La presidenta Dilma Rousseff prepara una batalla para evitar un juicio político en un Congreso ampliamente fragmentado en medio de un escándalo de corrupción y la peor recesión de Brasil en décadas. El líder de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un confeso enemigo de la presidenta, introdujo oficialmente ayer un proceso para llevarla a juicio político, con el argumento de que violó leyes de responsabilidad fiscal. El juicio podría terminar en su eventual destitución. “Hay indicios suficientes”, dijo Cunha al referirse a gastos en los que presuntamente incurrió el gobierno de Rousseff sin autorización del Congreso. “El momento de política actual es notoriamente grave. Nunca en la historia de la república hubo tantos pedidos de juicio político. La economía no va bien y la desconfianza en el país ya traspasó las fronteras”.
  Existen riesgos para la mandataria de la economía más grande de América latina: su popularidad está por el suelo en niveles no vistos desde 1985, cuando terminó la dictadura militar; y aunque los analistas consideran que sería difícil reunir el apoyo de más de dos tercios en la Cámara baja para que el proceso pase al Senado, la opinión popular es un factor importante y el oficialismo no está bien consolidado en el Congreso. “Tendrá que luchar con todas sus fuerzas para evitar ser destituida por el Congreso”, dijo Eliane Catanhede, una columnista de Estado de Sao Paulo.

Apelación. Miembros del Partido de los Trabajadores presentaron ayer ante la Suprema Corte un recurso para frenar la apertura del proceso alegando que Cunha abusó de su poder y no notificó a Rousseff antes de tomar la decisión. Rousseff reunió a su gabinete ayer para planear la estrategia. “Cunha está usando el poder para paralizar a Brasil y al Congreso. Siempre es la misma herramienta: amenazas para obtener lo que quiere”, dijo ayer Jaques Wagner, jefe del gabinete de Rousseff. “Estamos preparándonos para una lucha política”.
  Cunha instruyó a los partidos que integran la Cámara de Diputados sugerir antes del lunes a los miembros que formarán parte de una comisión especial de 65 miembros que decidirá si se inicia el juicio político. Cada partido tiene derecho a colocar a miembros dependiendo del tamaño de su bancada. El diputado también convocó a una sesión extraordinaria el lunes para aprobar a cada uno de los miembros, así como al presidente y relator de la comisión. Agregó que el martes arrancaría el debate.
  Especialistas dicen que en este momento parece poco probable que los diputados aprueben el procesamiento ya que se requieren dos tercios de la Cámara integrada por 513 miembros. Si fuera aprobado, Rousseff sería inhabilitada temporalmente por un máximo de seis meses y su vicepresidente Michel Temer asumiría el poder. Después el Senado tendría que votar para destituir a Rousseff de manera permanente.
  Rousseff rechazó la noche del miércoles las acusaciones y agregó que no se dejará chantajear. “Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan esta solicitud. No cometí ningún acto ilícito”, expresó la presidenta.
  Aunque Rousseff fue reelegida en noviembre de 2014, su imagen ha sufrido a consecuencia del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La mandataria no ha sido acusada personalmente en el esquema de sobornos. Cunha, por otro lado, fue acusado de recibir millones en sobornos en el mismo caso. Los fiscales alegan que Cunha tiene al menos 5 millones de dólares ocultos en cuentas bancarias en Suiza y se cree que podría ser arrestado en cualquier momento.
  El diputado anunció la apertura del proceso de juicio político unas horas después de que legisladores del PT indicaron que votarían contra él en una comisión de ética de la Cámara de Diputados que debate si debe ser investigado e inhabilitado por corrupción. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Cunha es el aliado más fuerte de la coalición gobernante de Rousseff, aunque Cunha y algunos otros miembros se han alejado claramente del gobierno en los últimos meses. El vice, Temer, que asumiría la jefatura de gobierno si Rousseff es destituida, pertenece al PMDB).

