Viernes 17 de Julio de 2009
Bogotá. — Una gran controversia empezó a abrirse paso ayer en Colombia a
raíz del anuncio de que el gobierno negocia con su principal aliado, Estados Unidos, un acuerdo que
le permitirá a este país utilizar tres bases militares para aumentar la lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo. El gobierno enfatizó que el acuerdo no significa la instalación de
bases militares estadounidenses ni la posibilidad de que Colombia sea usada como plataforma por
Washington para ejecutar eventuales ataques en la región. Sin embargo, la oposición rechazó el
acuerdo y lo calificó como una violación de la soberanía, al tiempo que criticó al gobierno por no
contar con el visto bueno del Congreso.
La defensa del convenio ocurre dos días antes de que Estados Unidos
inicie la entrega formal de la base de Manta, en Ecuador, desde donde coordinó actividades de lucha
contra el narcotráfico en el Pacífico, donde se mueven las principales rutas de envío ilegal de
droga colombiana. El uso de estas instalaciones, cedido por Quito a Washington hace diez años,
caduca en noviembre y el presidente Rafael Correa ya avisó a la Casa Blanca que no iba a renovar la
concesión.
Tránsito de tropas. Un acuerdo definitivo no contempla ninguna base sobre el océano Pacífico,
aunque sí implica el tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano, lo cual ha provocado
algunas críticas de políticos y un alto tribunal exigió al gobierno pasar el tema a consulta legal.
“Obtener acuerdos con países como Estados Unidos, para que con todo el respeto a la
Constitución, a la autonomía de Colombia, nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra
el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país”, afirmó Uribe.
El jefe de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, admitió que
existe un entendimiento para que aeronaves y personal militar y de agencias antidrogas
estadounidenses puedan estar en tres bases aéreas, en las que actualmente no tienen presencia. El
acuerdo definitivo podría estar listo en dos semanas para su firma. Sin embargo, Bogotá no
autorizará un aumento de personal estadounidense en el país sudamericano, en donde ya tienen una
presencia clave en programas de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.
Asistencia. La cifra vigente en los acuerdos de cooperación es de 800 militares y 600
contratistas civiles. Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el
narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados con la producción y el tráfico de cocaína
como la guerrilla de las Farc. Desde 2000, Washington ha entregado a Bogotá más de u$s 5.000
millones en asistencia militar, entrenamiento y programas sociales.
El presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau, dijo que ese tribunal
debe ser consultado por el gobierno porque el acuerdo implica el tránsito de tropas extranjeras por
territorio nacional, que además debe tener autorización del Congreso. l
