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El 68 por ciento de los brasileños quiere el juicio político de Dilma Rousseff

Lo reveló un sondeo del instituto Datafolha. A su vez, un 65 por ciento exige que renuncie directamente. El viernes, el Tribunal Supremo dejó sin cargos ni fueros al expresidente Lula. 

Domingo 20 de Marzo de 2016

El 68 por ciento de los brasileños considera que la presidenta Dilma Rousseff debe ser sometida a juicio político, mientras un 65 por ciento dice que debería renunciar directamente, según un sondeo nacional del instituto Datafolha, de San Pablo. La tensión política en el país está en su nivel más alto, con Lula da Silva apartado por el Tribunal Supremo de su cargo de jefe de gabinete y sometido nuevamente a la jurisdicción del juez Sergio Moro, quien lleva adelante la investigación sobre la corrupción en Petrobras que ha puesto de rodillas al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y a sus dos máximos líderes. Moro también ha llevado a prisión y condenado a muchos años de prisión a varios de los empresarios más poderosos del país.

Según el trabajo de Datafolha, el apoyo al impeachment de Rousseff, iniciado el viernes en la Cámara de Diputados, creció ocho puntos en el último mes, llegando a un récord de 68 por ciento. A la vez, dio un salto de 58 por ciento a 65 por ciento el porcentaje de brasileños que quieren que la presidenta renuncie directamente a su cargo. En la vereda opuesta, quienes son contrarios al impeachment, conjunto que sumaba el 33 por ciento en febrero, y bajó ahora a solo 27 por ciento. Otro dato impactante del sondeo de Datafolha indica que el nivel de reprobación del gobierno de Rousseff volvió a un nivel récord: 69 por ciento considera la gestión presidencial como "pésima". Un nivel similar al alcanzado en agosto pasado, cuando llegó a 71 por ciento el índice de reprobación, que fue el más alto para un gobierno en la serie histórica que hace Datafolha desde 1989. El estudio se hizo en 171 municipios de todo Brasil entre 2794 electores.

Congreso. El sondeo es un claro respaldo a la oposición y al Congreso, que el jueves, en medio del escándalo del nombramiento de Lula como jefe de gabinete de Dilma, formó finalmente la comisión acusadora para dar inicio al procedimiento de impeachment. Diputados es la cámara acusadora y el Senado es la juzgadora. Pero si Diputados decidiera enviar a juicio político a la presidenta, esta quedaría suspendida en su cargo por 180 días apenas el expediente pasara al Senado. Resulta difícil de imaginar a una Rousseff que después de 180 días retoma el mando.

Caso Collor. El único antecedente que existe en Brasil, el de 1992 contra Fernando Collor de Mello, terminó con la renuncia anticipada del presidente para evitar la destitución por el Senado. Según los números de Datafolha, en septiembre de 1992, a menos de un mes de la votación de impeachment de Collor, 75 por ciento apoyaba esa medida.

El estudio de la empresa dueña del diario Folha de Sao Paulo es un buen retrato del deterioro de imagen del gobierno de Rousseff, del PT y de su máxima figura, Lula da Silva, quien el viernes a la noche se enteró, luego de presidir un acto ante casi 100 mil militantes en San Pablo, que el Tribunal Supremo le había quitado su cargo de jefe de gabinete y por tanto sus fueros, y que su expediente penal volvía al implacable juez federal de Curitiba, Sergio Moro.

Divididos. El país se ve así dividido peligrosamente. Hay una minoría activa, la del PT y sus aliados gremiales y de organizaciones sociales, que denuncian un "golpe". "¡No habrá golpe!", gritaban los militantes petistas envueltos en banderas rojas en San Pablo. Lula acompañaba el eslogan desde la tribuna. Mientras transcurría el acto, el juez del Tribunal Supremo Federal (la corte suprema) Gilmar Mendes firmaba una resolución que echaba por tierra la clara doble intención que hay detrás de su nombramiento como jefe de gabinete de Roussef. Mendes decretó la suspensión del mandato como ministro de Lula. Su dictamen puede apelarse, como ya hizo el gobierno ante el pleno del propio STF. Pero este no se reunirá hasta el 30 de marzo, y por tanto Lula quedará al menos hasta esa fecha sin fueros y a merced del juez Moro. Este ya ha recibido un pedido de prisión preventiva contra Lula de parte del cuerpo de fiscales que sigue su caso. Lula es acusado por los fiscales de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El despacho del juez supremo Mendes fue contundente, casi lapidario. Mendes disparó contra los dos objetivos que tuvo la fallida investidura de Lula: salvar el mandato en estado terminal de Rousseff y eludir las instancias judiciales inferiores como la de Moro. Si Lula hubiera logrado el cargo, como ministro tendría el privilegio de estar libre de investigación por la Justicia de primera instancia y sólo la Fiscalía General de la República y el Supremo Tribunal Federal hubieran podido continuar con su expediente. Mendes, nombrado durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, fue categórico. "El objetivo de la falsedad es claro: impedir el cumplimiento de la orden de prisión del juez de primera instancia. Una especie de salvoconducto emitido por la presidenta de la República", señaló. Mendes no descarta que la maniobra pueda ser "fraude a la Constitución".

Roussef. Si Lula quedó sin fueros y a merced de Moro, su sucesora no ha corrido mejor suerte. Blanco hace una semana de las mayores protestas vistas en Brasil, Rousseff está siendo empujada hacia la puerta de salida del Planalto. Si la chispa de la indignación aumentó tras la designación de Lula, los audios que muestran la interferencia de Dilma en el Poder Judicial, fueron incendiarios. Las llamas llegaron así a un ya insurrecto Congreso, que con los dos pies en el acelerador del impeachment se alista para decretar el fin de la presidencia de Rousseff. A instancias del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, enemigo declarado del gobierno, la comisión acusadora que analizará el pedido de destitución de Rousseff fue instalada el pasado jueves con una composición desfavorable para el Ejecutivo.

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