El Mundo

El Tribunal Supremo español inicia un histórico juicio a separatistas catalanes

Los 12 dirigentes, muchos de ellos en prisión, afrontan cargos graves por el fallido proceso independentista de 2017, que incluyó un referendo.

Martes 12 de Febrero de 2019

El juicio penal de mayor trascendencia política de la historia reciente de España comenzará hoy en el Tribunal Supremo español, donde 12 políticos y activistas separatistas catalanes se sentarán en el banquillo, acusados de delitos graves, incluyendo el de rebelión contra el Estado de derecho, por su protagonismo en el intento de secesión de Cataluña de octubre de 2017.

Se trata de una de las causas judiciales más "calientes" de los últimos tiempos, que ha provocado una profunda división política y cuyo resultado tendrá consecuencias para el futuro escenario político español, debido a que el conflicto secesionista catalán continúa activo. El separatismo catalán tiene hoy peso suficiente para dejar sin presupuesto al gobierno socialista de Pedro Sánchez, cosa que podría ocurrir desde mañana mismo (ver aparte).

Sánchez, con un gobierno en minoría, dio por terminado el diálogo con los secesionistas el pasado viernes ante los planteos de estos. Unas elecciones anticipadas podrían abrir las puertas a un gobierno de coalición de derecha y centroderecha, abiertamente enemigo del separatismo catalán.

En este contexto preelectoral y con la nueva formación de derecha nacionalista Vox, que ejerce de acusación popular, calificándolos de golpistas, los separatistas, presos desde 2017, iniciarán su batalla para convencer a los jueces del Supremo de que se encuentran ante un "juicio político" por haber cumplido con la "voluntad democrática" de un porcentaje de los catalanes que exigían un referéndum de autodeterminación. Los 12 acusados, nueve de ellos en prisión preventiva, se enfrentan a penas de inhabilitación absoluta por diferentes delitos, como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y organización criminal.

El mayor responsable del proceso separatista de 2017, Carles Puigdemont, entonces jefe del gobierno catalán, escapó de España y goza de libertad en Alemania. El Tribunal Supremo alemán lo protegió del pedido de captura y extradición español y desechó una "euroorden" de arresto, que sin embargo sigue vigente en territorio español. La fuga de Puigdemont abrió una grieta entre el ex presidente catalán y quienes se quedaron a afrontar las consecuencias y fueron encarcelados, como Oriol Junqueras, segundo del gobierno de Puigdemont, y otros altos dirigentes, como Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlamento catalán, que también han afrontado la prisión.

Una de las claves del proceso que se inicia hoy está en que los jueces deberán determinar si hubo violencia o no y si se cometió delito de rebelión durante el proceso que culminó con la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.

Los independentistas dicen que "la única violencia fue la de las fuerzas de seguridad españolas que reprimieron" marchas y votantes en el referéndum secesionista de 2017 y que organizar una consulta "no es delito". Esta afirmación será desechada de plano por los fiscales del Supremo.

El más alto tribunal español ya ha adelantado su criterio en otro caso similar, sino idéntico. En una sentencia que rebajó a un año y un mes la condena de inhabilitación impuesta al ex presidente catalán Artur Mas, el predecesor de Carles Puigdemont, y que también llamó a una consulta popular ilegal el 9 de noviembre de 2014, el Supremo indicó que "ningún derecho se despliega fuera de la ley" y no hay espacio para un referéndum, que está fuera de la ley. De manera que, para el tribunal, convocar a una consulta popular que desconoce la Constitución española sí es un delito.

El ex vicepresidente catalán y líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, tiene el horizonte más complicado, ya que enfrenta un pedido de 25 años de cárcel como promotor de la rebelión. También están acusados de rebelión o sedición la ex presidenta del Parlamento catalán Carmen Forcadell —con un pedido de 17 años de cárcel—, y los líderes les del movimiento independentista Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural. Para los demás procesados la Fiscalía pide entre siete y 16 años.

El Ministerio Público asegura que los secesionistas utilizaron la violencia "intimidatoria" para conseguir el "fin criminal" de que que la Cataluña se convirtiera en "un Estado en forma de República, independiente del Reino de España". Una posibilidad que no figura en la Constitución española.

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