Riad.- El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, aceptó ayer formalmente renunciar tras 33 años en el poder y nueve meses de revuelta opositora. Así se convirtió en un nuevo gobernante que finalmente cae como producto de la ola de protestas conocida como "primavera árabe".
En presencia del rey Abdullah de Arabia Saudita, Saleh firmó ayer en Riad un acuerdo de transición que contempla su renuncia, la cesión del poder en el plazo de un mes a su vicepresidente, Abed Rabbo Mansur Hadi, y la celebración de elecciones presidenciales dentro de los siguientes 90 días.
El acuerdo, que fue oficialmente impulsado por otros países árabes del Golfo Pérsico y respaldado por Estados Unidos, otorga además inmunidad a Saleh, a su familia y sus más estrechos colaboradores.
Según informó ayer el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ahora Saleh viajará a Nueva York, donde recibirá tratamiento médico. El presidente sufrió graves heridas en un ataque de tribus opositoras contra su palacio en Sanaá, que provocó la muerte de varios de sus escoltas y dejó heridos a miembros de su gobierno. Distintos observadores internacionales apuntaron que Saleh ya no volverá a Yemen.
Tras firmar el acuerdo de dimisión, el presidente renunciante realizó unas breves declaraciones ante miembros de la familia real saudita y dirigentes de la oposición yemenita presentes en la ceremonia. Saleh se manifestó dispuesto a "cooperar con el nuevo gobierno y la oposición" para "reconstruir el país", y pidió al Consejo de Cooperación del Golfo, que preparó el acuerdo de transición, que "continúe apoyando y controlando" la aplicación del plan.
Brutal represión. El presidente -que llegó al gobierno en 1978- se vio obligado a ceder el poder tras las masivas manifestaciones que arrancaron en febrero pidiendo el fin de su mandato. La brutal represión de las protestas costó la vida a más de 900 personas.
Con su dimisión, Saleh se convirtió en el cuarto líder que deja el poder como resultado de la denominada "primavera árabe", las multitudinarias protestas que derrocaron a los líderes de Túnez, Egipto y Libia.
Durante meses, Estados Unidos y otras potencias trataron de convencer a Saleh que aceptara la propuesta del Consejo de Cooperación del Golfo. El accedió, pero luego se retractó en tres ocasiones.
Mientras tanto, crecían los temores internacionales de que un colapso de la seguridad en Yemen pudiera ser aprovechado por una rama local de Al Qaeda. También se temía una guerra civil justo en las fronteras de Arabia Saudita, un aliado estratégico crucial de Estados Unidos.
Antes de la insurrección en febrero, Yemen ya era el país más pobre de la región, dividido y con un gobierno que tenía escasa autoridad fuera de la capital Sanaá.
Reclamo de justicia. Si bien el acuerdo que firmó Saleh en Riad era largamente esperado, miles de personas se reunieron ayer en Sanaá para protestar por la cláusula de inmunidad al presidente, exigiendo que tanto él como sus aliados sean juzgados por crímenes contra la humanidad por la represión contra los manifestantes. También convocaron a más protestas para hoy y mañana.
Entretanto, el presidente estadounidense Barack Obama saludó ayer el traspaso del poder en Yemen como una "salida" a la crisis política, y urgió a todas las partes implicadas a evitar la violencia mientras se avanza "rápidamente" en la implementación del acuerdo que permitirá una "transición histórica" en esa nación.
También la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, saludó en nombre del bloque comunitario el traspaso de poder. "El acuerdo es sólo el comienzo, pero es un inicio muy importante", afirmó.
Egipto: crece la tensión y hay más enfrentamientos
El Cairo.- La promesa de la Junta Militar egipcia de entregar el poder a un presidente electo a mediados de 2012 no logró aplacar la ira de miles de egipcios, que se mantuvieron ayer en la simbólica Plaza Tahrir en franco rechazo de la propuesta y por el cese inmediato del gobierno castrense.
En El Cairo y Alejandría la policía y los manifestantes volvieron a enfrentarse, a cinco días de las elecciones para el Parlamento, mientras informaciones no confirmadas hablan de tres nuevos muertos.
Los manifestantes lanzaron piedras y cócteles incendiarios a las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Un núcleo duro de los manifestantes intentó sin éxito asaltar el Ministerio del Interior en el centro de El Cairo. La ira de los activistas se dirige sobre todo a la policía.
Desde el inicio de los disturbios el viernes por la noche han muerto 35 personas y más de 2.000 resultaron heridas. En la ciudad provincial de Tanta, un bebé de nueve meses se ahogó por el gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad emplearon junto a una comisaría contra los manifestantes, según informó ayer la página web Al-Ahram.
Demasiadas dudas. Esta última oleada de protestas comenzó el viernes pasado con una manifestación en la que los islamistas pidieron un traspaso más rápido del poder a un gobierno civil.
El martes, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -que en febrero asumió el poder del presidente Hosni Mubarak como garante de la transición- aceptó algunas exigencias de la oposición, como la dimisión del controvertido gobierno de transición. También anunció que las elecciones presidenciales se celebrarán en junio de 2012. En julio, los militares entregarían definitivamente el poder.
Sin embargo, todavía hay muchos detalles pendientes de aclaración. Por ejemplo, nadie sabe qué papel desempeñará el futuro presidente, ya que tras las elecciones legislativas que comenzarían el lunes se formulará una nueva Constitución. Son muchos los indicios que apuntan a que el presidente en el futuro tendrá menos poder que hasta ahora.
Las elecciones legislativas se desarrollarán en tres fases y se prolongarán hasta enero.
El Consejo de los militares hasta ahora ha rechazado aplazar los comicios por la violencia en las calles. Y tampoco están a favor de aplazarlos los Hermanos Musulmanes, a cuyo partido se le otorgan muy buenos resultados en la cita con las urnas.
Siria
Francia propuso ayer la creación de un corredor humanitario para proteger a los civiles en Siria. Es la primera vez que una gran potencia occidental sugiere una intervención internacional en el terreno en los ocho meses de revuelta contra el presidente Bashar Assad. Se calcula que unas 4.000 personas han muerto como producto de la represión.