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El chavismo adelanta las elecciones del Parlamento luego de amenazar disolverlo

Debían hacerse en diciembre de 2020, pero la Asamblea Constituyente decidió que se hagan antes. También dejó sin fueros a 4 diputados.

Martes 13 de Agosto de 2019

El gobierno chavista de Venezuela negó anoche que se proponga disolver la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) pero dijo que sí adelantará más de un año las elecciones del Legislativo, que corresponde realizar en diciembre de 2020. Ese poder es el único controlado por la oposición. A la vez, quitó la inmunidad de sus fueros a otros cuatro diputados opositores, sumando ya un total de 23. La disolución de la Asamblea planeó durante todo el día y el presidente de la poderosa Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, evitó responder directamente sobre el tema, pero advirtió que "nada ni nadie nos detendrá". Luego agregó que "la Asamblea se está eliminando sola". Al mismo tiempo, se conoció que solicitó la anulación de los fueros de cuatro diputados, todos opositores.

"Para qué" disolver el Parlamento si "está eliminado ya, nadie le para (presta atención), eso no funciona", afirmó despectivamente el presidente de la Constituyente, el capitán Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen incluso por encima del presidente Nicolás Maduro. Así comenzó Cabello una sesión de ese cuerpo, elegido en 2017 pero que no ha redactado aún una nueva Constitución y que está integrado exclusivamente por chavistas y se ha autodeclarado "plenipotenciario" desde entonces.

Cabello afirmó que "aquí va a haber elecciones, pronto, más pronto de lo que ustedes crean", pese a que la composición de la AN debe renovarse, según mandato constitucional, el 5 de enero de 2021 y los comicios se efectúan no más de un mes antes. Cuando en 2015 el chavismo perdió de forma abrumadora las elecciones de la Asamblea, comenzó a realizar maniobras irregulares para recortar sus poderes. Suspendió las siguientes elecciones locales, que debían hacerse en 2016 y en 2017 forzó la elección de la Constituyente sin recurrir al padrón electoral, para lo que forjó unas elecciones indirectas que claramente no figuran en la Constitución de 1999, aún vigente.

Más tarde, la Constituyente resolvió crear una comisión —que integrarán Cabello y otros dos constituyentes— que definirá en qué fecha se realizarán esas elecciones, tras consultar "a todos los organismos sobre cuándo es el mejor momento". "Si de esa consulta resulta que es el 1 de enero, el 1 de enero se hará; si dice que es este año, se harán cuando diga esa consulta", advirtió Cabello, y agregó que la decisión estará tomada "en los próximos días".

Así, la disolución del Parlamento fue desmentida al cabo de una jornada cargada de rumores que lo auguraban, pero a la vez se lanzó la amenaza de unas elecciones fuera de período que de seguro serán irregulares y "ganará" el chavismo, como ha ocurrido siempre desde aquella derrota en 2015. La jugada de Cabello puede verse como un paso atrás, después de que la inminente disolución de la Asamblea fuera denunciada por su presidente, Juan Guaidó, y, basados en sus propias fuentes, por los los diarios El Nacional y El Universal y la televisora Globovisión.

A la vez, la Constituyente quitó los fueros a otros cuatro diputados opositores a pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, también controlado por el chavismo). Se trata de los diputados José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García Canales, para quienes el TSJ pidió esa medida ayer mismo, y Rafael Guzmán, para quien el tribunal la había solicitado a fines de mayo pasado.

A Guerra, Guanipa y García Canales, el TSJ les imputó la "comisión flagrante" de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones". Son los cargos habituales que invoca el TSJ chavista para quitar fueros a los diputados opositores, algo que ya ha hecho con 23 legisladores.

Las amenazas de Cabello y la quita de fueros volvieron a dejar en suspenso el futuro de las negociaciones con que el chavismo y la oposición, bajo el auspicio de Noruega, buscan una posible salida al conflicto de poderes en que Venezuela está sumida desde enero. Primero, Maduro asumió el 10 de enero un nuevo mandato de seis años pese a que las elecciones de 2018 fueron impugnadas por la OEA, la ONU y numerosos países, que no las reconocieron. En respuesta, la Asamblea Nacional desconoció el mandato de Maduro y designó a su presidente, Guaidó, como mandatario interino de la república.

Tras cinco rondas de conversaciones Maduro resolvió suspender el diálogo la semana pasada, luego de que Estados Unidos resolviera bloquear "todos los bienes e intereses" del régimen venezolano que preside en jurisdicción norteamericana.

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