El gobierno de Rajoy reformará la ley del aborto impulsada por Zapatero

Madrid.- El ministro de Justicia de España, el ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, pretende llevar a cabo una gran reforma del sistema de justicia en el país: ayer planteó cambios en la ley del aborto impulsada por el Ejecutivo anterior, en el Código Penal y una tasa para los recursos judiciales en segunda instancia.

"La Justicia necesita adaptarse a los nuevos tiempos", manifestó Gallardón en una comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde también anunció que el gobierno de Mariano Rajoy estudiará la posible instauración de la cadena perpetua revisable en el caso de delitos que causen gran alarma social.

En lo que se refiere a la ley del aborto, Gallardón apuntó que se modificará para exigir el "consentimiento paterno" en el caso de las menores de 18 años. La ley que está en vigor actualmente y desde julio de 2010 establece la libre interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, sin que la mujer tenga que alegar motivo alguno.

La ley vigente -aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

"Sin consenso". Gallardón recordó que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos", y señaló que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

Según medios españoles, el gobierno reformará la actual ley del aborto recuperando algunos "derechos del niño" contemplados en la ley de 1985. Fuentes próximas al Ministerio de Justicia indicaron que la nueva legislación "avanzará sobre ella" y se parecerá más a esa normativa que a la ley de plazos en vigor.

La ley de 1985 legalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de gestación en los supuestos de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto, y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física o mental de la madre.

Los últimos datos oficiales sobre abortos en España se hicieron públicos en diciembre del año pasado, y revelaron que en 2010 113.032 mujeres interrumpieron voluntariamente el embarazo, lo que supuso un aumento del 1,3 por ciento respecto a las cifras del año anterior.

Según datos del Ministerio de Sanidad, el número de intervenciones que se registraron desde la entrada en vigor de la ley -el 5 de julio de 2010- hasta el final del año (54.546 abortos) fue inferior al número de interrupciones que se llevaron a cabo desde el principio de año hasta esa fecha (58.486).

Un nuevo impuesto. En otro orden, Gallardón anunció ayer que también pretende introducir un nuevo impuesto para todo el que quiera recurrir una sentencia judicial en segunda instancia.

"En España existe un exceso de litigiosidad y un abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la segunda instancia", dijo, si bien no adelantó el monto que habría que pagar. Eso sí, si el recurso es admitido se devolverá el importe pagado y no tendrán que abonarlo quienes no tengan medios económicos suficientes.

Además, entre las medidas anunciadas por Gallardón, está prevista una reforma de la ley del menor para que en los casos con implicados tanto mayores como menores de edad se unifique la causa en un solo procedimiento, y otra reforma del Código Penal para luchar contra la multirreincidencia en el caso, por ejemplo, de pequeños hurtos. "Vamos a buscar el máximo consenso posible con el resto de las fuerzas parlamentarias", prometió el ministro de Justicia.