El destino de Lula se debate entre la cárcel o la presidencia de Brasil

El inminente fallo en segunda instancia ha revolucionado la política brasileña, ocho meses antes de las elecciones, en las que el carismático ex líder sindicalista e ícono de la izquierda latinoamericana aspira a convertirse en presidente por tercera vez. "Quiero que el PT (Partido de los Trabajadores) me nomine a la presidencia", reiteró Lula, de 72 años y jefe de Estado entre 2003 y 2010, la semana pasada durante un mitín en San Pablo, que ayer volvió a colmarse de sus partidarios.

Es posible, sin embargo, que el drama siga teniendo un desenlace incierto tras el 24 de enero. Incluso en caso de que su condena sea confirmada, el ex mandatario, claro favorito en las últimas encuestas, podría seguir en carrera debido a las peculiaridades del proceso. Un próximo encarcelamiento es muy improbable, ya que la defensa de Lula puede volver a apelar y llevar el caso en última instancia hasta la Corte Suprema. Más viable parece que Lula quede pronto inhabilitado para presentarse a cargos públicos en virtud de la ley de "Ficha Limpa" ("Expediente Limpio") sancionada por él mismo en 2010. Pero también en ese caso se estima que su defensa podría conseguir retrasar en varios meses la entrada en vigor de la medida con recursos extraordinarios.

El juicio estará a cargo de tres jueces en el pequeño tribunal regional de Porto Alegre, epicentro de un terremoto político en el sur de Brasil en estos días. La corte es responsable del proceso porque éste se llevó a cabo en primera instancia en la vecina Curitiba, sede de los principales juicios de "Lava Jato", la megacausa sobre corrupción que ha puesto en jaque a gran parte de la clase política del país desde 2014.

El PT y varios movimientos sociales anunciaron movilizaciones masivas hacia Porto Alegre. La ciudad tendrá un fuerte despliegue de seguridad para evitar disturbios. Lula rechaza los cargos de los siete procesos por corrupción abiertos contra él y acusa a Moro y la fiscalía de promover un juicio político. "Si los jueces se orientan por los hechos, no tengo duda de que me absolverán", señala el ex mandatario. Moro considera probado que Lula aceptó de OAS la reforma de un departamento de lujo en Guarujá, en la costa de San Pablo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con Petrobras, la petrolera estatal que está en el centro de los escándalos de "Lava Jato". Decenas de políticos están acusados de haber aceptado sobornos durante años en la trama corrupta. La defensa de Lula sostiene que la acusación no presentó pruebas y que se apoya sobre todo en los testimonios de otros acusados. El departamento no llegó a ser propiedad de Lula.

El ex presidente asegura que mantendrá su campaña, independientemente del veredicto de Porto Alegre. Las encuestas le dan un 36 por ciento de los apoyos, en un clima enrarecido por el hartazgo político después de la grave crisis económica de los últimos años y los escándalos de corrupción. El principal rival electoral de Lula es el militar ultraderechista Jair Bolsonaro, que alcanza un 18 por ciento de las preferencias.

Debido a los juicios, Lula perdió el prestigio como estadista del que gozaba al dejar el poder y su figura polariza ahora al país. Rechazado sobre todo por las clases altas y el empresariado, el antiguo líder obrero sigue siendo altamente popular entre los más pobres, los más favorecidos por los programas sociales que impulsó durante sus dos gobiernos. Gracias a los altos precios del petróleo, Brasil vivió un "boom" económico sin precedentes en la década pasada, que le permitió sacar a millones de personas de la pobreza. La agenda de Lula prevé un viaje a Africa tres días después de su juicio. A su regreso, anunció el ex presidente, volverá a recorrer Brasil como en los últimos meses. El proceso en su contra podría convertirse esta semana en el primer gran acto de un drama electoral con final incierto en los convulsos tiempos que vive la primera economía de América latina.

"Las instituciones están funcionando"

Isaac Risco

DPA