Apoyo opositor. Miembros de la oposición respaldaron la decisión de Cunha. “No es un golpe de Estado. Estamos hablando de un mecanismo que existe en nuestra Constitución”, dijo el senador Aécio Neves, quien perdió ante Rousseff por un margen estrecho en las presidenciales de 2014.
  Sindicatos vinculados a la izquierda brasileña, la Iglesia Católica y movimientos sociales se manifestaron ayer en defensa de la presidenta. “Me siento indignado con lo que están haciendo con el país. La presidenta está haciendo un esfuerzo para hacer crecer la economía. El presidente de la Cámara tomó la decisión de no preocuparse por Brasil”, dijo el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).

“No soy una ladrona”

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó que no es “una ladrona”, luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que dará curso al trámite para la apertura de un juicio político en su contra. “Todo el mundo conoce mis defectos, pero saben que no soy una ladrona”, dijo Dilma a asesores, según informaron fuentes del gobierno al diario Folha de San Pablo. La mandataria pronunció anoche un discurso televisado en respuesta a la decisión de Cunha de constituir una comisión especial para analizar el pedido de impeachment (juicio político con fines de destitución) redactado por Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
   Rousseff recibió una llamada de apoyo del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y también se comunicó con el vicepresidente Michel Temer, del aliado Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
   El pronunciamiento de Rousseff tuvo la apariencia de un duelo personal con el diputado Cunha, quien es objeto de investigaciones judiciales por sus cuentas en Suiza. Al hablar a la nación Rousseff dijo que no posee cuentas en el exterior y que nunca ocultó sus bienes. Al referirse al proceso de impeachment, declaró: “Tengo la convicción absoluta de que el pedido no procede y de que es justo que sea archivado”.

Indignación. La mandataria también se manifestó “indignada” frente a la decisión de Cunha. “Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, declaró en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto. La mandataria afirmó que no existe ningún “ilícito” en su gestión y aseguró que se trata de “acusaciones inconsistentes”. La presidenta negó asimismo que haya negociado con Cunha, tal como afirman analistas y medios locales. “Yo jamás aceptaría o concordaría con ese tipo de arreglo. Mucho menos con negociaciones que atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones democráticas de mi país, bloquean la Justicia u ofenden los principios morales y éticos que deben gobernar la vida pública”, dijo Rousseff.

La nación sudamericana, empujada hacia el abismo

La decisión del presidente de  Diputados, Eduardo Cunha, de avalar la apertura del juicio para destituir a la presidenta Dilma Rousseff promete sacar a Brasil de la parálisis en la que se encontraba desde que el legislador fue denunciado por corrupción, pero a la vez lo empuja al abismo. Desde que Rousseff asumió su segundo gobierno, hace 11 meses, la ingobernabilidad fue el sello de su gestión. Entre otros motivos, porque en los hechos perdió el apoyo de su coalición aliada a instancias de un jefe de Diputados en pie de guerra, que comandó varias derrotas al gobierno en el Congreso. El anuncio no pudo caer en peor momento para Rousseff, rechazada por el 80% de la población, acusada de haber mentido en la campaña electoral al ocultar la verdadera situación económica del país y bajo sospecha de haber recibido fondos desviados de Petrobras en su campaña.
  También es dramático el momento económico del país, que se encamina hacia la mayor recesión en 30 años. “El gobierno que comenzó melancólicamente hace menos de un año, entra ahora en una lucha con espadas y oscuras. El desenlace es imprevisible. Ella podrá o no sobrevivir. Si sobrevive tendrá una nueva oportunidad . Si no, vendrá (el vice) Michel Temer”, sintetizó ayer la politóloga Eliane Cantanhede.
  El camino hasta que se conozca el desenlace es largo, aún debe pasar por una comisión especial y votaciones en ambas cámaras del Congreso, pero la inestabilidad que producen sus sucesivas etapas, sumada a la colosal crisis económica, auguran tiempos difíciles para el país. Brasil cumplió este año 30 años de democracia, tras 21 de dictadura militar, y ya pasó por otro “impeachment”: el del ex presidente y hoy senador Fernando Collor de Mello, en 1992, acusado de corrupción.