Era una primera prueba de fuego y Pedro Sánchez no la superó: el nuevo Ejecutivo español sufrió ayer una dura derrota en el Congreso que dejó al descubierto la fragilidad de los apoyos que lo sostienen y las dificultades que tendrá para gobernar. El revés vino precisamente de los supuestos socios que llevaron a Sánchez al gobierno. Al abstenerse ayer en el Congreso, tumbaron la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, fundamentales para los planes del Ejecutivo. Se trata de la alianza izquierdista Unidos Podemos y de los partidos independentistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). El plan del gobierno recibió solo 88 votos a favor, 173 en contra y 86 abstenciones.

Pablo Casado, líder de la oposición y sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular (PP), pidió a Sánchez "reflexionar" sobre la fragilidad que sugiere la votación "en un tema tan relevante y con tanta dimensión internacional". "Creo que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) tiene que dar explicaciones y hacer una reflexión de hasta qué punto va a someter a los españoles a una inestabilidad con repercusiones en la economía y la creación de empleo como acabamos de ver ahora mismo", criticó.

También Albert Rivera, líder del partido liberal Ciudadanos y principal interesado en nuevos comicios por su buena situación en los sondeos, reclamó una convocatoria a las urnas. "Es un gobierno frágil, débil, sin votos, sin mayoría, sin proyecto, sin futuro e incapaz de reconocer que tiene que convocar elecciones", acusó. "España necesita ir a las urnas cuanto antes para escoger un gobierno fuerte.

La portavoz del gobierno, Isabel Celáa, negó cualquier fragilidad. "No reconocemos ninguna situación de debilidad, sinceramente", señaló. "El gobierno mantiene su curso, tiene voluntad y vocación de agotar la legislatura". El propio Sánchez había insistido el jueves en que descarta por el momento un adelanto electoral y en que aspira a llegar al final del mandato, en 2020. "Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020", aseguró.

El líder socialista llegó al gobierno el 1º de junio tras ganar una moción de censura que destituyó al conservador Rajoy con el apoyo de su PSOE y de otros siete partidos, incluidas fuerzas separatistas de Cataluña y de País Vasco. Desde que comenzó su gestión, sobrevoló la duda de si sería capaz de mantener ese frágil conglomerado de partidos heterogéneos para poder gobernar. La votación de ayer, considerada su primera prueba de fuego, mostró hasta qué punto le resultará complicado.

La clave pasó por las abstenciones de Unidos Podemos, que consideró los objetivos presupuestarios del gobierno poco ambiciosos, y de los independentistas catalanes, que alegaron "falta de negociación" suficiente. Más allá de visibilizar la debilidad del nuevo gobierno, el revés al proyecto complica de forma directa la gestión de Sánchez.

Dos noticias preocuparon a Sánchez esta semana: los sectores más duros dentro del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) se hicieron con el control de la formación independentista, y el Partido Popular (PP) eligió como sucesor de Rajoy y nuevo jefe de la oposición a Pablo Casado, el aspirante más conservador. Es verdad que Sánchez podía esperar poco margen de negociación con un PP herido y decidido a hacer una oposición frontal para recuperar el gobierno, pero la renovación de la cúpula del PDeCAT, el partido del presidente catalán Joaquim Torra y de su antecesor Carles Puigdemont, abrió un riesgo real y nuevo para Madrid. "La radicalización del PDeCAT pone más cuesta arriba la legislatura de Sánchez", analizó en un editorial el diario catalán La Vanguardia, para el que "la fragilidad del gobierno aumentará" si el PDeCAT cobra más caro su apoyo parlamentario. "Lo que resta de legislatura puede convertirse en una montaña rusa", alertó el diario.

Los planes presupuestarios y el llamado "techo de gasto" (el límite de gasto no financiero en el presupuesto de 2019) son esenciales para que las comunidades autónomas españoles diseñen sus cuentas. Y sin los objetivos de déficit pactados con Bruselas, Madrid queda conminado a ajustar más los cinturones.