El presidente de Paraguay, Santiago Peña, es investigado penalmente tras el colapso del banco digital Ueno, mientras se prepara para defenderse este viernes ante el Senado por una eventual destitución.

La crisis del Banco Ueno provocó que el Partido Colorado se volviera en contra de Peña, un giro sorprendente para el execonomista del Fondo Monetario Internacional, que había contado con el respaldo de los políticos más poderosos del país y que fue recibido en Washington hace apenas unas semanas como un aliado clave de la administración Trump.

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En un jueves de acontecimientos vertiginosos, Peña presentó su renuncia por vía electrónica, y la Cámara de Diputados votó unánimemente a favor de su destitución. Ambas Cámaras rechazaron la dimisión y el Senado decidió seguir adelante con un juicio que podría resultar en su remoción.

Los senadores de la oposición advirtieron que permitirle renunciar preservaría su derecho a ser senador de por vida y mantendría los fueros.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ordenó tres investigaciones penales sobre la crisis del Banco Ueno, que incluyen acusaciones que involucran a Peña y otros funcionarios gubernamentales, tanto actuales como anteriores. La Justicia quiere saber qué supervisión ejercieron las autoridades sobre el banco, su gestión de la quiebra y la asignación de fondos públicos a la entidad financiera.

“Sea cual sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, dijo Peña en la red social X (ex-Twitter).

El jueves por la mañana, Peña anunció su decisión de renunciar para mantener la estabilidad del país, "la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".

La conexión del presidente con el banco

Peña hasta el año pasado tenía participación en una empresa vinculada a Ueno, pero no asumió la responsabilidad por la crisis, que dejó a millones de depositantes, jubilados y trabajadores luchando por recuperar sus ahorros congelados y salarios impagos. Si es destituido, el vicepresidente Pedro Alliana lo reemplazaría como líder de Paraguay.

Banco Ueno, que en menos de cinco años se convirtió en una marca reconocida, llegó a tener como clientes a más del 60 por ciento de los adultos paraguayos.

“Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros”, dijo Luis Pineda, uno de los manifestantes que marcharon al Congreso el miércoles, y sostuvo: “Estamos hartos de 70 años de saqueo”.

Las autoridades afirmaron que una ley aprobada de urgencia por el Congreso el miércoles establece un fondo estatal de garantía que debe reembolsar a los depositantes afectados en un plazo de cinco días hábiles, comenzando el jueves con las cuentas de hasta unos 1.600 dólares. El fondo asegura hasta 36.000 dólares por cliente, lo que —según el banco central— cubrirá el saldo total de aproximadamente el 97 por ciento de los ahorristas.

Ejecutivos de Ueno, a prisión

En tanto, un juez ordenó este jueves el encarcelamiento de seis ejecutivos de Ueno, entre ellos el fundador Miguel Vázquez y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, mientras se espera el juicio, y el arresto domiciliario de otros dos. La fiscalía imputó a 27 funcionarios y asociados del banco por abuso de confianza e intento de fraude.

Vistiendo sus uniformes de Ueno, los empleados despedidos quemaron sus tarjetas de crédito e insultaron a Peña frente al Ministerio de Trabajo, exigiendo indemnización y el pago de los salarios atrasados.“Que se lleve a cabo el proceso de destitución y que pierda su inmunidad”, dijo Adolfo Villalba, uno de los manifestantes, el jueves. El Ministerio de Trabajo estimó que el colapso financiero paraguayo afectó a unos 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el banco y sus negocios relacionados.