El Mundo

Dilma recibió un rotundo respaldo de la ciudadanía a 52 años del golpe

El Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos y movimientos sociales marcharon en todo el país en contra de la destitución impulsada por la oposición al gobierno.

Viernes 01 de Abril de 2016

Miles de personas convocadas por movimientos sociales y sindicatos participaron ayer en manifestaciones en favor de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva y contra los intentos de destituir a la mandataria, que alertó sobre la radicalización del país. Los actos se realizaron en ciudades de al menos 17 Estados de todo el país bajo la consigna unánime de "No habrá golpe". Los manifestantes se vistieron de rojo, el color que es símbolo del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), al momento de reunirse en Brasilia, en el centro financiero de San Pablo y en otras urbes cariocas.

Durante un acto en el Palacio del Planalto, la presidenta dijo que la radicalización que se apoderó del país a raíz de la crisis política "se parece mucho al nazismo". "Es triste. Este país nunca tuvo ese lado fascista. ¿Estigmatizar a las personas por lo que piensan? Eso se parece mucho al nazismo", dijo la mandataria al comentar un episodio ocurrido en Porto Alegre, donde una pediatra se negó a continuar atendiendo a un bebé porque sus padres militan en el gobernante Partido de los Trabajadores. "Primero se le pone una estrella en el pecho (y alguien) y se dice que es judío. Después se lo mete en un campo de concentración. Esa intolerancia es imposible, no puede ocurrir", añadió Rousseff, quien enfrenta un proceso en el Congreso que puede resultar en su destitución, al cual, al igual que ella, grupos de izquierda y movimientos sociales califican de "golpe".

Trágica recordación. Además de defender la democracia, se recordó en el evento el 52º aniversario del golpe militar de 1964, que dio inicio a una dictadura de 21 años, la más larga de Sudamérica. El vicepresidente de la república, Michel Temer, cuyo partido abandonó el martes la coalición oficialista y articula con la oposición apoyar la destitución de la presidenta, fue blanco de carteles y consignas exigiendo su renuncia. También sus correligionarios en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, fueron recordados en carteles que los tildaban de corruptos. Ambos fueron denunciados por la Fiscalía General por sus presuntos nexos con la corrupción en Petrobras.

En su primera reacción desde que su partido abandonó el gobierno, Temer negó ayer que se encuentre negociando cargos para una eventual asunción como jefe del Estado en caso de que Rousseff pierda su puesto como consecuencia del juicio político que se le sigue en el Congreso. "Quiero dejar registrado sobre que yo estaría negociando cargos, recibiendo parlamentarios y partidos para hacer negociación de cargos: soy muy requerido pero no trato estos asuntos, no trato temas sobre lo que pueda o no pueda ocurrir", tuiteó Temer.

En San Pablo, reducto histórico de las manifestaciones en Brasil, millares se concentraron en la Plaza da Sé en un acto convocado por movimientos sociales. En Brasilia, la movilización tuvo lugar en los alrededores del estadio mundialista Mané Garrincha. Además de las consignas de apoyo a Lula y Rousseff, calificados al grito de "guerreros del pueblo brasileño", hubo en la concentración en Brasilia un destaque a los programas de gobierno.

Rousseff sostuvo que a raíz de la radicalización de la sociedad, el país debe "resolver ese proceso de mi 'impeachment'". "Brasil no puede ser partido en dos partes. Un golpe tiene ese poder. No es correcto que las personas sean estigmatizadas por lo que piensan. No se creará la convivencia democrática con esta situación. Tenemos que luchar para superar este momento. No se puede unir al país destilando odio", dijo. Afirmó que los fundamentos sobre los que se basa el pedido de juicio político en su contra, que tramita en la Cámara baja, no son legítimos. Rousseff es acusada de haber practicado maniobras contables en 2014 para maquillar la verdadera situación económica del país.

Delito fiscal. Básicamente, su gobierno se atrasó en transferir a los bancos públicos los recursos para pagar a los beneficiarios de programas sociales, como el Beca Familia, que paga una mensualidad a ciudadanos de bajos recursos. Como los bancos pagan en tiempo y forma, aunque el gobierno no le haya transferido los fondos, se configura lo que puede interpretarse como un delito de "responsabilidad fiscal", el cual, según la ley, expone al presidente de la república a la posibilidad de ser destituido.

La aprobación de Rousseff cayó a un 10 por ciento en medio de una la peor recesión que afronta el país en décadas, con un alza del desempleo y un brote del virus del zika, responsable de una serie de nacimientos de bebés con microcefalia.

La investigación a Lula queda en manos de la Corte Suprema

El Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Justicia de Brasil, le concedió ayer una victoria al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando decidió no devolverle a un juez una investigación por corrupción en contra del mandatario. Lula había acusado al juez de parcialidad por enfocarse en su contra injustamente.
  En una decisión de ocho votos a favor y dos en contra, la Corte, el más alto tribunal de Justicia del país le quitó la competencia del caso Lula al juez Sergio Moro, que lidera una investigación de un entramado de corrupción de sobornos a cambio de contratos en la estatal petrolera Petrobras. Moro, un juez de la provincia de Curitiba, se volvió una figura importante del aparato judicial brasileño en los últimos dos años mientras adelantaba la investigación en la que fueron involucrados acaudalados hombres de negocios y prominentes figuras del espectro político brasileño.
  El magistrado fue acusado de no actuar imparcialmente a principios del mes cuando ordenó detener temporalmente y conducir a Lula para que se le tomara una declaración en un interrogatorio como parte de la investigación de Petrobras. La Corte cuestionó además la decisión de Moro de divulgar escuchas telefónicas entre el ex presidente y su sucesora, Dilma Rousseff, y otros políticos con fueros. Los partidarios de Lula dicen que Moro está adelantando una campaña en contra del líder del Partido de los Trabajadores y temían que el juez detuviera a Silva indefinidamente, una decisión que se cree que es poco probable que la Corte Suprema tome, al menos en el corto plazo.
  El plenario del máximo tribunal no ha estudiado varios recursos de apelación sobre unas órdenes que suspendieron el nombramiento de Lula como jefe de gabinete del gobierno de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, lo que le daría una mayor protección legal frente a este tipo de investigaciones. Según la ley brasileña, sólo la Corte Suprema puede autorizar una investigación penal en contra de un ministro del gabinete o de un congresista y sólo dicho tribunal puede ordenar su detención.
  El nombramiento de Lula ha estado en el limbo durante las últimas semanas a la espera de que la Corte Suprema decida sobre los recursos de apelación. Lula, que fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, ha negado haber cometido ilegalidad alguna.
  El STF deberá analizar el expediente en la que se investigan si constructoras vinculadas al caso Petrobras tienen nexos con dos propiedades, un apartamento en la playa de Guarujá y una quinta en la ciudad de Atibaia, ambos en el Estado de San Pablo.

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