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España aprueba la ley de extranjería pese a las críticas de los inmigrantes

Madrid.— El parlamento español aprobó ayer definitivamente una nueva reforma de la ley de extranjería que vincula el fenómeno migratorio con las necesidades del mercado laboral, y que las agrupaciones de inmigrantes califican de injusta por recortar derechos fundamentales.

Viernes 27 de Noviembre de 2009

Madrid.— El parlamento español aprobó ayer definitivamente una nueva reforma de la ley de extranjería que vincula el fenómeno migratorio con las necesidades del mercado laboral, y que las agrupaciones de inmigrantes califican de injusta por recortar derechos fundamentales.

La norma endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía de 40 a 60 días el período de retención de extranjeros indocumentados, aunque también amplía un puñado de derechos laborales.

El texto, que entrará en vigor en los próximos días, volvió a la Cámara baja después de pasar por el trámite del Senado y salió adelante por un ajustado margen de 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones.

El gobierno socialista planteó en junio la modificación de la ley para, dijo, ajustarla más a la realidad actual y adaptar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, muy castigado en el país ibérico por la crisis económica.

La tasa de desempleo en España alcanza el 17,9 por ciento, la más alta de la Unión Europea. Y entre los extranjeros se encuentra en el 27,5 por ciento, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Puntos polémicos. En el largo camino hacia la aprobación de la reforma —la cuarta que sufre esta ley en 10 años—, el parlamento apenas ha introducido cambios y ha mantenido los artículos que despertaron mayor controversia.

Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan a territorio español. No obstante, el parlamento introdujo una enmienda que permitirá a asistentes sociales y ONGs visitar los centros de detención para asistir a los sin papeles.

Además, con el objetivo de frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán instalarse en España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicita acredita cinco años de residencia legal.

De hecho, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco años en España y no uno, como ocurría hasta ahora.

Permisos de trabajo. En el capítulo de ampliación de derechos, el Congreso introdujo una importante enmienda que permitirá a las administraciones públicas y a ONGs hacerse cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a España sin acompañar.

Además, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía. Otro de los nuevos derechos contempla la posibilidad de conceder permisos de trabajo a mujeres en situación irregular víctimas de violencia de género.

Durante meses, las asociaciones de inmigrantes trataron con todo tipo de manifestaciones que la ley de extranjería no saliera adelante en los términos en que fue planteada.

Gabriela Morales, de SOS Racismo Madrid, se mostró muy crítica con la retención de personas sin papeles y señaló que el gobierno socialista deberá cargar durante toda su vida con una ley que criminaliza a las personas. "Es un retroceso de los derechos humanos. Es inadmisible", dijo.

 

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