El Parlamento dejó a Maduro sin su decreto de "emergencia económica"

El Parlamento unicameral venezolano, dominado por la oposición, rechazó el decreto del presidente Nicolás Maduro que declaraba la "emergencia económica", profundizando así el conflicto de poderes con el chavismo. La oposición ganó por amplio margen las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, dejando por primera vez en 17 años en minoría parlamentaria al chavismo. Este cambio se da en medio de la peor crisis económica de Venezuela en su historia contemporánea.

"Negamos el decreto porque es más de lo mismo. La causa del problema es un modelo económico fracasado", declaró en el hemiciclo el diputado José Guerra, presidente de la comisión legislativa que estudió el decreto dictado por Maduro hace una semana, y que recomendó al plenario votar en contra. Maduro acusó a la oposición de haberle dado la "espalda al país" y de preferir "el camino del show, de la confrontación estéril", en tanto que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lamentó que la negativa deje sin efecto las medidas.

Decisión anticipada. La oposición ya había anticipado el jueves que no aprobaría el texto, luego de que los ministros del área económica se negaran a ser interpelados por la Asamblea. Esta tiene el poder de citar a los integrantes del gabinete a que se presenten a explicar medidas de gobierno, como las que contiene el decreto de "emergencia económica", pero los ministros de Maduro no acataron la citación, invocando como razón "la presencia de la prensa". La oposición respondió que el chavismo demostró que no quiere la publicidad de los actos de gobierno y quiere gobernar sin transparencia.Además de varios ministros estaban citados el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, y el titular de la petrolera PDVSA, Eulogio del Pino. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz argumentó que la información requerida por la Cámara era de "carácter reservado del Estado" y no podía ser ventilada públicamente. Pero el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, replicó que el gobierno no comparecía para no revelar cifras debido al estado dramático en que se encuentra la economía nacional. "La explicación de la crisis (en el decreto) es muy deficiente porque habla de una guerra económica" como causa, comentó Guerra.

El Tribunal Supremo. El pasado miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), totalmente alineado con el chavismo, declaró la legalidad del decreto. Así las cosas, el rechazo en la Asamblea Nacional (AN), que tiene la facultad de aprobar o rechazar estas medidas, presagia un nuevo capítulo del conflicto de poderes que se inició con la instalación, el 5 de enero, del nuevo Parlamento de amplia mayoría opositora. "¡Nos vemos en el TSJ!", gritó desafiante Cabello durante la votación. Daba así otra evidencia del control que tiene el chavismo del máximo tribunal. Pero para el reconocido analista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, el TSJ "no puede revivir el decreto sin la Asamblea, pero sí puede dar legalidad a algunas acciones que el gobierno pedía", en el decreto vetado. Mientras, advirtió, "con decreto o sin decreto, el país y su economía van cuesta abajo en la rodada y sin freno".

Debacle. Venezuela tuvo una inflación anualizada de 141,5 por ciento a septiembre de 2015, cifra oficial apenas conocida la semana pasada, puesto que el gobierno no divulgó los principales indicadores el año pasado. Observadores independientes señalan que fue muy superior a esa ya de por sí impresionante cifra (leer aparte). La economía siguió hundida en una recesión que significó el retroceso de 4,5 por ciento del PBI, solo entre enero y septiembre de 2015 (siempre según cifras oficiales). Según estimaciones privadas el déficit fiscal será de al menos 20 por ciento del PBI. El panorama se vislumbra aún más complejo por la caída en picada de los precios del crudo. Esta semana la canasta venezolana de cruso bajó a 21,63 dólares por barril, su piso en 14 años, ante lo cual Venezuela propone una reunión extraordinaria de la OPEP. "El petróleo en este momento no cubre sus costos de producción, no estamos recibiendo ni un dólar por producirlo", afirmó Cabello. Pero la crisis económica de Venezuela es muy anterior a junio de 2014, cuando el crudo comenzó su caída desde valores de 110 dólares. La inflación más alta del mundo ya era un "logro" del régimen chavista aún en vida de su fundador, Hugo Chávez. El desabastecimiento y las colas para conseguir bienes básicos, también ya eran parte de la vida diaria mucho antes de la caída del barril.

El decreto invalidado, que invocaba una presunta "guerra no convencional" contra Venezuela, daba al Ejecutivo de Maduro poderes extraordinarios. Proponía medidas que todos comparten, como reducir los engorrosos trámites cambiarios que el propio chavismo creó, a fin de agilizar las importaciones. También incluía el poder de ordenar a las empresas el aumento de su producción a criterio del gobierno. Esto significaba que el Ejecutivo podía ordenar a una empresa de alimentos que fabricara determinado volumen de productos, independientemente de su rentabilidad. También permitía "asegurar el acceso oportuno a medicinas, alimentos y demás bienes de primera necesidad", para lo cual el Estado podía "requerir" a propietarios de medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio y mataderos. Y habilitaba al Banco Central de Venezuela a establecer nuevos "límites máximos de egresos e ingresos de la moneda venezolana, así como restricciones a denominadas operaciones y transacciones comerciales y financieras".

Según el gobierno, el decreto allanaría el paso de un modelo rentista "agotado" a uno productivo. Lo que no explicó el chavismo es qué hizo durante los anteriores 17 años en los que tuvo un poder casi absoluto para cambiar esa matriz productiva rentista, ahora denostada.

Pero la oposición, la patronal agrupada en Fedecámaras y no pocos sindicatos rechazaban la "emergencia económica", porque le abría la puerta a nuevas expropiaciones y establecía un "corralito" sobre las cuentas bancarias. La oposición opina que el gobierno debe revertir el férreo control de precios y unificar los tipos de cambio de divisas, que conviven con un dólar paralelo 145 veces más alto que el tipo oficial más bajo.