El Mundo

Dilma Rousseff acusó de golpistas a quienes impulsan su destitución

La crisis en Brasil. La presidenta pidió imparcialidad a los jueces. Inminente veredicto sobre presuntas maniobras financieras en su primer gobierno.

Miércoles 07 de Octubre de 2015

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, calificó ayer de “golpistas” a quienes cuestionan su gobierno y aseguró que ve “luz al final del túnel”, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) reabriera un proceso por supuestas irregularidades en las finanzas de la campaña electoral, y a horas de que otro órgano emita su postura ante denuncias por maniobras administrativas que podrían habilitar los pedidos de juicio político en su contra en el Congreso. “La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño”, afirmó la presidenta en Bahía (noreste). Rousseff criticó a los “golpistas” que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió “imparcialidad” a los jueces luego de que el Tribunal Electoral comenzara a investigarla a pedido de la oposición por financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección en 2014.
  La jefa de Estado admitió la crisis, pero enfatizó que “ve luz al final del túnel” y se mostró confiada en que el Congreso “demostrará su compromiso con el país” y mantendrá los vetos que como mandataria impuso a proyectos aprobados en las cámaras que aumentarían el gasto público que el gobierno intenta reducir al mínimo. Reconoció además que en los últimos meses, en los que el país está inmerso en una profunda crisis económica, se ha visto amenazada por los mercados y hostigada por la oposición y recalcó que el único método reconocido para llegar al gobierno “es el voto directo en las urnas”.
  El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió reabrir ayer una Acción de Impugnación de Mandato Electivo (AIME) presentada por la oposición contra la presidenta. La acción se basa en sospechas de irregularidades en las finanzas de la campaña de reelección de 2014, cuando Rousseff y su vice, Michel Temer, obtuvieron un segundo mandato en octubre.
  La acción fue presentada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y se suma a otros tres procesos, también impulsados por los socialdemócratas, que se encuentran en manos de la Justicia Electoral. Las cuatro acciones pueden derivar en la pérdida del mandato de la política del Partido de los Trabajadores (PT) y su vice, del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El proceso estaba paralizado desde agosto, debido a que uno de los magistrados que integran el tribunal había pedido prórroga para analizar las denuncias. La principal sospecha es que el PT recibió dinero desviado de Petrobras, en el marco de la red de corrupción que sacude al ente estatal. Los recursos ilícitos, según la sospecha, habrían sido usados para financiar la campaña política de la presidenta.
  Si el tribunal condenara a la mandataria y a su vice su victoria electoral de octubre de 2014 quedaría impugnada y deberían renunciar. En ese caso, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien debería convocar a nuevas elecciones. Actualmente Cunha está denunciado por corrupción en el caso Petrobras, a quien parlamentarios le pidieron su renuncia. Apenas un rato después de que se conociera la resolución del Tribunal Electoral, Rousseff reclamó a los jueces que actúen con “imparcialidad en los juzgamientos”.
  La presidenta también enfrenta una investigación en el Tribunal de Cuentas de la Unión, que no es un ente del Poder Judicial sino un organismo consultivo del Poder Legislativo, y que debe emitir una postura sobre presuntas maniobras administrativas de Rousseff, quien al parecer financió programas sociales sin asentar esos gastos en el balance del ejercicio 2014, con lo cual disimuló problemas fiscales. Esta maniobra, de comprobarse, constituirá una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El veredicto del Tribunal de Cuentas sería  emitido en las próximas horas. Una vez presentado el mismo,  éste será enviado al Congreso donde los parlamentarios evaluarán si una eventual violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es causal para iniciar un juicio político.
  La jefa de Estado se mostró confiada en que el Congreso “demostrará su compromiso con el país”. Para la presidenta, cuyos índices de popularidad se encuentran en mínimos históricos, “es muy importante que las personas coloquen los intereses de Brasil encima de sus intereses, y de los partidarios”. Para intentar sortear estas dificultades, Rousseff cedió poder a través de una reforma ministerial a su aliado PMDB, para buscar sumar apoyo en el Congreso, erosionar la base parlamentaria del juicio político y armonizar el vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo. El lunes, Rousseff recomendó “dialogar mucho” con los partidos afines al gobierno y adversarios, durante la presentación de su nuevo gabinete, oportunidad en la que aseguró que el país atraviesa un momento de “acentuadas divergencias”.

El titular de Diputados se niega a renunciar

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, rechazó ayer de manera categórica la posibilidad de renunciar al cargo a raíz de las denuncias de corrupción que pesan en su contra y que están vinculadas al escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Cunha, integrante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dijo que no renunciará “bajo ninguna hipótesis”. “No existe la menor posibilidad de renunciar, licenciarme o cualquier otra cosa por el estilo”, aseveró el político evangélico quien, pese a militar en el partido más importante de la coalición que apoya al gobierno de Dilma Rousseff, es un enemigo declarado del Ejecutivo.
  Cunha fue denunciado por la Fiscalía General de la República por sus presuntos vínculos con la red de desvíos de fondos y fraudes revelados en la petrolera estatal. Las denuncias en su contra parten de declaraciones hechas por implicados en las maniobras ilícitas que colaboran con las investigaciones.
  Según esas denuncias, Cunha recibió en sobornos unos 5 millones de dólares en 2006, cuando ya ocupaba un escaño en la Cámara baja. El dinero fue exigido por el propio legislador, según las acusaciones, a cambio de facilitar negocios entre empresas privadas y el ente estatal.

Cuentas secretas en Suiza. Su situación se complicó aún más la semana pasada, cuando autoridades suizas enviaron a sus pares brasileñas documentos que indican que Cunha es beneficiario de al menos cuatro cuentas en el país europeo, las cuales, según sospecha la Fiscalía suiza, habrían recibido dinero desviado de Petrobras.
  Las declaraciones realizadas ayer por el legislador —quien ocupa el tercer cargo en importancia del país, después de Rousseff y su vice, Michel Temer—, responden a la decisión de sus aliados en el Congreso de retirarle el apoyo en caso de que se compruebe que posee cuentas en Suiza, algo que él negó tiempo atrás, cuando declaró ante una comisión parlamentaria que investiga el caso Petrobras. Si se comprueba que mintió ante la comisión investigadora, Cunha habrá incurrido en improbidad administrativa y perderá el mandato.
  Según informó el portal del diario Folha de Sao Paulo, actualmente Cunha cuenta en la Cámara baja con el respaldo de legisladores de los tres principales opositores del gobierno: el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el derechista Demócratas (DEM) y Solidariedade.
  El apoyo de opositores se debe, entre otras razones, a que en su calidad de presidente de Diputados tiene la potestad de archivar u ordenar la continuidad de pedidos de apertura de juicio político contra Rousseff.
 

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario

LAS MAS LEÍDAS