El número de asesinatos se redujo notablemente en El Salvador tras la implantación hace un año de un régimen de excepción que implicó sacar al Ejército y la Policía a la calle y encarcelar masivamente a presuntos pandilleros, pero al costo de suspender garantías constitucionales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, según denuncias que sospechan además pactos entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y criminales.

   En marzo del año pasado y tras el asesinato de 87 personas a manos de la Mara Salvatrucha (MS13), la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, aprobó a pedido de Bukele el primer régimen de excepción que marcó el fin de un pacto secreto que el mandatario tenía con esa organización dedicada al narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, sicariato y secuestros.

   El acuerdo incluía beneficios financieros para la MS13, reducción de penas, no extraditarlos a Estados Unidos y mejoras en las situaciones carcelarias y en las comunicaciones para seguir controlado la organización a cambio de reducir la cantidad de asesinatos.

   Este régimen de excepción, que fue ampliado ya en 10 ocasiones, implicó la pérdida de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos y la presencia masiva de militares y policías en la calle.

Detenciones

A partir de ese momento, decenas de miles de personas fueron detenidas sin orden judicial, sin que se le informen los motivos, y quedaron incomunicadas y sin derecho a la defensa durante el plazo de aprehensión provisional, que se modificó extendiéndose de tres a 15 días.

   “Lo que se sabe es lo que ha publicado el Gobierno, que es que están incomunicados” y que “fueron detenidas, en el marco del régimen de excepción, más de 64.000 personas, entre ellos 1.600 menores de edad”, precisó en diálogo con Télam la directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk.

   Pero HRW y la ONG local Cristosal no pudieron brindar datos sobre cuantas de esas personas fueron detenidas y permanecen encerradas pese a no haber cometido delito alguno ante la falta de transparencia e información oficial.

   Ambas organizaciones afirman que hubo arrestos arbitrarios masivos y han documentado casos de desapariciones forzadas, de tortura en detención y entre 90 y 106 muertos bajo custodia, un número que varía de acuerdo a lo que dice el Gobierno y las ONGs.

   “Este es el universo del cual estamos hablando, no hay cifras confiables ni claras que establezcan cuántas de esas personas fueron detenidas por ser miembros de una pandilla y que no lo sean. Nosotros hemos documentado casos de individuos que fueron detenidos por su aspecto físico, o porque tenían un tatuaje, o porque estaban en el lugar y momento equivocado”, agregó Taraciuk.

   Numerosos testimonios recogidos por el medio salvadoreño El Faro hablan de detenciones por mostrar “nerviosismo” en los interrogatorios, así como también hay declaraciones que dan cuenta de una cantidad de arrestos o cuota con los que tenían que cumplir sí o sí los uniformados.

   “Los familiares de las personas detenidas señalaron que cuando le preguntaban a la Policía las razones de la captura, muchos de ellos decían que era porque tenían una cuota (que cumplir), una meta”, dijo a Télam el abogado Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización dedicada al monitoreo de violaciones de derechos humanos.

   “Para cumplir con esas metas, inicialmente recurrieron a listados de gente con antecedentes penales, incluso personas que, condenadas, ya habían cumplido con su pena o que estaban en programas de rehabilitación, y volvieron a capturarlas”, dijo Abrego.

   “Bukele ha hecho una arremetida en contra de instituciones democráticas, en contra el Poder Judicial, de fiscales, ha tomado el Poder Legislativo, y en ese contexto, es muy difícil para las instituciones estatales independientes poder controlar lo que está ocurriendo”, enumeró Taraciuk.

   La centralización del poder es tal que el propio Gobierno, sin temor a la condena, difundió como parte de la propaganda de su política de seguridad numerosas imágenes de pabellones atestados de presos sentados en el suelo, uno pegado al otro, vestidos solo con ropa interior, dejando ver los tatuajes que los identifican como miembros de las maras.

   Unas imágenes que, según comentó esta semana el presidente colombiano, Gustavo Petro, recuerdan a un “campo de concentración”, pero que internamente le han servido a Bukele para llevar su imagen positiva a cerca del 90%, abriéndole el camino a la reelección en 2024.

   “Son instrumentos publicitarios que tienen sus efectos en el apoyo popular por parte de ciertos sectores. Ese elemento del uso de la fuerza, incluso sin importar los límites legales, es parte de una estrategia que es de un manejo populista punitivo”, expresó brego, en referencia a un video de tinte cinematográfico difundido hace una semana en el que muestran el traslado de 2.000 detenidos a un nuevo centro penitenciario concebido como un lugar para albergar “terroristas”.

   Se trata de una megacárcel sin patios, áreas de recreación ni espacios para visitas conyugales.

   El impactante video se conoció después de que Washington publicara una acusación que implica a miembros del Gobierno salvadoreño con líderes de la MS13.

   “Las imágenes son un vívido reflejo de la política punitivista de Bukele en materia de seguridad pública y un intento por controlar la narrativa de lo que ocurre en el país”, afirmó la directora de HRW, quien señaló que el video lo que hace es tapar el trasfondo de las negociaciones con las pandillas.