El debate sobre la inmigración ilegal caldea los ánimos políticos en EEUU

Washington.— La severa ley de Arizona para combatir la inmigración ilegal reconfiguró el panorama político nacional en un año electoral, y puso nuevamente en el candelero un tema potencialmente divisivo, que afecta la seguridad nacional y los derechos de los Estados.

Tanto demócratas como republicanos analizan sus próximos pasos, empeñados en no irritar a sus bases ni ahuyentar a los independientes. Tienen presentes las divisiones que surgieron en sus filas la última vez que se abordó el tema de los 12 millones de indocumentados que viven en el país.

Ni republicanos ni demócratas querían lidiar con un tema tan volátil a seis meses de las elecciones legislativas que decidirán el equilibrio de poder en Washington.

El tema de los indocumentados incide en todos los aspectos de la política de EEUU, incluida la seguridad nacional —con asuntos delicados como el control de las fronteras y la categorización racial—, y cuestiones domésticas como la educación y la salud.

Alta exposición. A todos los niveles del gobierno, desde Washington hasta los concejos municipales, se está abordando el tema de los indocumentados.

Empresarios, sindicatos, organizaciones religiosas y grupos defensores de los derechos del inmigrante son afectados, y seguramente tomarán en cuenta su posición ante este tema al elegir por quién votarán en los comicios legislativos y para gobernadores de noviembre.

Los republicanos, que han tratado de ganar terreno entre la creciente población hispana, temen ser pintados como xenófobos. Los demócratas se exponen a ser caracterizados como blandos en cuanto a la seguridad nacional.

Los indocumentados ya son un tema clave en varias contiendas republicanas para la Cámara de Representantes, el Senado y numerosas gobernaciones. La propia gobernadora de Arizona, Jan Brewer, tuvo que elegir entre una política de mano dura y una más moderada, y optó por la primera.

Los republicanos enfrentan el desafío adicional de satisfacer a su base conservadora y a los militantes independientes del “tea party”, sin generar malestar entre los hispanos y entre votantes indecisos.

Pedidos de reforma. La gobernadora Brewer, quien encara una reñida contienda dentro del partido republicano en busca de su reelección, sancionó una ley que le exige a la policía que pregunte por el status inmigratorio de una persona si sospecha que está en el país ilegalmente.

De la noche a la mañana surgieron protestas y los distintos sectores tomaron posición. Los conservadores vieron con buenos ojos la medida, que consideraron necesaria para frenar el ingreso de indocumentados desde México. Los liberales dijeron que amenaza los derechos civiles. El cardenal católico de Los Angeles la comparó con normas típicas de los nazis.

El presidente Barack Obama ordenó al Departamento de Justicia que analice si la ley amenaza con “socavar nociones básicas de justicia”, e insistió en la importancia de adoptar una reforma a las leyes de inmigración, diciendo que “si seguimos sin actuar a nivel federal, continuaremos viendo iniciativas erradas en todo el país”.

El líder de la mayoría senatorial Harry Reid, quien encara una dura batalla en Nevada, un Estado con muchos hispanos, prontamente se comprometió a impulsar una reforma inmigratoria, pese a que la prioridad de los demócratas es una reforma a las regulaciones financieras y medidas para combatir el cambio climático.

“Hay una enorme cantidad de gente en este país ilegalmente”, expresó por su lado el líder de la minoría senatorial Mitch McConnell. No obstante, admitió que “este no es el mejor momento para abordar este tema en Washington”.

El senador republicano John McCain justificó ayer la cuestionada ley de Arizona, señalando que era necesaria dada la incapacidad del gobierno de Obama para “asegurar nuestras fronteras”.

La situación en el estado fronterizo con México es “la peor que he visto jamás”, aseguró el ex candidato presidencial republicano. Y agregó que como resultado de la falta de represión en la frontera entran torrentes de drogas en el suroeste de EEUU desde México.

“Hay que intervenir”. En el otro extremo, el senador demócrata Chris Dodd sostuvo que la ley de Arizona es “escandalosa”, y que “hay que intervenir antes de que las cosas se vayan más todavía de las manos”.

Los demócratas tendrán que tratar de satisfacer a los sectores liberales sin irritar a otros, incluidos los conservadores, que dan gran importancia a los derechos de los Estados. Candidatos demócratas moderados que enfrentan elecciones riesgosas, por otra parte, podrían verse obligados a ir en contra de su partido para preservar sus bancas. (AP)

Boicot

Un concejal de San Francisco propuso boicotear a Arizona en protesta por la nueva ley que permite a la policía de ese Estado detener a gente por su status migratorio. “No usaremos los recursos de nuestra ciudad para apoyar esa ley”, declaró David Campos, quien llegó a EEUU desde Guatemala como indocumentado y se nacionalizó estadounidense en 1997. El fiscal municipal Dennis Herrera adelantó que ya empezó a investigar si la ciudad puede cancelar contratos con Arizona, aunque no queda claro cuántas empresas quedarían afectadas. “San Francisco siempre ha ejercido liderazgo en los temas de peso moral”, expresó.