El Mundo

El gobierno español está a un paso de disponer la intervención de Cataluña

La posibilidad de que el presidente regional, Carles Puigdemont, niegue haber declarado la independencia parece cada vez más improbable

Jueves 19 de Octubre de 2017

Histórico momento. Unionistas manifiestan en Barcelona en reclamo de que las autoridades catalanas pongan fin a la ruptura con Madrid.

El tenso equilibrio que mantienen desde hace semanas Madrid y Barcelona por el desafío secesionista en Cataluña se romperá definitivamente hoy, cuando venza el ultimátum del gobierno de Mariano Rajoy al presidente regional, Carles Puigdemont, para explicar si declaró la independencia. Todo indica que Puigdemont eludirá esa respuesta e insistirá en pedir diálogo, como hizo ya el lunes cuando venció el primer ultimátum de Madrid. En ese caso, Rajoy avanzará con la intervención del Estado central en Cataluña: un paso inédito en 40 años de democracia en España que abriría un escenario nuevo e impredecible en la crisis. "Obligará al gobierno a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no tomar", admitió ayer Rajoy en el Congreso tras lanzar un último pedido a diputados de la formación de Puigdemont, el PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán) para que convenzan al líder independentista de volver a la legalidad. Esa opción —que Puigdemont niegue haber declarado la independencia— parece improbable: "El «Govern» no se moverá", dijo el vocero del Ejecutivo catalán, Jordi Turull. Puigdemont descartó también de plano convocar elecciones, lo que evitaría la intervención de Madrid en la región. Desde el polémico referéndum independentista ilegal celebrado el 1º de octubre en Cataluña, la peor crisis institucional de las últimas décadas en España se convirtió en una compleja partida estratégica entre Madrid y Barcelona, con cada parte intentando evitar ser la que da el paso definitivo al abismo.

Mientras que Puigdemont suspendió la proclamación de una "república catalana" segundos después de anunciarla, consciente de que carecería de apoyo internacional y cargaría de razones al gobierno para una respuesta contundente, Rajoy evitó hasta último momento intervenir Cataluña por temor al impacto político incalculable de esa medida. Su propio ultimátum, sin embargo, podría forzar al mandatario a activar hoy el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno adoptar "las medidas necesarias"para que una región vuelva a cumplir sus obligaciones. Un paso que apoyan tanto los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición, como los liberales de Ciudadanos. Sería la primera vez en la historia que España activa ese artículo, comparado con una "bomba atómica" por fuentes del Tribunal Constitucional: "Está ahí como amenaza, pero a nadie se le pasó nunca por la cabeza que hubiera que aplicarlo". En el caso de Cataluña, todo apunta a que el gobierno de Rajoy usará el 155 para una intervención gradual de la autonomía que pase por reemplazar parte del gobierno de Puigdemont o autoridades puntuales —como la policía regional— con el objetivo final de convocar elecciones anticipadas.

Madrid tendrá que detallar las medidas concretas para someterlas a aprobación del Senado —donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta— posiblemente la semana próxima. El golpe de autoridad pondría fin a un capítulo de la crisis, pero no está claro que vaya a cerrarla del todo. La intervención podría incluso ser contraproducente para Madrid y dar oxígeno al golpeado plan de Puigdemont alimentando sus dos nuevos ejes: la movilización callejera y la ofensiva propagandística por vender al mundo la imagen de una Cataluña sometida a un Estado supuestamente opresor.

El partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) que apoya a Puigdemont en el "Parlament" y los otros sectores más radicales del secesionismo catalán llamaron ayer a la desobediencia masiva no violenta en las calles, una perspectiva preocupante para el gobierno en Madrid. En ese contexto, lo único es seguro es que hoy marcará un hito en la grave crisis política, social y económica desatada por el desafío independentista de Cataluña. La dirección que tome el conflicto y el tiempo que pase hasta resolverse del todo, por el contrario, siguen siendo un interrogante.

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo. Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.

En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por Cataluña el 1º de octubre fue inconstitucional.

Los independentistas afirman haberlo ganado con el 90,18 por ciento de los votos y una participación del 43 por ciento y planean una declaración unilateral de independencia que está de momento en el limbo. En 1989, el entonces presidente, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones. El artículo no especifica cuáles son esas "medidas necesarias", de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación.

Los problemas derivados del desafío independentista podrían reducir en 1,2 punto el Producto Interno Bruto (PIB) español en 2018 si la crisis se prolonga en el tiempo, según estimaciones oficiales conocidas ayer. El dato fue elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo de control fiscal creado por el gobierno, y figura en las previsiones macroeconómicas del plan presupuestario 2018 enviadas por Madrid a Bruselas. "El impacto del componente común del shock de incertidumbre en 2018 se estima entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB, dependiendo del grado de permanencia del escenario estresado", dijeron fuentes de la AIReF. El cálculo equivale a una reducción del rendimiento de la cuarta economía del euro de entre 4.000 y 13.000 millones de euros. El impacto sería mayor en la propia Cataluña debido a la caída del consumo, el aumento del ahorro y la precaución en la toma de decisiones debido a la incertidumbre. Madrid redujo ya tres décimas sus previsiones de crecimiento en 2018, de 2,6 a 2,3 por ciento, como consecuencia de la tensión generada por el plan independentista. La situación preocupa también al FMI. Las consecuencias económicas se hacen sentir ya en la economía catalana. La región sufrió un descenso del 15 por ciento de actividad turística y una caída del 30 por ciento en la ventas de vehículos en Barcelona en las últimas dos semanas. Unas 700 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña, incluyendo los principales bancos de la región y grandes multinacionales.

La crisis podría reducir en 1,2 punto el PIB español

Los problemas derivados del desafío independentista podrían reducir en 1,2 punto el Producto Interno Bruto (PIB) español en 2018 si la crisis se prolonga en el tiempo, según estimaciones oficiales conocidas ayer. El dato fue elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo de control fiscal creado por el gobierno, y figura en las previsiones macroeconómicas del plan presupuestario 2018 enviadas por Madrid a Bruselas. "El impacto del componente común del shock de incertidumbre en 2018 se estima entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB, dependiendo del grado de permanencia del escenario estresado", dijeron fuentes de la AIReF. El cálculo equivale a una reducción del rendimiento de la cuarta economía del euro de entre 4.000 y 13.000 millones de euros. El impacto sería mayor en la propia Cataluña debido a la caída del consumo, el aumento del ahorro y la precaución en la toma de decisiones debido a la incertidumbre. Madrid redujo ya tres décimas sus previsiones de crecimiento en 2018, de 2,6 a 2,3%, como consecuencia de la tensión generada por el plan independentista. La situación preocupa también al FMI. Las consecuencias económicas se hacen sentir ya en la economía catalana. La región sufrió un descenso del 15% de actividad turística y una caída del 30% en la ventas de vehículos en Barcelona en las últimas dos semanas. Unas 700 empresas trasladaron su sede social fuera de Cataluña, incluyendo los principales bancos de la región y grandes multinacionales.

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