La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, calificó ayer de “golpistas” a quienes cuestionan su gobierno y aseguró que ve “luz al final del túnel”, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) reabriera un proceso por supuestas irregularidades en las finanzas de la campaña electoral, y a horas de que otro órgano emita su postura ante denuncias por maniobras administrativas que podrían habilitar los pedidos de juicio político en su contra en el Congreso. “La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño”, afirmó la presidenta en Bahía (noreste). Rousseff criticó a los “golpistas” que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió “imparcialidad” a los jueces luego de que el Tribunal Electoral comenzara a investigarla a pedido de la oposición por financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección en 2014.
La jefa de Estado admitió la crisis, pero enfatizó que “ve luz al final del túnel” y se mostró confiada en que el Congreso “demostrará su compromiso con el país” y mantendrá los vetos que como mandataria impuso a proyectos aprobados en las cámaras que aumentarían el gasto público que el gobierno intenta reducir al mínimo. Reconoció además que en los últimos meses, en los que el país está inmerso en una profunda crisis económica, se ha visto amenazada por los mercados y hostigada por la oposición y recalcó que el único método reconocido para llegar al gobierno “es el voto directo en las urnas”.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió reabrir ayer una Acción de Impugnación de Mandato Electivo (AIME) presentada por la oposición contra la presidenta. La acción se basa en sospechas de irregularidades en las finanzas de la campaña de reelección de 2014, cuando Rousseff y su vice, Michel Temer, obtuvieron un segundo mandato en octubre.
La acción fue presentada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y se suma a otros tres procesos, también impulsados por los socialdemócratas, que se encuentran en manos de la Justicia Electoral. Las cuatro acciones pueden derivar en la pérdida del mandato de la política del Partido de los Trabajadores (PT) y su vice, del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El proceso estaba paralizado desde agosto, debido a que uno de los magistrados que integran el tribunal había pedido prórroga para analizar las denuncias. La principal sospecha es que el PT recibió dinero desviado de Petrobras, en el marco de la red de corrupción que sacude al ente estatal. Los recursos ilícitos, según la sospecha, habrían sido usados para financiar la campaña política de la presidenta.
Si el tribunal condenara a la mandataria y a su vice su victoria electoral de octubre de 2014 quedaría impugnada y deberían renunciar. En ese caso, asumiría el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien debería convocar a nuevas elecciones. Actualmente Cunha está denunciado por corrupción en el caso Petrobras, a quien parlamentarios le pidieron su renuncia. Apenas un rato después de que se conociera la resolución del Tribunal Electoral, Rousseff reclamó a los jueces que actúen con “imparcialidad en los juzgamientos”.
La presidenta también enfrenta una investigación en el Tribunal de Cuentas de la Unión, que no es un ente del Poder Judicial sino un organismo consultivo del Poder Legislativo, y que debe emitir una postura sobre presuntas maniobras administrativas de Rousseff, quien al parecer financió programas sociales sin asentar esos gastos en el balance del ejercicio 2014, con lo cual disimuló problemas fiscales. Esta maniobra, de comprobarse, constituirá una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El veredicto del Tribunal de Cuentas sería emitido en las próximas horas. Una vez presentado el mismo, éste será enviado al Congreso donde los parlamentarios evaluarán si una eventual violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es causal para iniciar un juicio político.
La jefa de Estado se mostró confiada en que el Congreso “demostrará su compromiso con el país”. Para la presidenta, cuyos índices de popularidad se encuentran en mínimos históricos, “es muy importante que las personas coloquen los intereses de Brasil encima de sus intereses, y de los partidarios”. Para intentar sortear estas dificultades, Rousseff cedió poder a través de una reforma ministerial a su aliado PMDB, para buscar sumar apoyo en el Congreso, erosionar la base parlamentaria del juicio político y armonizar el vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo. El lunes, Rousseff recomendó “dialogar mucho” con los partidos afines al gobierno y adversarios, durante la presentación de su nuevo gabinete, oportunidad en la que aseguró que el país atraviesa un momento de “acentuadas divergencias”.
