manifestantes fueron masacrados en operaciones  similares y se supone que hay unos 70 desaparecidos, según  estimaciones oficiales.

Ayer fueron detenidas y trasladadas a La Paz 12 personas  acusadas de alentar o integrar la formación de grupos  paramilitares, en tanto el gobierno nacional denunció que otros  presuntos sicarios huyeron a Brasil, dada la cercanía territorial.

El gobierno nacional mantiene un fuerte conflicto con varios  prefectos opositores, quienes reclaman por un recorte que el  presidente Morales le hizo a sus rentas por producción de  hidrocarburos para hacer frente al pago de una pensión a la  tercera edad.

Sin embargo, el presidente boliviano sospecha que tras ese  reclamo se esconden reclamos desmedidos de autonomías regionales y  una férrea oposición al proyecto de reforma constitucional que  impulsa el oficialismo. (Télam)